Los derechos lingüísticos de los ciudadanos en los juzgados de Catalunya caen en saco roto. La mayoría de juzgados no respeta la lengua catalana cuando un ciudadano escoge que sea notificado en esta opción lingüística en Catalunya, a pesar de ser un derecho reconocido por el Estatut. Así se constata de los datos extraídos de la aplicación informática e-justicia.cat, a través de la cual se tramitan la mayoría de expedientes judiciales, según un informe del Departament de Justicia, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. En concreto, se precisa que del total de 620.465 ciudadanos e intervinientes en un órgano judicial que han escogido una opción lingüística el año 2023, solo un 8% (50.164 casos) ha escogido recibir la notificación de las resoluciones judiciales en catalán, mientras que el 92% lo pide en castellano. Y, de los que piden relacionarse con los juzgados en catalán, solo un 20,% de las resoluciones les han sido notificadas en lengua propia, mientras que el 80% restante (295.681 expedientes) no han sido respetados.
El Departament de Justicia ha comunicado este preocupante resultado a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a pesar de que también constata que la demanda de ser atendido en catalán en la Administración de Justicia sigue reculando. El 14,7% de ciudadanos pidió ser atendido en catalán el 2021, y dos años después ha caído al 8%. Con la poca demanda de ser atendido en catalán y su incumplimiento, tampoco es extraño que las sentencias escritas en catalán hayan disminuido hasta situarse en el 6,8% del total el 2023. Los abogados de la Generalitat, por ejemplo, tienen que pedir siempre la opción lingüística del catalán, así como hacer sus intervenciones en juicios en lengua propia, y hacerla respetar en todo el procedimiento, hecho en que hay casos que tampoco se respeta y también hay magistrados, todo y que una minoría, que controlan que en su juzgado que se haga este cumplimiento. Desde el 2021, todos los órganos judiciales que trabajan con el sistema e-justícia.cat pueden ofrecer y registrar la opción lingüística
El servicio de inspección del CGPJ que lo controle
Ante esta realidad, la sala de gobierno del TSJC, presidida por el magistrado Jesús Maria Barrientos, ha acordado impulsar cuatro acciones para que se cumpla la norma. La primera es recordar a los 855 jueces y magistrados que ejercen en Catalunya que son "los garantes últimos de la efectividad de los derechos de las partes procesales que ejerzan su derecho de opción lingüística en cualquiera de las dos lenguas cooficiales". La segunda es remitir a los presidentes y a la presidenta de las audiencias provinciales, así como a los decanos del ámbito del TSJC, la relación de los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los órganos de su ámbito, a fin de que promuevan el cumplimiento de los derechos de las partes que hayan ejercido el derecho de opción lingüística.
La tercera, solicitar a las secretarías de la Administración de Justicia de coordinación provinciales, a través del secretario de gobierno, "la activación de los mecanismos de control necesarios" para que en la tramitación de los procedimientos se respete la opción lingüística escogida. Actualmente, hay 701 letrados de la Administración de justicia, que son los que velan por la tramitación de las causas. Y, finalmente, el TSJC incluso sostiene que propondrá a los servicios de inspección del Consejo General del Poder (CGPJ) que se incluya como tarea inspectora la comprobación sobre el nivel de cumplimiento de los derechos de las partes a recibir las notificaciones en la lengua cooficial escogida.
Profesionales cualificados para atender en catalán
A pesar de estas desoladoras cifras, desde el Departament de Justicia se afirma que "la Justicia en Catalunya, está calificada para atender y trabajar en lengua catalana". Precisa que "más de la mitad de los profesionales de los cuerpos de gestores, tramitadores, auxilios judiciales y médicos forenses (que, con un total de 8.000 profesionales, representan el grosor del personal de la Administración de Justicia) tienen acreditado un buen nivel de lengua catalana, y casi el 30% tienen, además, el certificado de lenguaje jurídico".
Precisamente, el Departament de Justicia informó, el octubre pasado, que más de 200 personas siguen uno de los programas de formación jurídica impulsados por el Govern con el objetivo de formar jueces y fiscales que conozcan la realidad lingüística, social y el derecho propio del país. El plan tiene un presupuesto de 850.000 euros.
Becas a futuros jueces y fiscales
Diferentes gobiernos de la Generalitat han intentado sin éxito, hasta ahora, que el conocimiento del catalán sea un requisito y no un simple mérito para poder ejercer de juez, fiscal o de letrado de la Administración de Justicia en Catalunya, además de exigir su conocimiento a funcionarios e interinos. Por eso, se ha propuesto diferentes, medidas como conceder becas (50 se concedieron en el 2023 y hasta el 2026) a los licenciados de Derechos que viven en Catalunya y preparan oposiciones a juez y fiscal, además de seguir ofreciendo clases de catalán a los recién llegados o a los magistrados que quieren hacer el paso a mejorar su catalán jurídico, y también fomentar su uso entre los abogados. La consellera de Justicia en funciones, Gemma Ubasart, ha apostado por este incremento de recursos e incluso ha realizado sesiones de acogidas a nuevos jueces, fiscales y secretarios judiciales, en las que se informa de los recursos que tienen a su alcance para hacer respetar la lengua propia del ciudadano.
La acción de la Abogacía Catalana
Otra medida es el fomento del catalán en los escritos que se presentan en el turno de oficio, programa impulsado desde el Departament de Justicia con el Consejo de la Abogacía Catalana. Uno de cada cinco abogados del servicio del turno de oficio presentó los escritos en lengua propia, con el cual recibieron un complemento de 25 euros. Es decir, un total 1.365 abogados y abogadas presentaron los escritos en catalán (el 21% de los profesionales), según la Abogacía Catalana. Los colegios de la abogacía de Manresa, Vic, Girona, Figueres y Reus son los que tienen un porcentaje de inscritos más elevado, todo y por el volumen es el de Barcelona.
La Abogacía Catalana afirma que aunque el crecimiento del programa de fomento del catalán al turno de oficio es "significativo y sostenido", el número de actuaciones en catalán en el servicio representa tan solo el 5,72% del total de actuaciones que se hacen en el turno de oficio. Justicia ha informado que este año se ha prorrogado la partida de 350.578 euros para fomentar la presentación de estos escritos en catalán.
Traducción de más de 300 leyes
En cuanto a los profesionales, el departament dirigido por Ubasart ha asegurado que “apuesta decididamente por el reconocimiento profesional del colectivo de dinamizadores lingüistas, y, por eso, durante todo el 2023 -indica- que ha llevado a cabo varias reuniones con Función Pública para encontrar alternativas viables y factibles de mejora salarial, que respondan a la complejidad, especificidad y responsabilidad de sus funciones”. Los 47 técnicos de los juzgados convocaron una huelga el mayo pasado, al estancarse las negociaciones, y la desconvocaron porque han llegado a un principio de acuerdo con Justicia para que su categoría de laborales sea equiparada con los lingüistas de la Generalitat, funcionarios, y pasar de cobrar un sueldo baso de unos 25.000 euros a unos 30.000 euros.
Y, finalmente, mientras no llega el acuerdo con el Ministerio de Justicia, la Generalitat ha asumido la traducción de 337 leyes el año pasado, unas 75 más que el anterior, y que se pueden consultar en la herramienta LexCat. Los colegios de abogados y procuradores también han promovido el portal de recursos de lenguaje jurídico Compendium.cat.
Ahora solo hace falta que jueces y letrados de la Administración de Justicia respeten y hagan respetar la opción lingüística del ciudadano.