El 79,16% de las peticiones para recibir la documentación de los juzgados en catalán se ignoraron durante 2023, según los datos del informe de indicadores de los servicios lingüísticos del ámbito judicial, del Departament de Justicia de la Generalitat. En este sentido, Plataforma per la Llengua reclama reformar la Ley orgánica del poder judicial (LOPJ) para impulsar el uso del catalán en la justicia y denuncia que la normativa actual no se cumple, y durante el 2023, 8 de cada 10 peticiones para recibir la documentación en catalán se desatendieron, y los solicitantes acabaron recibiendo los documentos en castellano. El informe apunta que cuando se pide la documentación en castellano, la petición se satisface casi el 100%, en concreto, solo el 1,84% de las solicitudes se desatendieron en el 2023.
Caída de las peticiones en catalán
El informe revela que las peticiones en catalán se cumplieron menos que el año anterior, y que el número de peticiones para recibir la documentación en catalán también cayeron. Durante el 2023, se incumplieron la petición en 295.681 procedimientos, es decir que solo se satisficieron el 20,24% de las peticiones, unos 75.010 procedimientos. Un porcentaje ligeramente peor que el del 2022, en el cual se satisficieron el 21,13% de las solicitudes. En cambio, los resultados del 2023 estuvieron un poco por encima de los del 2021, cuando el porcentaje de peticiones satisfechas fue del 18,7%. Las solicitudes son las hechas a través de la plataforma E-Justícia.cat, implementada en los juzgados de primera instancia, a los sociales, a los mercantiles y a los contenciosos administrativos, pero no en los penales. Además, según apunta Plataforma per la Llengua, el sistema avisa a los funcionarios hasta en 3 ocasiones cuando están a punto de notificar una resolución infringiendo el derecho de opción lingüística.
Con respecto a la caída de las peticiones completas, apuntan que "es sorprendente" teniendo en cuenta que el Departament de Justicia aumenta año tras año el complemento económico para los letrados del turno de oficio que presentan los escritos en catalán. Según defiende la entidad, "es una medida que no funciona".
Medidas para aumentar el uso del catalán en la justicia
Plataforma per la Llengua recuerda que el derecho de recibir "toda la documentación oficial emitida a Catalunya en la lengua solicitada" está recogido en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Catalunya y denuncia que los juzgados "no solo no los garantizan, sino que cuando incumplen las peticiones de los ciudadanos también los desincentivan de seguir reclamando estos derechos". Por esta razón, y por "la abrumadora presencia del castellano en la justicia" ha provocado que durante el 2023 también cayeran las peticiones para recibir la documentación en catalán: solo el 8,08% de las solicitudes fueron en catalán. El año anterior habían pedido el 9,91%, y en el 2021, el 14,71%. Según la entidad es un "círculo vicioso que se tiene que romper con unas políticas lingüísticas transformadoras que no solo garanticen los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la justicia, sino que sirvan para divulgar estos derechos entre toda la ciudadanía y aspiren a normalizar el uso de la lengua en el ámbito judicial".
La entidad defensa que para mejorar la situación del catalán en la justicia, que hay que modificar la Ley orgánica del poder judicial (LOPJ) para regular el uso del catalán, en concreto, normas conexas a esta ley: especialmente, la Ley orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado; la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. También consideran que es importante difundir los criterios de usos lingüísticos a los profesionales de la Generalitat de Catalunya cuando intervienen delante de órganos judiciales, trabajar con el Consejo General del Poder Judicial para mejorar el sistema de devengo del catalán en la provisión de plazas judiciales y modificar las condiciones de acceso a la bolsa de interinos de la Administración de justicia para asegurar los conocimientos de catalán de quien se incorpora.
Otra de las medidas que apuntan desde Plataforma per la Llengua es incorporar un requisito lingüístico para los trabajadores que se incorporan a la Administración de justicia. Según defienden, este requisito se tendría que tener en cuenta en el régimen de selección y provisión de puestos de trabajo del personal funcionario "en la designación de magistrados suplentes, en el otorgamiento de comisiones de servicios de jueces y magistrados, en la provisión de vacantes de magistrado y en las oposiciones y los concursos para cubrir vacantes de la administración de justicia".