En estos últimos años, mientras crecía la musculatura de las Diades hasta llegar a un histórico 48% de apoyo en las elecciones del 27-S, el independentismo ha ido quemando etapas como el Estatuto, el pacto fiscal, el referéndum pactado, el 9-N o la declaración unilateral de independencia (DUI). Ahora, una nueva herramienta de autodeterminación va ganando fuerza como posible caballo de batalla. El referéndum unilateral de independencia (RUI) se postula como una inyección de autoestima que volviese a reavivar (una vez más) un proceso que cuenta “con mala salud de hierro” según el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Con todo, todavía persisten muchas dudas sobre la viabilidad de este fenómeno político y la idoneidad para conseguir la meta del mundo soberanista. ¿Cómo evitar caer en una repetición del 9-N? ¿En qué se diferencia de la unilateralidad de un RUI a la de una DUI? Estas sólo son algunas cuestiones que se intentan responder en este reportaje que viaja a través del pasado para responder cuestiones del futuro.
El 9N
Ante la imposibilidad de convocar un referéndum pactado con el Estado, el 9 de noviembre de 2014 se celebró un proceso participativo de carácter no vinculante como alternativa legal.
La demanda en el Congreso de los Diputados de un referéndum pactado había sido aprobada en el Parlament con el apoyo de CIU, ERC, ICV-EUIA y tres diputados del PSC. La CUP se abstuv,o a pesar de estar a favor del referéndum, por considerar que no se tenía que pedir permiso al Ejecutivo español. Así pues, la proposición de ley orgánica fue defendida por una delegación de diputados del Parlament de Catalunya encabezada por Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera. No obstante, no fue admitida a trámite por 299 votos en contra (PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias), 47 votos a favor (CIU, IU, ICV-EUIA, CHA, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Nueva Canarias, Compromiso y Geroa Bai) y 1 abstención (Coalición Canaria).
Después de la multitudinaria Vía Catalana en la Diada, se aprobó en el pleno del Parlament de Catalunya con el 79% del votos (sólo PP y C's en contra) la “ley de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana”. Precisamente un 27 de septiembre, el presidente Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta. Dos días después este ya era suspendido, en un consejo extraordinario, por el Tribunal Constitucional, que admitió por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Rajoy.
Así pues, y no sin discrepancias internas entre los partidarios del 9-N, el presidente Mas decidió sustituir la consulta por un “proceso participativo”. Este sucedáneo tenía como objetivo “recoger la opinión de los ciudadanos respecto a una actuación pública concreta en las fases de propuesta, decisión, aplicación o evaluación”. La iniciativa de la convocatoria era responsabilidad del Gobierno pero en su finalidad la ejecución se basaba en el voluntarismo, ya que más de 40.000 personas se ofrecieron para custodiar las urnas. La participación estaba abierta a todos los mayores de 16 años que estuvieran empadronados en un municipio catalán. Los catalanes que residían en el extranjero o que se encontraban temporalmente fuera del país también podían efectuar su voto en los locales de participación habilitados en el exterior. A pesar de no tener efectos jurídicos vinculantes, en la memoria del resultado, era la administración competente quién tenía que recoger cuál era el efecto de la convocatoria.
Según datos del Gobierno, un total de 2.344.828 personas depositaron su papeleta en una urna. El “Sí-Sí” recibió un 88,91% de los votos, el “Sí-No” un 10,02% y el “no” un 4,49%. La consulta fue supervisada por 100 abogados pertenecientes al Consejo de los Colegios de Abogados de Catalunya y 33 miembros del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Catalunya, que controlaron respectivamente 900 mesas y 1.300 puntos de participación en todo Catalunya.
A raíz del 9N, la Fiscalía imputó en la Audiencia de Barcelona al expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau. Hasta ahora los tres "sólo" estaban acusados de prevaricación, desobediencia grave, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. Ahora, el magistrado ha dictado la resolución que da por acabada la instrucción y deberán ir a juicio para sentarse en el banquillo de los acusados por dos de estos presuntos delitos: desobediencia y prevaricación administrativa. Por otro lado, el exconseller de vicepresidencia también está imputado, pero, como aforado al ser diputado en Madrid, de su caso se encarga el Tribunal Supremo. Homs está imputado por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.
La DUI
La declaración unilateral de independencia (DUI) es una proclamación de un territorio que se define a sí mismo como un estado soberano, sin un acuerdo formal del cual se escinde. Es un ejercicio de autodeterminación en su máxima expresión.
El precedente más reciente de una ruptura de este tipo lo encontramos el año 2008 en Kosovo, una antigua provincia serbia de mayoría albanesa. Su independencia se enmarcó en un contexto político e institucional que procedía de una guerra civil y una intervención militar de la ONU. Los infructuosos intentos negociadores culminaron con el no reconocimiento de la autoridad serbia por parte del Parlamento kosovar. El apoyo de una parte de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos se convirtió en un factor decisivo para que hoy en día Kosovo sea reconocido internacionalmente por más de cien países.
A su favor se puede argumentar que en una sentencia no vinculante del año 2010 el Tribunal de Justicia de la ONU, con sede en La Haya, confirmó que la DUI de Kosovo no infringió la legalidad. Kosovo también ha sido reconocido por instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Por el contrario, Kosovo perdió la votación para entrar en la UNESCO, en la ONU continúa vetada por Rusia, una de las cinco grandes potencias mundiales con potestad para ejercer el veto, y en la actualidad sigue fuera de la Unión Europea, ya que hasta cinco estados se niegan a proceder en su admisión, entre ellos España.
Aquí en Catalunya, la DUI apareció formalmente en el programa electoral de la CUP si el 27 de septiembre ganaban las opciones partidarias a la independencia, es decir, si había una mayoría absoluta en votos entre Junts Pel Sí y la CUP. Automáticamente después de conocer los resultados electorales la DUI quedó guardada en el cajón y la formación cupera no tuvo objeciones para admitir que “no se había ganado el plebiscito”. De aquí se sembraron las semillas del hermano pequeño de la unilateralidad: el referéndum unilateral de independencia, más conocido como RUI.
¿Qué es el RUI?
A diferencia del 9N, un referéndum unilateral de independencia sólo puede ser convocado por el Gobierno, del territorio que se quiere separar, una vez haya sido validada la propuesta por el Parlamento. El RUI implica una votación vinculante y homologable en términos internacionales, y al mismo tiempo un desacato con el propio Estado. Eso quiere decir que requiere ineludiblemente contar con garantías y avales supraestatales. Por lo tanto, mientras Catalunya permanezca dentro del ámbito español y se ampare dentro de su sistema constitucional no contará con validez internacional. Como regla general, el reconocimiento internacional no se obtiene hasta la proclamación de independencia. Así pues, aunque parezca contradictorio, el RUI es un paso posterior a la DUI.
Todos los precedentes existentes de un RUI en el panorama europeo se encuentran inmersos en un contexto bélico, tal como recuerda Hèctor López Bofill, doctor en derecho constitucional y autor del libro Montenegro sí, Catalunya también. La independencia de los países bálticos o de Eslovenia y Bosnia se enmarcan en un clima violento por el cual tuvieron que hacer la DUI previamente al RUI.
Ni los tratados internacionales ni la normativa europea contemplan específicamente ningún ordenamiento jurídico para el RUI, de manera que una intervención supraestatal se aplicaría según la casuística y la historia de cada territorio. En los referéndums pactados entre el Estado y la nación en cuestión no se tiene como costumbre interferir desde los órganos internacionales, pero el año 2006, para dar validez a la escisión de Montenegro respecto de Serbia, la Unión Europea fijó dos condiciones al referéndum: que participaran más del 50% de las personas con derecho al voto y que la papeleta del “sí” tuviera más del 55% de los votos emitidos.
En cuanto a Catalunya, cualquier otro tipo de votación unilateral sería equivalente a la consulta del 9-N, es decir, una convocatoria con espíritu de referéndum pero en su oficialidad denominado un “proceso participativo”.
Cuestión de confianza como punto de inflexión
A todo esto, en enero se puso en marcha la hoja de ruta después de unas negociaciones para alcanzar la investidura. Esta hoja de ruta se preveía de una duración de 18 meses y finalizaba con unas elecciones constituyentes una vez proclamada la independencia. A pesar de eso, los plazos traquetean por las más de 60 votaciones perdidas por el Govern en el Parlament, pero sobre todo, después de que la cámara catalana tumbara los presupuestos por primera vez en la historia justo esta semana. Como consecuencia de la ruptura del acuerdo de estabilidad parlamentaria entre Junts pel Sí y la CUP, el president Puigdemont ha decidido someterse a una inédita cuestión de confianza el próximo mes de septiembre.
Y he aquí el punto de inflexión donde el RUI ha entrado definitivamente como actor en el terreno de juego del proceso. De ser considerada una opción minoritaria defendida por algunos politólogos, a formar parte del marco político independentista. A expensas del resultado de la cuestión de confianza, hasta entonces queda todo un verano donde “rehacer los puentes” que Puigdemont acusa a la CUP de haber “dinamitado”. Para sus promotores, el RUI puede jugar un papel fundamental, no tan solo como una herramienta de conciliación, sino también como un instrumento que actúe como solución del procés.
Posicionamiento de los partidos políticos
En CDC el RUI genera dudas y presenta opiniones dispares. En principio, no contemplan alterar la hoja de ruta y menos si se sienten presionados por la CUP ahora que las relaciones traviesan un periodo delicado. Desde la perspectiva convergente, aseguran que estudiarán la propuesta pero temen una repetición del 9N y se miran con recelo todo aquello que no tenga "base democrática y reconocimiento internacional". No obstante, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, valoraba positivamente en una entrevista el RUI como una herramienta “para enriquecer el proceso”. Por otra parte, el cabeza de lista convergente a las elecciones generales, Quico Homs, no es partidario del RUI “porque los partidarios del “no lo boicotearían” no participando en el referéndum.
Por su parte, ERC ha mostrado su predisposición a dar apoyo a la iniciativa. El cabeza de lista republicano para las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha manifestado que “por Esquerra no será que no se convoque”. El número 2 a las listas republicanas, Joan Tardà, ha declarado que aceptarán incluir el RUI si “lo valida el Parlamento”. Y su secretaria general, Marta Rovira, ha admitido que el RUI "puede ser un punto de encuentro" con fuerzas favorables al derecho a decidir pero no independentistes.
Hasta ahora la CUP es quién se ha mostrado con más firmeza para defender la opción del RUI. Los cuperos son de la opinión que no se puede dar una aritmética política que pueda hacer posible el referéndum acordado con el Estado, por eso, en su línea de la desobediencia, emplazan Junts Pel Sí a apostar decididamente por él mediante una cumbre que también integre a Catalunya Sí que es Pot i En Comú Podem. De hecho, Anna Gabriel ha propuesto introducir el RUI en la hoja de ruta para rehacer el pacto con Junts pel Sí y la diputada Mireia Boya lo señalaba como garantía para avalar la cuestión de confianza.
A todo esto, el emergente efecto del RUItambién ha sacudido al PSC. Los socialistas han anunciado que abogarán por un "referéndum a la canadiense" en la ponencia del próximo Congreso del partido si fracasa la reforma constitucional, hecho que ya supone un primer movimiento socialista que ya va más allá de la postura federalista que habían defendido hasta ahora. El borrador recoge que propondrían al conjunto de los españoles “otros instrumentos democráticos que establecieran las condiciones para, si se tercia, verificar el apoyo ciudadano en una eventual secesión”. A pesar de esto, esta tesis choca frontalmente con la posición del PSOE, que ya ha movido ficha para que la iniciativa no prospere.
El "RI" de la ANC
La propuesta del RUI también ha tenido eco en la Assemblea Nacional Catalana (ANC). El secretariado de la entidad civil ha acordado consultar en sus bases la celebración de un "referéndum" el 15 de julio y informará de los resultados dos días más tarde. Para la ANC, la hoja de ruta que salió de las elecciones del 27 de septiembre "ha quedado manifiestamente erosionada" y por eso formulará la siguiente pregunta con respuesta binaria: ¿"Quieres que la ANC exija a las instituciones catalanas que convoquen el pueblo de Catalunya a un Referéndum para DECIDIR sobre la Independencia"?
En un principio la consulta estaba prevista para el 3 de julio, pero finalmente se ha atrasado hasta el día 15 para que, según la ANC, los militantes estuvieran más informados sobre los conceptos que se plantean. Resulta curioso remarcar que en el argumentario que han difundido en ningún caso aparece el concepto del RUI. Sin embargo, el RI del cual se refiere la ANC cumple todos los ítems de un RUI. Por lo tanto, el eufemismo que se emplea para esquivar la palabra “unilateralidad” enmascara el referéndum unilateral de independencia bajo otras siglas. En definitiva, todo ello contribuye a alimentar las especulaciones de que el término unilateral asusta a ciertos sectores independentistas y que la estrategia pasa por un giro lingüístico que capte más adeptos.
Elecciones generales del 26-J
A raíz de los resultados que han deparado las elecciones generales, la idea del RUI todavía cala con más intensidad entre sus partidarios. Las opciones de un referéndum pactado, de estilo escocés o quebequense (que ya no sería un RUI) se esfuman con la amplia victoria del PP en el Estado español, donde se ha impuesto en todo el territorio con la excepción de Catalunya y el País Vasco. Precisamente en estas comunidades autónomas ha vencido Unidos Podemos, la única candidatura que defendía abiertamente la celebración de un referéndum pactado, a pesar de que su líder, Pablo Iglesias, ya ha declarado que no acontecería una “línea roja” en unas hipotéticas negociaciones con el PSOE para formar Gobierno.
Así pues, parece una quimera pensar que en la próxima legislatura habrá un referéndum para Cataluña, condición indispensable que exigen tanto CDC cómo ERC para votar a favor de una investidura, o como mínimo, abstenerse. No sería descabellado pensar pues, que con esta palpable falta de apoyo, incluso ciertos sectores de los comunes podrían sentirse atraídos por el RUI al constatar la imposibilidad de pactar un referéndum con el Estado español.