Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau van ya camino del banquillo de los acusados. El juez acaba de cerrar la investigación del 9-N. El magistrado de la sala de lo civil y penal, Joan Manel Abril, ha dictado resolución que da por acabada la instrucción y concluye que Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega tienen que ir a juicio por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa.
Para el juez es clave que, una vez suspendida la consulta por Tribunal Constitucional, una de las empresas a las que se había encargado los programas informáticos preguntara si tenía que seguir adelante. "Resulta muy destacable –dice el texto– que cuando uno de los contratistas de T-SYSTEMS solicita si tiene que cumplir el encargo, se le responde por parte del entonces conseller de Presidència y director del CTTI que tiene que cumplir y que si incumple, pone a su disposición los servicios jurídicos de la Generalitat".
Esta es justamente la parte que implica a Francesc Homs, que no está incluido en esta causa, ya que es aforado. Finalmente será el Tribunal Supremo quien investigará al exconseller y hará un juicio aparte.
Con respecto a Mas, Ortega y Rigau, ahora habrá que abrir juicio y que cada parte presente su escrito de acusación y defensa. Sólo una pequeña posibilidad salvaría a Mas, Ortega y Rigau de sentarse en el banquillo de los acusados: que ni la Fiscalía ni ninguna acusación acusen. Sin acusación no hay juicio, pero tal como ha ido toda la instrucción, no es probable que eso pase y menos cuando el origen de todo es la querella de la Fiscalía General del Estado que acabó con el mismo fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce cesado y los fiscales de Barcelona divididos.
Además, el magistrado ha desestimado la petición de archivo que habían pedido las defensas de los investigados. La Fiscalía y la acusación popular tienen 10 días ahora para pedir que se abra el juicio oral.
El juez, Joan Manel Abril, ha cerrado el caso justo antes de dejar la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. Justo después de pedir la ampliación de la instrucción solicitó una excedencia y en pocos días se marcha para ocuparse de la presidencia del Tribunal Superior del Principado de Andorra. Abril marcha, sin embargo, dejando el trabajo hecho del caso 9-N.
El juez no se cree a Mas, Ortega y Rigau
El magistrado explica en el auto de cierre de la instrucción los motivos por los cuales se tiene que ir a juicio y mantiene los cargos para los tres investigados. No se cree a Mas, Ortega y Rigau, que defendieron en su declaración que antes del 4 de noviembre, que es cuando llega la orden de suspender la consulta, estaba todo hecho por parte de la Generalitat y todo quedó en manos de voluntarios, que son los que realmente siguieron trabajando para salir adelante la consulta del 9-N. La clave de la defensa de Mas, Ortega y Rigau es que la Generalitat no desobedeció al Tribunal Constitucional, porque "todo el proceso quedó en manos de los voluntarios sin ninguna intervención de la Generalitat".
El juez argumenta que no fue así. Que la Generalitat contrató empresas para organizar toda la logística de la consulta. Joan Manel Abril explicita que los voluntarios sólo tenían que recibir y custodiar el material, pero que todo el trabajo de "organización, preparación y desarrollo de la consulta no se hizo sólo a través de voluntarios, sino que jugaron un papel relevante contratistas privados, que prestaron sus servicios pagados con recursos financieros públicos, con plena conciencia de la desobediencia a la suspensión ordenada". El juez hace referencia en este sentido a las "indicaciones de carácter "confidencial" o de "tacto" en la correspondencia electrónica entre la Administración de la Generalitat y los contratistas privados".
El juez concluye que el Govern "continuó con los actos de preparación y organización, que no se llevaron a cabo sólo por voluntarios, sino que participaron empresas privadas durante los días 4 y 9 de noviembre y con posterioridad en la jornada de votación, con el conocimiento y acuerdo de los investigados".
La acusación contra Mas
Artur Mas "conocía desde el mismo día 4 de noviembre la providencia del Tribunal Constitucional por la cual tenía que dejar sin efecto la convocatoria del 9-N y proceder a parar todos aquellos procedimientos en los diferentes Departamentos", dice el juez.
El magistrado mantiene la acusación contra el expresident de la Generalitat porque "consintió y no paralizó los diferentes procedimientos de contrataciones, algunos con carácter tan evidente como la preparación de un centro de prensa en Montjuïc, que, según señala, fue decisión de la Conselleria de Presidència, para informar públicamente de los resultados, la fabricación e instalación del software informático o la campaña institucional en los medios de comunicación" y porque con todo eso "comprometían recursos públicos de la Administración catalana".
La acusación contra Ortega
La vicepresidenta Joana Ortega "llevó a cabo toda una serie de actuciones orientadas a preparar y celebrar la consulta del 9-N, en coordinación con el president de la Generalitat", dice el juez. "A instancia de su departament, se contrató un suplemento del seguro de accidentes para los voluntarios, la construcción de la página web se encarga al CTTI, a la vez que encarga la arquitectura informática necesaria para que la jornada del 9-N fuera operativa", añade el magistrado.
Destaca que fue Ortega que comunicó los resultados oficiales a pesar de "haber recibido una carta de la subdelegada del Gobierno en la que se requería a la consellera que no llevara a cabo actuaciones contra la providencia del Tribunal Constitucional y haber indicado que a partir de la suspensión todo el proceso estaba en manos de los 42.000 voluntarios, se autogestionaba y no era posible suspender el proceso".
La acusación contra Rigau
La exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau "actuó de manera coordinada con los dos anteriores", dice al juez. Añade que "procuró mediante los jefes de los servicios territoriales que los directores de institutos cedieran los mismos para la apertura como puntos de votación en la jornada del 9-N, a la vez que posibilitó que en los mismos durante los días 7 y 8 de noviembre se instalaran los ordenadores, el software necesario y el material para poder proceder a la votación".
El juez asegura que ella también sabía "que existía la suspensión de la convocatoria del 9-N" y que al recibir la carta de advertencia de la subdelegada del Gobierno respondió que "la organización iba a cargo de voluntarios" y que el proceso se autogestionaba y "que entre los mismos voluntarios se solventaban las posibles incidencias que pudieran aparecer, y que ellos fueron a buscar los ordenadores en los almacenes y los devolvieron", cuando insiste el juez que la investigación "demuestra el contrario".
Los delatores: web, sistema informático y 7.000 ordenadores
La compra de 7.000 ordenadores para hacer la consulta, el encargo de un sistema informático para gestionar y comunicar los votos y la web de información para participar en la consulta, son claves para enviar a Mas, Ortega y Rigau a juicio, según el magistrado.
Aunque la Generalitat no moviera ni un dedo a partir del 4 de noviembre, todo estaba encargado y a punto para sacar adelante el 9-N.
Para el magistrado Josep Manel Abril, es clave que todo lo pagara la Generalitat y que todo se gestinonara desde diferentes departaments como la compra del dominio de la web participa2014.cat, adquirido por el
Departament de Governació de la Generalitat. O la orden a T-SYSTEMS de continuar adelante con el diseño e instalación de los programas informáticos, así como la asistencia técnica durante el día de la votación y el asesoramiento a los voluntarios.
Entre la enumeración que hace le juez de los pasos de la Generalitat para sacar adelante la consulta está la compra de 7.000 ordenadores. Se hacen a través del Departament d'Ensenyament pero no se distribuyen a los centros escolares hasta pasada la consulta. Los 7.000 ordenadores se utilizan para el 9-N y se les instala el programa informático diseñado expresamente para la consulta.
806.403 euros para la consulta
La consulta costó 806.403 euros que la Generalitat pagó a la empresa Media Planning Group, S. A.
El juez pone de manifiesto que el Govern contrató la empresa FOCUS para montar un Centro de Prensa Internacional y que el Departament de Governació contrató y pagó las urnas, boletos y todo el material necesario.
El magistrado pone de manifiesto que todo este despliegue se hace con la clara voluntad de sacar adelante la consulta y que es imposible que hubiera estado sólo en manos de voluntarios. De hecho, los voluntarios estaban incluso asegurados. El Departament de Joana Ortega contrató una póliza con AXA para los 25.800 voluntarios.
El juez también destaca que fue la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega quien salió públicamente a anunciar los resultados de la consulta desde el Centro de Prensa Internacional montado para la ocasión en Montjuïc.
Ensenyament, clave para el 9-N
Según el auto del juez, el Departament d'Ensenyament fue clave para poder hacer la consulta. Aparte del material informático que se camufla entre las necesidades de los centros docentes de nuevos ordenadores, hay la utilización de los institutos y las órdenes dadas a los directores.
En el auto se citan algunos testigos que durante la instrucción pusieron "de relieve como los Servicios Territoriales procuraban la disposición de los centros para poder proceder a la votación, por lo que tenían que contar con las llaves".
El juez pone de relieve la voluntad explícita de no querer dejar nada por escrito cuando algunos de los directores pidieron que se les notificara por carta la instrucción de dar las llaves del centro y que el departament nunca llegó a hacer.