Sorpresa. La Abogacía del Estado pide 3 años y 6 meses de prisión, 7 años de inhabilitación a cargo público y una multa de 30.000 euros para el diputado republicano Josep Maria Jové por los delitos de malversación de fondos —en este caso atenuada— y desobediencia por haber organizado el 1-O bajo las órdenes del exconseller Oriol Junqueras, como secretario general de Economia i Hisenda, según el escrito de acusación presentado este martes en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. Por el contrario, no acusa a Lluís Salvadó, exsecretario de Hisenda y actual presidente del Port de Barcelona. Y para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que estaba bajo las órdenes de Jové, pide 1 año inhabilitación por el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) y pagar una multa de 18.000 euros. El escrito de acusación de la Abogacía del Estado choca con el presentado por la Fiscalía Superior de Catalunya, que como la Fiscalía General del Estado (FGE), considera que los gastos que se atribuyen al Govern para organizar el referéndum de independencia de Catalunya se tienen que calificar de malversación agravada (castigado con un máximo de 8 años de prisión) y no la nueva malversación atenuada (con un máximo de 4 años de prisión), pactada por ERC y el PSOE para intentar suavizar el castigo a los ex altos cargos del Govern pendientes de juicio.
En concreto, el febrero pasado, el teniente fiscal Pedro Ariche presentó el escrito de acusación en el que pide: 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové, actual diputado de ERC y presidente del consejo nacional de Esquerra; 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, por los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, y un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. La Fiscalía les retiró la acusación por el delito de revelación de secretos (castigado hasta 5 años de prisión), que hubiera incrementado más la petición de castigo.
Además, la Fiscalía reclama que Jové y Salvadó devuelvan al erario público 754.920 euros por los gastos de un programa de homogeneización de la Hisenda catalana, con la cual sostiene que querían impulsar una estructura de estado. De los gastos del 1-O, la Fiscalía y la Abogacía del Estado coinciden en no reclamarles nada, y derivar el procedimiento al Tribunal de Cuentas, como ya hizo el Tribunal Supremo con los presos políticos.
Acciones por el 1-O
En el escrito de acusación, de 34 páginas, la abogada del Estado Beatriz Vizcaíno acusa a Jové y a Garriga, que entonces era directora de servicios de Vicepresidència, de llevar a cabo actuaciones “dirigidas a la preparación y ejecución del referéndum de autodeterminación, fuera de los cauces constitucionales, estatuarios y legales”, y no hacer caso al Tribunal Constitucional (TC) para frenar cualquier impulso y gasto del 1-O. Recuerda que el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, donde estaban los altos cargos de Esquerra, tenía las competencias de las finanzas públicas, los presupuestos y la eficiencia de gasto, y también asumieron los procesos electorales, que antes tenía Presidència.
Gastos y búsqueda de locales
En concreto, la abogada del Estado imputa a Jové haber llevado a cabo la busca de locales donde se pudiera celebrar la votación del referéndum del 1 de octubre de 2017, y —sostiene— “hizo gestiones oportunas para la cesión de locales alternativos, por si algún municipio no prestaba el apoyo que se había pedido a los alcaldes”, en una carta enviada el 6 de septiembre de 2017 por “titulares de los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia". Y “como máximo responsable del área de procesos electorales”, manifiesta que Jové “no dio ninguna orden para impedir que los responsables de otros departamentos pagaran o comprometieran fondos públicos para la celebración del 1-O. Detalla los fondos públicos gastados: unos 200.000 euros en publicidad, un millón a Unipost por las cartas censales, que al final no fueron pagadas y unos 409.023 euros del Diplocat.
La página web
Además, Vizcaíno declara que Jové y Garriga, que jerárquicamente dependía de él, hicieron gestiones para buscar una nave en Bigues i Riells para conseguir guardar material del 1-O, como por ejemplo las cartas censales. Nunca se encontraron las urnas, guardadas en la Catalunya Nord y después por particulares. También afirma que Garriga dio órdenes a Josué Sallent, entonces director de comunicación del CTTI, porque la página web referèndum.cat fuera accesible a todos los ciudadanos, sin necesidad de usuario y contraseñas. Sallent es uno de los treinta altos cargos y empresarios pendientes de juicio y procesados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, a la cual ahora se unirá la causa de Exteriors, que tenía la magistrada del juzgado de instrucción 18 de Barcelona.
Por desobedecer al TC, los acusa del delito de desobediencia y a Josep Maria Jové del delito de malversación en la nueva modalidad atenuada (art. 433 de la reforma del Código Penal) para “aplicar fondos públicos a la preparación y ejecución del referéndum. Gastos —añade— sin cobertura presupuestaria”, puesto que el TC había declarado nula la disposición adicional de la ley de presupuestos para 2017.
En todo el escrito, la abogada del Estado no cita ni una vez a Lluís Salvadó, el cual no se librará del juicio porque la Fiscalía le pide 6 años de prisión. Ahora, Vox tiene que presentar su escrito de acusación, y después será el turno de las defensas. Y finalmente, el TSJC fijará la fecha del juicio.