Catalunya tiene que exigir las competencias pendientes en materia de Administración de Justicia recogidas en el Estatuto del 2006 y "es imperativo" obtener los recursos económicos imprescindibles para desplegar estas competencias estatutarias "mientras que la Generalitat no disponga del sistema de financiación singular que propugna el Govern". Así lo defienden Joan Ridao, director del Institut de Estudis del Autogovern (IEA); Gerard Martín, jefe del Área de Asesoramiento sobre la Organización Territorial del Poder, y Sergi Morales, responsable de Estudios e Iniciativas Autonómicas en el informe Análisis sobre el margen de qué dispone la Generalitat de Catalunya para desplegar las competencias estatutarias en el ámbito de la administración de la Administración de justicia, presentado este miércoles, en la sede del IEA, en el Palau Centelles. En el estudio se marcan 8 exigencias -incluso se detallan los artículos de normas que hay que cambiar- que tiene se tiene que negociar con el Gobierno con el fin de mejorar el servicio de la administración de Justicia a la ciudadanía. Precisamente, los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès se han reunido este mediodía en el Palau de la Generalitat, con la negociación de la investidura de Salvador Illa abierta.
La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, encargó al Instituto este estudio de futuro y para hacer frente a problemas actuales, especialmente para cambiar la pírrica presencia del catalán en los juzgados o para mantener la figura de los jueces de Pau en nuestro país, enfrente de la última reforma estatal que los quiere eliminar y que quedó sobre la mesa con las elecciones generales adelantadas. En la presentación, la consellera ha recordado que "en el Estado español se ha descentralizado, en parte, el poder legislativo y el ejecutivo, pero no el judicial" y que, por lo tanto, "la justicia sigue siendo la gran asignatura pendiente del estado compuesto". En este sentido, Ubasart ha añadido que "Catalunya puede y quiere tener más poder en materia judicial, de la misma manera que puede y quiere tener todas las competencias para servir más y mejor al conjunto de la ciudadanía". El director del IEA, Joan Ridao, ha hecho la presentación del informe, y ha calificado de "decepcionante" el balance desplegado hasta ahora en materia de justicia.
La creación del Consejo de Justicia de Catalunya
En el informe se deja claro que se trabaja el ámbito competencial que ya tiene a la Generalitat y, por lo tanto, se centra en lo que se denomina administración de la Administración de justicia, que incluye todo aquello relacionado con los medios personales y materiales que sirven de ayuda o auxilio para el ejercicio de la función jurisdiccional, y "no se tratan cuestiones relativas a la organización judicial o al gobierno del poder judicial". La excepción es que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), sea el último tribunal de casación en el ámbito contencioso-administrativo o la creación del Consejo de Justicia de Catalunya, que ya recoge el Estatuto del 2006.
Los autores del informe también exponen las barreras fijadas por la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010: "Condicionó, desde una interpretación más bien reduccionista, el contenido del Estatuto de Autonomía de Catalunya (EAC), afirmando, por una parte, que la estructura territorial del Estado es, por principio, indiferente para el judicial como a poder del Estado, y de la otra, que los estatutos de autonomía no pueden regular ningún aspecto que tenga que ver con la jurisdicción y su ejercicio, con los órganos judiciales o con la ordenación de las instancias procesales".
Los ocho retos posibles
A pesar del encorsetamiento actual, los investigadores proponen ocho actuaciones. En la primera afirman que "es posible acercar el régimen del poder judicial al modelo de descentralización territorial del poder político en el actual marco constitucional". En este sentido, destacan la segunda acción que es la creación del Consejo de Justicia de Catalunya – que tendría funciones delegadas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con cargos nombrados por las dos administraciones-, y que aseguran que "es un instrumento esencial para acercar el poder judicial al régimen de autogobierno de Catalunya".
La tercera exigencia es que "hay que desplegar de forma completa las competencias del Estatuto de Autonomía de Catalunya que todavía no han sido implementadas". Citan, por ejemplo: el régimen de oposiciones y concursos (art. 101 EAC); las competencias sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de justicia (art. 103 EAC); la participación en la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales (art. 104.e EAC); el régimen de creación y organización de las oficinas judiciales y órganos y servicios de soporte en los órganos jurisdiccionales (art. 105 EAC), y la intervención en las propuestas de modificación de la planta judicial y establecimiento de la capitalidad de las demarcaciones judiciales (art. 107 EAC).
En la cuarta propuesta se indica a los gobernantes catalanes tiene que luchar para que "el Estado transfiera los recursos económicos suficientes para que la Generalitat pueda hacer frente al ejercicio de sus competencias en materia de Administración de justicia".
El catalán como requisito
La quinta exigencia es también clave: "Se tienen que adoptar medidas que contribuyan a reforzar la presencia del catalán en el ámbito de la Administración de justicia". Por eso, aseguran que, por una parte, se ha, "de incorporar el conocimiento del catalán como requisito" para acceder a plazas de personal judicial y no judicial de la Administración de justicia en Catalunya. Por otra parte, se propone "regular la utilización del catalán —y, en general, de las lenguas propias diferentes del castellano con reconocimiento estatutario— en el ámbito de las actuaciones judiciales".
Por ejemplo, se expone que el texto actual del artículo 231.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dice que en todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y otros funcionarios utilizarán el castellano, y lo que haría falta – en opinión de los autores- es "sustituir esta referencia por una que indicara que jueces, magistrados y otro personal al servicio de la Administración de justicia pueden utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde prestan servicio".
La sexta propuesta es que "los órganos judiciales radicados a Catalunya tendrían que convertirse, como regla general, en la última instancia jurisdiccional". Precisan que, tal como dispone el artículo 152.1 de la Constitución, las sucesivas instancias procesales se tendrían que agotar delante de los órganos judiciales radicados a Catalunya. "La implementación de esta regla requiere reconsiderar la configuración del recurso de casación autonómico en los diferentes ámbitos jurisdiccionales, particularmente en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y convertir en excepcional la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo", declaran. En esta línea, la séptima exigencia es que "los juzgados de paz constituyen una institución consolidada que habría que fortalecer", con más formación y dotación.
Finalmente, la octava exigencia y lógica indicada por los autores son que la implementación del conjunto de medidas indicadas "depende de las actuaciones que puedan impulsar las instituciones estatales". Y se recomienda que se impulsen medidas normativas, económicofinancieras y de colaboración, como proponer convenios con el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces.