Consecuencias directas para el diputado que abrió la puerta, por omisión, a la enmienda transaccional firmada por Junts y el Partido Popular para suspender el impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica a partir del año que viene. No estaba previsto que este fuera el desenlace de la ponencia de la Comisión de Transición Ecológica que se celebró el lunes por la tarde al Congreso de los Diputados, pero una ausencia lo facilitó: faltó el secretario primero de la Mesa, el socialista Juan Antonio Lorenzo, y la votación en la Mesa para aprobar el veto que había impuesto el Gobierno a las enmiendas acabó descarrilando después de un empate a dos (un diputado del PSOE y uno de Sumar votaron y los dos del PP se opusieron). Eso abrió el camino para que el PP y Junts, con la complicidad de ERC, el PNV y Vox, se pudieran aliar para sacar adelante la enmienda en cuestión. Ante esta realidad, el PSOE ha tomado medidas. El Grupo Socialista ha activado el régimen disciplinario e impondrá una sanción de 1.200 euros al diputado: 600 euros por cada enmienda que no se pudo vetar (la relativa al impuesto sobre la producción eléctrica y una sobre cogeneración). Según explica El Independiente, la secretaria general del grupo parlamentario, Montse Mínguez, llamó al diputado para intentar localizarlo y él le explicó que tenía una urgencia familiar y que no sabía que la reunión sería tan trascendente.
El origen de todo es la facultad que tiene la Moncloa de vetar cualquier enmienda o iniciativa legislativa que comporte un aumento del gasto público o una disminución de los ingresos. Así fue en esta ocasión. Ahora bien, la negativa del Gobierno se tenía que validar en la mesa de la comisión, que se reunió antes de la ponencia que aprobaría el informe, el primer filtro de la ley. La ausencia de Juan Antonio Lorenzo lo impidió y, ante la posibilidad de que continuara viva una enmienda original de Junts sobre este tema, los populares y los juntaires sellaron una transacción que recibió luz verde con el voto a favor de ERC, el PNV y Vox. Posteriormente, el PSOE decidió bloquear la tramitación y ha aparcado la iniciativa en un cajón con la pretensión de encontrar un camino alternativo para poder aprobar la ley original, relativa a los gases de efecto invernadero, sin esta enmienda.
La enmienda transaccional, a la cual accedió ElNacional.cat, se limita a apuntar que “con efectos desde el 1 de enero de 2025 y, mientras el sistema no genere déficit de tarifa, se aplicará el tipo del 0 por ciento”. Llevaba la firma del representante del PP a la ponencia y de la diputada de Junts Pilar Calvo. Fuentes del PP cifran el ahorro que supone esta modificación en 400 millones de euros para las familias, 500 millones para las pymes y 200 millones para grandes industrias. “El resto de países de la Unión Europea no lo tienen, cosa que hace que nuestra industria sea menos competitiva”, apuntaban desde las filas populares.
Junts y ERC defienden la enmienda para acabar con el impuesto a la producción eléctrica
La argumentación que hizo Junts fue que el impuesto sobre la producción eléctrica “perjudica doblemente la transición ecológica”, dado que “dificulta la electrificación, ya que eleva los precios relativos de la electricidad” y “no promueve el cambio tecnológico dentro de la generación eléctrica”. “Nosotros no formamos parte de ningún bloque, lo que hacemos siempre es mirar para los intereses de las empresas y la ciudadanía de Catalunya”, defendió a la diputada Pilar Calvo. Por otro lado, fuentes de ERC consultadas por ElNacional.cat alegaban que el impuesto “encarece la producción de energía eléctrica y retrasa la descarbonización porque eleva la energía eléctrica, que es la energía más limpia que hay, y dificulta los avances hacia la transición ecológica y las políticas verdes”. Asimismo, sostienen que es un “impedimento para el crecimiento de las empresas energéticas públicas” y provoca una “pérdida de competitividad en los productores renovables independientes que luchan por hacerse sitio en un mercado completamente monopolizado”.
El Gobierno estudia presentar un real decreto ley para salvar la transposición europea
Llegados a este punto, el Gobierno está buscando la fórmula para salvar el proyecto de ley original, que pretendía trasponer una directiva europea para regular el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Según fuentes socialistas consultadas por ElNacional.cat, el compromiso del Gobierno es informar a Bruselas antes de finales de año cómo se lo hará para aprobarla. El camino seguía su curso ordinario hasta que el lunes el contratiempo provocado por la ausencia de Juan Antonio Lorenzo abrió una nueva crisis en el seno de la Moncloa. La opción que gana fueraza es congelar definitivamente la iniciativa que se estaba tramitando y dejarla en la estocada. A cambio, impulsaría un real decreto ley que contuviera el texto originario de Europa que se tiene que trasponer a la legislación española. Una vez más, eso requeriría el apoyo de la mayoría del Congreso, que podría llegar a través de los partidos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez o mediante el voto a favor del PP.