"La afectación económica del 155 en los presupuestos de la Generalitat, bien por pérdida, bloqueo o atrasos, supera los 1.800 millones de euros". Esta es una de las conclusiones del informe sobre los efectos de la suspensión del autogobierno por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy que hoy ha analizado el Consell Executiu.

El informe, bajo el título Los efectos de la intervención de la Administración General del Estado mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat de Catalunya, concluye que "fue una intervención amplia y en toda regla de la Generalitat y afectó de manera negativa a todos los ámbitos de la institución".

El impacto directo ha sido de más de 130 millones de euros; la paralización de las líneas de subvenciones ha afectado a más de un millar de entidades sociales; se impidió la aprobación de una línea de vivienda social de 140 millones y los Mossos no pudieron acceder al dinero de los fondos reservados para financiar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Hubo 234 ceses entre trabajadores públicos y personal eventual, entre los cuales las delegaciones en el exterior y el personal del Diplocat.

 

Según el comisionado del 155, Pau Villòria, la aplicación del 155 fue un fracaso: "Si lo que se pretendía era resolver el conflicto por la vía de la coacción, no se ha conseguido". "Fue el instrumento perfectamente planificado por parte del Estado para suspender el autogobierno de Catalunya, había otras vías, como la negociación ―que el gobierno del Estado nunca contempló―, los recursos o la vía judicial que el Estado no quiso utilizar y finalmente la imposición coactiva de una parte sobre el otro", ha argumentado en rueda de prensa.

Villòria ha advertido que los poderes del 155 no pueden ser ilimitados, "como parece que quiso hacer el gobierno del Estado, y eso hizo que la intervención no se adecuara ni a necesidad ni a proporcionalidad".

La Generalitat se ha presentado a los recursos de Podemos y del Parlament, y estudia la posibilidad de resarcir alguno de los efectos de la suspensión, a pesar de admitir que será complejo, dado que la misma suspensión impidió que se emprendieran estas acciones en el momento en que correspondía.

Las conclusiones del informe destacan que la Generalitat "vio gravemente limitada la capacidad de defensa de sus intereses en diferentes controversias y jurisdicciones, especialmente ante el TC". Esto le ha impedido recurrir actuaciones como la misma aplicación del articulo 155, aprobado en el Senado, pero también limitó la capacidad de defender la institución ante tribunales de justicia, por ejemplo en defensa del derecho a la imagen de los docentes acusados de delito de odio en el IES El Palau de Sant Andreu de la Barca y en la Seu d'Urgell o defender los bienes de Sixena.