“¿Qué ha acreditado?”. “Todo lo que se ha ido comentando, porque nada de lo publicado ha quedado en el tintero”. Así de contundente se ha expresado José Luis Ábalos a la salida del Tribunal Supremo después de declarar voluntariamente durante tres horas para rebatir de raíz las acusaciones de Víctor de Aldama contra él por el caso Koldo. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE ha comparecido ante el juez Leopoldo Puente días después de que Aldama (empresario y comisionista del caso Koldo) afirmara que le dio 250.000 euros en efectivo y aportara documentación, entre otras cuestiones, sobre siete contratos de grandes obras en autovías adjudicadas por el Ministerio de Transportes (que posteriormente el actual ministro Óscar Puente desmintió). “Agradezco al juez que me haya permitido esta declaración voluntaria, hace muchos meses que intento declarar ante la autoridad judicial”, ha afirmado Ábalos ante los periodistas que le esperaban en la puerta. Ha relatado que durante su declaración “se han tocado todos los extremos conocidos y publicados” y ha verbalizado que ha “dado las aclaraciones suficientes” y se ha comprometido a “entregar la documentación de forma oficial” que “acredita” todo lo que ha dicho. “No hubo comisiones, como he dicho muchas veces”, ha concluido. Durante su declaración, ha descargado la responsabilidad en Koldo García, que fue su asesor cuando él era ministro de Transportes.
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José Luis Ábalos ha llegado sonriente al Tribunal Supremo cuando faltaban veinte minutos para las diez de la mañana y las acusaciones populares (que no han podido acceder a la sala, pero han coincidido con él en las dependencias del Alto Tribunal) lo han visto “sereno, tranquilo y un poco retador”. “Como un torero con ganas de entrar en la plaza”, han descrito. A la salida, cerca de las dos de la tarde, se ha detenido brevemente a atender a los medios de comunicación y, después de unos veinte metros a pie por la calzada, ha cogido un VTC para abandonar la calle del Marqués de la Ensenada La próxima semana será el turno de Víctor de Aldama, que declarará el lunes, y de Koldo García (asesor de Ábalos cuando era ministro), que lo hará el martes.
“Iré a pelo, no tengo que preparármelo. Lo he vivido, para mí será sencillo”, sostenía ayer José Luis Ábalos en una conversación informal con periodistas en el patio del Congreso. “Hay cosas tan burdas que ofenden al ciudadano”, añadía. El exministro dejaba claro que su objetivo era “desmontarlo todo” y lamentaba que hay “barra libre” contra él porque “a nadie le importa” que tenga familia. Sobre las acusaciones de Aldama, señalaba que “le había servido para salir de la prisión” de una causa “de la que no dijo nada” y cuestionaba la solidez de los documentos que presentó: “¿Una fotografía de los presupuestos general del Estado es una prueba?”, se preguntaba. Reiteraba que “no hay ninguna irregularidad” y, sobre los contactos con empresarios, sostenía que el Gobierno “tiene la función de atender las empresas del país”.
Un “papel relevante y de responsabilidad” en el caso Koldo
Fue a mediados de octubre cuando el informe de la UCO concluyó que Ábalos tenía un “papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, Aldama y la organización criminal” dinamizada por Aldama y relató que Aldama y Koldo se referían a él habitualmente como el “jefe”. El documento, que situaba el inicio de la “relación personal” entre los tres en verano de 2018, llegaba a diferentes conclusiones que llevaron a la Guardia Civil a pedir “investigar qué relación tendría el exministro con la organización criminal y los hechos investigados”.
- Relataba que Ábalos recibió una serie de contraprestaciones por otorgar el contrato de las mascarillas a Aldama, entre las que había el uso de un chalet situado en La Línea de la Concepción (Cádiz): estaba valorado en 600.000 euros, lo habría seleccionado Koldo y lo habrían pagado Aldama y un socio.
- Además, según el informe, el comisionista de la trama habría financiado el alquiler del piso de la que era la pareja de Ábalos, Jéssica, entre 2019 y 2021 por un precio mensual de 2.700 euros.
- Respecto al rescate de Air Europa, la UCO señalaba que Ábalos, Koldo y Aldama jugaron un papel clave para que la ayuda llegara a la aerolínea, alegando que el CEO de la empresa, Javier Hidalgo, mantuvo durante esos días conversaciones con Aldama. La Guardia Civil sostenía que el mismo día que Ábalos se reunió con la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, para valorar la concesión, Aldama e Hidalgo estaban en el Ministerio para reunirse después con él.
- Sobre el viaje de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en Madrid en enero de 2020, la UCO concluía que Pedro Sánchez autorizó la reunión privada entre ella y Ábalos. El documento recogía una captura de pantalla de un mensaje en el que el ministro informaba al presidente español de que la vicepresidenta venezolana quería reunirse con él “discretamente” y Sánchez no puso “objeciones” al encuentro: “Bien”, le contestó.
Por su parte, Víctor de Aldama también aseguró que firmó un contrato con Ábalos de arrendamiento en un piso en la zona alta del Paseo de la Castellana, valorado en 1,9 millones de euros, en abril de 2019. El documento era una garantía para el exministro de que las empresas adjudicatarias de las obras públicas pagarían las comisiones ilegales, pero el inmueble no llegó a comprarse.
Una declaración sin las acusaciones populares
Uno de los actores clave en la tormenta judicial que rodea a Pedro Sánchez son las acusaciones populares, partidos o entidades que se personan en las causas y que participan en las investigaciones. Al caso Koldo, hay siete: el PP, Vox, Manos Limpias, la Asociación Liberum, Hazte Oír, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa e Iustitia Europa. Justo ayer, 24 horas antes de la declaración de Ábalos, el juez del Supremo acordó la unificación de todas ellas bajo la dirección letrada del PP, que fue la primera que se personó, alegando que había una “plena convergencia de intereses” entre ellas “desde el punto de vista del interés general que postulan” y justificando que unificarlas “contribuirá al buen orden del proceso” y a evitar “indebidas dilaciones”.
A pesar de eso, los abogados de las acusaciones populares se han presentado esta mañana en el Supremo con la intención de asistir a la declaración de Ábalos, asumiendo que no podrían hacer preguntas. Ahora bien, el juez les ha impedido acceder a la sala. “La figura de la acusación popular es imprescindible, echar a la sociedad civil hace un mal servicio al Estado de derecho”, ha lamentado Luis María Pardo, de Iustita Europa, que ha reivindicado que las acusaciones populares “hacen posible que se investigue a personas que no se habrían investigado”. Desde Vox, Marta Castro ha denunciado que esta decisión “limita derechos”, dado que cada acusación “tiene una naturaleza y una visión del procedimiento diferente”. “Limitar el acceso a la justicia raya el buen hacer de la administración de justicia en cuanto a transparencia”, ha añadido.
Por parte de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán ha advertido que eso podría ser “el principio del final de las acusaciones populares” y ha denunciado que los delitos que se están investigando “no los persiguen los fiscales, que siguen órdenes del Gobierno”. “Lucharemos para que no sea un precedente nefasto para el futuro y que haya un efecto contagio”, ha remachado. Además, las acusaciones populares estudian presentar un escrito de queja al Colegio de Abogados y avisan de que están dispuestas a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Asimismo, han denunciado que sus procuradores tampoco serán notificados y será el procurador del PP quien tenga que compartir la información.
El tira y afloja entre Ábalos y el Supremo por la fecha de la declaración
La cita de este jueves ha llegado después de un intercambio de comunicaciones entre José Luis Ábalos y el Tribunal Supremo. La semana pasada, el juez ofreció al exministro que compareciera voluntariamente para favorecer su derecho de defensa antes de pedir al Congreso de los Diputados el suplicatorio para investigarlo formalmente, ya que mantiene su acta de parlamentario y es aforado. En un primer momento, Ábalos aceptó, pero cuatro días después pidió posponerla esgrimiendo que hasta el jueves pasado no pudo acceder a la causa por problemas informáticos y, por lo tanto, le había resultado “imposible” estudiar toda la documentación. Ahora bien, el lunes el magistrado rechazó posponerla y la canceló sosteniendo que aplazarla podría implicar “eventuales dilaciones indebidas” y podría perjudicar seriamente la “eficacia de la investigación”. Sin embargo, dos horas y media más tarde, el Alto Tribunal informó de que el magistrado volvía a citar Ábalos después de que su abogado hubiera presentado un nuevo escrito aceptante la fecha.