Hubo espacios e investigaciones de la policía y de la fiscalía para frenar el 1-O del 2017 "vacíos de control legal" y actualmente, con los ataques con el software Pegasus a independentistas catalanes. Es una de las afirmaciones y constataciones del debate, en formato webinar, organizado por la Abogacía Catalana este miércoles por la tarde, para analizar los efectos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), hecha pública el junio pasado, que condena el Estado español por la publicación en el diario La Razón de la fotografía del DNI de 33 magistrados y jueces catalanes que se habían pronunciado a favor del derecho a decidir, en el 2014. En la sentencia, el tribunal de Estrasburgo sostiene que se ha vulnerado el derecho a la intimidad de los jueces y magistrados, y afirma que el hecho de que existieran informes policiales "recogidos sin ser de acuerdo con ninguna ley" ya supone una violación de derecho a la intimidad de los afectados (art.8 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades).
En el debate, el penalista Andreu Van den Eynde, abogado de los 25 jueces que llevaron el caso al TEDH: el penalista Benet Salellas, y la magistrada de Barcelona y una de las afectadas, Montserrat Raga, han coincidido en afirmar que actualmente, como en el caso de los jueces, hay investigaciones que no tienen amparo legal porque son rechazadas en ser denunciadas. En la clausura, el presidente del Consell de la Abogacía Catalana y decano del Colegio de Figueres, Joan Ramon Puig, ha instado a los compañeros de profesión "a mantener la defensa de los derechos fundamentales y a hacer cumplir el derecho europeo" en los tribunales españoles, "aunque - ha asegurado- el Tribunal Supremo tarda hasta cuatro años en cumplirlo, como en materia de Extranjería". El Ministerio de Justicia todavía no ha colgado en su web la sentencia del TEDH de los jueces catalanes ni la ha traducido, ha indicado Salellas, para ilustrar el poco interés del Gobierno en difundir y trasponer resoluciones de los tribunales europeos.
Las órdenes de la fiscalía en el 2017
En el debate, Van den Eynde ha comparado el tribunal europeo como "un arco iris, donde los jueces te preguntan y te escuchan: es un debate jurídico entre técnicos, sin ideologías", hecho ha afirmado que no pasa en los tribunales españoles. Ha admitido que un momento clave es cuando el tribunal hace preguntas a los demandantes, ya que centra el debate jurídico, y en el caso de los jueces catalanes "con ideologías diferentes", al final no ha primado la defensa de su libertad de expresión, sino que se les investigó sin base legal y por defender un posicionamiento jurídico en Catalunya. "El informe policial recogía quien eran sus familias, su ideología y detalles estrambóticos," ha asegurado Van den Eynde, que ha añadido que la publicación de sus fotos y el formato escogido, "como uno se busca de l'Oeste", tenía "una intención de menosprecio" y para pararlos. El abogado no ha olvidado que la resolución ha llegado 5 años después,y ha destacado la colaboración desinteresada que le dio Benet Salellas para encarar la demanda, y ha apelado a trabajar más en equipo, y crear un "lobby de la abogacía catalana en defensa de los derechos humanos."
Montserrat Raga se ha centrado en detallar las ejecuciones de estas sentencias, de las cuales ha asegurado que "cuesta su ejecución cuando implican reformas legislativas importantes". También ha revelado que los magistrados menos conocidos tenían claro que habían de denunciar esta intromisión -como también hizo su compañero de la associación Àgora Judical, Xavier Gonzàlez de Rivera- pero que tampoco sabían como hacerlo, y que algunos compañeros desistieron. Los audios, ahora conocidos, del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha confirmado que los 33 jueces también fueron víctimas de la policía patriótica del PP.
La sentencia del TEDH que da la razón a los magistrados catalanes tendría que implicar un mayor control de las investigaciones ilegales o sin control judicial. Benet Salellas, sin embargo, ha afirmado que "hay muchas investigaciones policiales que dificultan su control", y ha expuesto, por ejemplo, los registros de la policía judicial bajo las órdenes de la fiscalía, cuando en el 2017 ordenó requisar materiales para detener el procés independentista. "Ningún juzgado recogió nuestras denuncias de vulneración de la libertad de expresión; ni en el contencioso", ha declarado Salellas. En este sentido, Raga, que es magistrada y delegada de los juzgados del contencioso-administrativo en Barcelona, ha admitido que tuvieron un debate sobre las demandas planteadas el 1-O, y que las descartaron porque había una investigación penal abierta. La tensión y las prisas de aquellos días también lo precipitaban todo, sin reflexión serena, han admitido.
Salellas ha añadido que ahora vuelve a pasar lo mismo para aclarar los ataques con el software Pegasus que han denunciado haber sufrido al menos 65 políticos y ciudadanos solo por el hecho de defender la autodeterminación de Catalunya, y los letrados no saben en qué organismo solicitar que se paren estas investigaciones prospectivas. "Es difícil que investigue quién ha cometido el delito", ha añadido Van den Eynde, que también ha revelado que denunció diligencias de investigación de la fiscalía - "que acaban en querellas, y además no te dan copia" - en Estrasburgo, y que le denegaron por incipiente. "Tenemos que rebelarnos contra las injusticias. Es un deber de los ciudadanos demócratas", ha concluido Van den Eynde.