La Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCiP), que nació en octubre de 2018, ha gestionado un total de 328 quejas en estos dos años, de las cuales 201 actuaciones, el 61%, hacen referencia al derecho de participación política, según un comunicado publicado este lunes por la entidad.
En segundo lugar se sitúa la violación del derecho de la libertad de expresión, sobre el qual la ODCiP ha recibido 41 denuncias. En tercer lugar, se encuentran las vulneraciones de los derechos por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad, así como la libre circulación de personas, que en ambos casos han recogido un total de 18 quejas.
Potenciar la reflexión en tiempo de pandemia
Ante la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia de coronavirus, el director de la oficina, Adam Majó, ha valorado que se tienen que potenciar "los temas de reflexión y de análisis en profundidad sobre la vulneración de derechos civiles y políticos". Además, ha detallado que han continuado su tarea en las otras dos áreas que desarrollan: "el contacto con la ciudadanía a través de las quejas recibidas o detectadas; y el trabajo interno de propuestas de mejora de la propia administración catalana".
Desde que inició su actividad, la ODCiP ha elaborado catorce informes y dos cartografías (represión vinculada al 1 de octubre de 2017 e intolerancia política). En el caso de este año, ha centrado la actividad en la divulgación y denuncia de vulneración de derechos, a través de la elaboración de un total de nueve informes temáticos.
Entre estos destaca el encargo del Parlament de Catalunya "Propuestas para unas identificaciones policiales no discriminatorias", que plantea 61 medidas concretas de prevención, control y erradicación de las actuaciones policiales de carácter racista. También a instancias de esta institución, el ODCiP ha elaborado recientemente el informe Injurias a la monarquía y libertad de expresión. En este caso, las recomendaciones del estudio piden revisar el ordenamiento jurídico para garantizar el derecho a la libertad de expresión y de información, y solicitan la eliminación del delito de injurias o manifestaciones contra la Corona, con el objetivo de respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos y reforzar el sistema de garantías que tienen que proteger la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la crítica de los poderes públicos, ha precisado en el comunicado.
Su actuación no se limita a Catalunya, sino que también ha participado en el programa de trabajo de la Comisión Europea en la elaboración del informe El estado de derecho en España. Consideraciones sobre la imparcialidad del sistema judicial. Además, ha publicado estudios de género como Los derechos de las mujeres amenazados en España y El crecimiento de la extrema derecha en Europa y los derechos de las mujeres, a la vez que ha profundizado sobre las consecuencias tanto del crecimiento como de la evolución de La extrema derecha en Catalunya y España. Además, han encargado a Iridia, asociación para la defensa de los derechos humanos, el estudio El derecho a la protesta en Catalunya 2017-2019, que trata sobre el ejercicio de este derecho como un mecanismo primordial en la expresión pública de las personas. La entidad ha completado su tarea de divulgación con la organización de debates y seminarios sobre temas como el derecho de autodeterminación y el delito de odio y la libertad de expresión
Retos de futuro
Majó ha indicado que de cara a los próximos meses, la ODCiP está preparando "un informe/manual sobre los procesos de radicalización que llevan al extremismo violento, tanto el de base yihadista como el que tiene por referente al supremacismo blanco" cuya finalidad es que "se convierta un punto de encuentro conceptual para toda la administración de la Generalitat que trata en este fenómeno desde diferentes puntos de vista, pero también para medios de comunicación, entidades y profesionales que trabajan con gente joven".
A esta tarea de difusión hay que añadir el lanzamiento de la primera edición de los Premios Laya, que quieren impulsar el conocimiento de los derechos civiles y políticos, individuales y colectivos, a través de la producción audiovisual.