El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya lleva más de cuatro años en funciones. Aparte de la problemática que esto supone para la credibilidad del sistema judicial español en general, tal como ya ha alertado la Comisión Europea, el gobierno de los jueces lleva más de año y medio sin poder hacer nombramientos discrecionales en los altos tribunales --a excepción del Constitucional--, lo que ha generado un total de 70 vacantes en la cúpula judicial. La situación del Tribunal Supremo (TS) es especialmente preocupante con sus 18 plazas desiertas, así que algunas salas se las ingenian para formar tribunales.
El CGPJ, 4 años caducado
La ley encomienda al CGPJ diversas funciones, desde la gestión de la administración de justicia a la salvaguardia de la independencia judicial, pasando por el gobierno de los recursos humanos, un cometido donde destaca su poder para realizar nombramientos, algunos reglados y otros discrecionales, con el objetivo de ir llenando los huecos dejados en los distintos juzgados y tribunales por jueces y magistrados. A pesar de llevar en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, y que desde entonces ha perdido dos vocales --Rafael Fernández Valverde, por jubilación, y Victoria Cinto, por defunción--, el CGPJ ha podido seguir trabajando, excepto en lo que respecta a efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial porque la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada en marzo de 2021, prohíbe que un Consejo caducado haga estas designaciones.
La reforma de la ley del poder judicial deja 70 plazas desiertas
La modificación legal, ideada por Moncloa como medida de presión sobre el PP para que pactara la renovación del CGPJ y que de momento no ha surtido efecto, ha provocado a su vez que las vacantes surgidas en los altos tribunales durante estos más de 20 meses se hayan quedado sin cubrir. Sus efectos, en palabras del dimitido presidente del órgano, Carlos Lesmes, han sido "devastadores". A día de hoy, hay 70 plazas desiertas, la mayoría en los tribunales superiores de justicia, que cuentan hasta 31 vacantes, incluidas varias presidencias; a lo que se añaden otras 20 en audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional.
El mayor agujero lo sufre el Supremo, donde ya hay 18 vacantes, lo que supone casi un 14% de sus efectivos. Las salas más perjudicadas son las de lo Militar, lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, siendo estas dos últimas las salas que aglutinan la mayoría de las reclamaciones vinculadas a las restricciones por la pandemia de coronavirus. Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene pendiente resolver dos asuntos destacados: los recursos de PP, Cs y Vox contra los indultos concedidos a los presos políticos independentistas; y el recurso formulado por el secretario del CGPJ, José Luis de Benito, contra el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo.