Más de 50 ayuntamientos catalanes han decidido no pagar los impuestos a la Hacienda española sino entregarlos a la Generalitat, en la campaña de soberanía fiscal que impulsa la ANC. La medida es completamente legal, porque después el Govern transfiere el dinero al ministerio, pero ello dota al ejecutivo catalán de la llave de la caja.

Según la ANC, la última localidad que se ha adherido a esta práctica es Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona), que empezará a tributar a Catalunya a partir de este mes de enero. Entre los ayuntamientos que siguen esta vía hay los de Girona, Vic, Calella, Igualada, Falset, Campdevànol y Vilafranca del Penedès.

La ANC considera que esta práctica puede favorecer la materialización de la independencia cuando sea oportuno. "Los consistorios tienen que empujar al Govern de la Generalitat a fortalecer la Agència Tributària de Catalunya con el fin de estar más preparados y afrontar con garantías la culminación del procés de independencia cuando llegue el momento. Es importante pagar en Catalunya para situar al Govern en una posición de fuerza de cara a la ruptura con el Estado español. Hay que conseguir que las instituciones catalanas tengan el control del máximo de impuestos recaudados posibles, y los ayuntamientos son una pieza clave para alcanzar este objetivo", han señalado.

En este sentido, la Assemblea anima a liquidar los impuestos del cuarto trimestre de 2021 en la Agència Tributària de Catalunya "con el fin de seguir fortaleciendo esta institución, que tiene que ser clave para el futuro estado independiente". Este año la hacienda catalana ha recibido más de 1.400 presentaciones, también de empresas, "una cifra que representa el triple respecto a 2020".

¿Qué representaría el concierto en Catalunya?

 

Si Catalunya dispusiera de un modelo de concierto similar al vasco (los impuestos los recaudan las diputaciones vascas y no se entregan al Estado, sino que se paga una cuota acordada en función de los servicios que la administración central presta en Euskadi), saldría muy beneficiada. Catalunya podría disponer de 9.107 millones de euros al año adicionales si tuviera la soberanía fiscal del País Vasco. Esta ha sido la conclusión de un informe presentado por el colectivo Economistes pel Benestar, del Col·legi d'Economistes de Catalunya, en 2021 y que evidencia qué se podría hacer en el territorio catalán si se dispusiera de una "financiación justa". Los más de 9.000 millones de euros calculados es la cantidad adicional que se podría dedicar en materia de educación, salud, servicios sociales, vivienda y Rodalies, unos ámbitos que tienen un impacto directo en el bienestar de los catalanes.

El estudio —realizado por los economistas Albert Carreras, Joan B. Casas, Júlia Montserrat, Daniel Quer, Francesc Raventós y Josep Reyner— expone los motivos y las soluciones ante el empeoramiento progresivo de las infraestructuras públicas, que tienen un impacto directo sobre la calidad de vida de los catalanes y catalanas y que los expertos prevén que se verán agravadas en la etapa postcovid. Algunos de estos ejemplos son las largas listas de espera por operaciones quirúrgicas, la falta de vivienda asequible o pocas guarderías de infancia gratuitas, entre otros que expone el estudio.

En este sentido, concluye que Catalunya genera los recursos para afrontar estos problemas, pero no los puede utilizar, y que la diferencia entre los impuestos que pagan los catalanes al Estado y el gasto que el gobierno español hace en Catalunya, incluidas las pensiones y los intereses de la deuda española, se han situado históricamente en torno a los 16.000 millones de euros (el 8% de su PIB). Los economistas exponen que Catalunya sufre "infrafinanciación e infrainversión".