Reivindicación plural. Representantes de unas 40 entidades del amplio tejido asociativo catalán se han reunido este miércoles, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), para denunciar que la propuesta —acordada por el PSOE y Podemos, con el apoyo de ERC— para reformar el Código Penal, "es una nueva agresión a los derechos fundamentales de la ciudadanía y supondrá un retroceso en términos de democracia". Los convocantes han leído un manifiesto en que se felicitan de la derogación del delito de sedición, sin embargo, denuncian que la modificación del delito de desórdenes públicos "supone una vulneración de derechos e intensificaría la tendencia represiva de los últimos años". Por eso, han reclamado que se modifique y han convocado una concentración de protesta este jueves a las siete de la tarde ante la Delegación del Gobierno en Barcelona.
Paula Cardona ha leído el manifiesto, suscrito por la cuarentena de entidades civiles, como Alertà Solidària, Òmnium Cultural, Ca la Dona, Ecologistas en Acción, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), CONFAVC, Sindicat de Llogateres de Catalunya, Marea Pensionista o la Intersindical. Los concentrados han gritado: ¡"Derecho a la Protesta"! y El pueblo unido nunca será vencido"!, y han expresado sus reivindicaciones para mejorar la vida de los ciudadanos.
El peligro de la terminología genérica
En el manifiesto, se detalla que la incorporación de un tipo agravado de desórdenes públicos incluye nueva terminología, que quiere castigar formas antiguas de protesta y reivindicación. Añaden que, si prospera la reforma, los desórdenes se pueden cometer con "intimidación", término —precisan— que "incluye un alto grado de subjetividad y previsiblemente una mayor incriminación". Este nuevo delito también amplía la pena mínima a 3 años de prisión, hecho que implicará la entrada a prisión de los condenados, hecho que hasta ahora se podía eludir si el castigo no superaba los 2 años.
La ocupación de locales, ahora delictivo
Las entidades también han denunciado que se introduce como delito la invasión o ocupación de locales o espacios públicos o privados, "sin violencia ni intimidación", que se puede castigar con penas de hasta 6 años de prisión o 12 meses de multa. Para las entidades, este supuesto implica "criminalizar de forma clara el derecho a la protesta". Y es que desde la reforma del Código Penal de 2015 y la aprobación de la ley Mordaza, se han ido incluyendo como delictivas las distintas actuaciones reivindicativas específicas de cada entidad, como la ocupación de entidades bancarias.
Por todo eso, los colectivos, que representan amplios sectores sociales del país, han reclamado que el Código Penal español "se adecue a los estándares internacionales sobre derechos humanos" y han rehusado "cualquier Código Penal que criminalice las actuaciones sociales que defienden y conquistan derechos humanos para todas".