Ha tardado dos meses, pero finalmente hay un pronunciamiento de la Abogacía General del Estado sobre el aval del Institut Català de Finances (ICF) ante el Tribunal de Cuentas: no procede emitir ningún informe. La AGE ha llegado a la conclusión de que no debe mojarse después de examinar la propuesta elevada por el abogado del Estado ante este organismo. El órgano fiscalizador solicitó la opinión de los servicios jurídicos del Gobierno sobre la legalidad o no de que el ICF avalara los 5,4 millones de fianza solicitados a 34 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat. Ahora el balón vuelve a estar en el tejado del Tribunal de Cuentas.
Para justificar su inhibición, la AGE —que depende del Ministerio de Justicia— argumenta que no puede emitir el informe porque la Abogacía del Estado "tiene la condición de parte en la fase de actuaciones previas a la que este informe se incorporaría". En este sentido, desde los servicios jurídicos del Gobierno señalan que "en estas actuaciones previas, que tienen como objetivo preparar la actividad de enjuiciamiento que corresponde al Tribunal de Cuentas, aunque posean naturaleza administrativa y no jurisdiccional, tienen que observarse los principios de imparcialidad y objetividad, así como también los principios de contradicción e igualdad entre las partes que necesariamente tienen que respetarse en los procedimientos y actuaciones administrativas".
De esta manera, continúa la Abogacía, "la solicitud de un informe a una de las partes sobre cuestiones que afectan directamente a los intereses de las demás puede sugerir predisposición a seguir los criterios de esta parte". También se verían afectados los principios de contradicción e igualdad "al requerir el informe a una sola de las partes personadas sin audiencia del resto".
Eso sí, a modo de conclusión, el escrito de la Abogacía del Estado indica que el enjuiciamiento de la cuestión se tiene que hacer conforme al decreto del Govern que crea el fondo para los avales. En este sentido, recuerda que no ha sido declarado inconstitucional ni ha sido suspendido cautelarmente.
El pasado julio, la delegada instructora de la causa, Esperanza García, expresó sus dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de la operación de aval del Institut Català de Finances y pidió informe al abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys. Este, sin embargo, decidió inhibirse y elevó la cuestión a la Abogacía General del Estado, que ahora se ha pronunciado.
El decreto del Govern sigue vigente, aunque la Fiscalía ha iniciado su propia investigación. El ministerio público ha citado a varios miembros del ICF que participaron en la reunión donde se decidió avalar a los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas.
Aval del CGE
Antes del verano, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ya avaló por unanimidad el decreto del conseller Jaume Giró a pesar de señalar algunas "recomendaciones" de carácter técnico. El órgano consideró que la Generalitat está "habilitada para crear un instrumento de protección de sus servidores públicos", como es el caso de este Fondo, y que por lo tanto no vulneraba ni el Estatut ni la Constitución española.