Después de que los 33 jueces catalanes que firmaron el manifiesto en favor de la consulta del 9-N denunciaran La Razón por haber publicado sus fotografías extraídas directamente de la base de datos del DNI por ser un delito de revelación de secretos, hoy el abogado que les representa, Josep Cruanyes, ha cargado duro contra la Agencia de Protección de Datos por no reprobar esta filtración, así como contra el Ministerio del Interior por haber "vulnerado" el derecho a la intimidad de los magistrados".
Así lo ha puesto de manifiesto hoy en Catalunya Informació, donde ha criticado a la Agencia por dar la razón al Ministerio y negarse a penalizar el hecho con el argumento que un mismo caso no puede estar penalizado dos veces –el director del rotativo, Francisco Marhuenda, tuvo que declarar como imputado por esta publicación, aunque casi dos años más tarde la Audiencia de Madrid dio por cerrada la causa–.
A su parecer, el argumento de la Agencia "no tiene sentido" teniendo en cuenta que no hay sentencia, ya que el juez concluyó que los hechos sí que eran delictivos, pero no pudo encontrar a un autor en concreto. Por eso, Cruanyes considera que eso "es grave" porque la resolución representa "una desprotección de los ciudadanos por parte de un órgano que es independiente de la administración y que está para garantizar los derechos de los ciudadanos".
El abogado ha exigido al Ministerio que se retracte y, además, que "compense" a los magistrados porque la administración "no puede hacer informes en una sociedad democrática sobre el pensamiento político de los ciudadanos". De momento, los 33 jueces soberanistas se están planteando presentar un recurso contencioso administrativo, así como llevar el caso directamente al Tribunal Constitucional para denunciar esta "vulneración de los derechos".
Todo archivado
En abril, no sólo se archivó el caso contra Marhuenda, sino también el expediente sancionador que comenzó a valorar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en este caso contra los jueces catalanes.
Y es que el CGPJ valoraba abrirles un expediente disciplinario porque partieron "de una afirmación que no tiene todo apoyo normativo y contradice la doctrina constitucional", cuando de forma implícita reconocieron "en Catalunya la calidad de sujeto jurídico y político soberano".
Concretamente se fijaba en este párrafo: "Hay que partir de un hecho que –pensamos– no admite discusión: ¿Catalunya es una nación? Este hecho –la realidad nacional de Catalunya– radica en la base de la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006". Ahora bien, finalmente el expediente del CGJP quedó en nada.