La Abogacía del Estado discrepa de la fiscalía y no acusará a los presos políticos catalanes de rebelión sino de sedición (aparte de malversación). En la práctica eso representaría una pena ás suave, pero pírrica: 14 años en vez de 20. Es del todo inaceptable para los líderes independentistas y para el Govern y los partidos soberanistas.
El escrito de acusación que presentará mañana viernes la Abogacía descarta finalmente la rebelión, que implica un alzamiento violento, y apuesta por el delito igualmente grave de sedición, que no implica violencia.
Todo indica que esta pequeña reducción que propondrá la Abogacía es todo lo que está dispuesto a arriesgar el Gobierno de Pedro Sánchez. El núcleo duro del Gobierno español se reunió el lunes en la Moncloa y analizó la situación, según El País. Al encuentro asistieron el presidente español y sus colaboradores más próximos (el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra; la jefe de gabinete, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver).
Según el diario, la posición que domina en el Ejecutivo español es que no existe base para el delito de rebelión, pero el Gobierno español no se ha atrevido a dar el paso más arriesgado, el de presionar a la fiscalía. "Esta posibilidad se ha descartado porque tendría un coste enorme para el Gobierno", señala.