No amnistiar la malversación supondría un “exceso que priva de eficacia a la finalidad concreta y estricta” de la ley de amnistía. La Abogacía General del Estado se suma a las peticiones de que la amnistía se aplique íntegramente a todos los delitos del Procés, incluida la malversación y, en dos escritos remitidos al Tribunal Supremo, esgrime que el 1 de Octubre no supuso ni un enriquecimiento personal ni un menoscabo de los intereses financieros de la Unió Europea. Siguiendo la línea del veredicto final de la Fiscalía, Zaida Isabel Fernández Toro rebate todos los argumentos que pusieron encima de la mesa los cuatro fiscales díscolos del Procés y subraya que todos los líderes independentistas deben ser amnistiados porque los delitos de desobediencia y malversación son “incardinables en el supuesto de actividad amnistiable”. Además, en relación con las órdenes de detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira, pide al juez Pablo Llarena que acuerde el “inmediato alzamiento de las medidas cautelares” y deje “sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión o de detención”.

“No existe dato alguno que acredite que produjeran un propósito de enriquecimiento personal”

La Abogacía del Estado ha presentado dos informes al Supremo: uno dirigido a Pablo Llarena (para Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira) y otro a la Sala Penal, presidida por Manuel Marchena (para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Clara Ponsatí). El razonamiento es el mismo en ambos casos. En relación con la malversación, la abogada del Estado es meridianamente clara: los actos por los que están procesados o condenados tenían la “intención” de organizar el referéndum del 1 de Octubre y, en cambio, “no existe dato alguno que acredite que produjeran un propósito de enriquecimiento personal”. Además, subraya que la “voluntad” de la ley de amnistía es que los actos “subsumibles como delito de malversación quedarán exentos de responsabilidad penal cuando estén dirigidos a financiar, sufragar o facilitar” el 9-N o el 1-O.

En este sentido, pone de relieve el informe que hizo la Comisión de Venecia a petición del Senado. Un autogol del PP en toda regla. La Abogacía del Estado subraya que la opinión del órgano consultivo del Consejo de Europa “admitía que la amnistía podía ser extensible o aplicable a los actos de malversación y corrupción, pero exigía un nexo causal más estrecho que limitara esa aplicación a los fines concretos que motivaban la amnistía y así garantizar o justificar su aplicación”. Y esto fue, justamente, lo que pactaron el PSOE, Junts y ERC para el segundo dictamen que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso. Así pues, se añadió un matiz en el redactado de la ley explicitando que la malversación se amnistiaría “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”. Este ha sido, finalmente, uno de los principales argumentos a los que se han agarrado tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía.

“No se ha probado ni considerado que los fondos tuvieron origen en intereses financieros de la UE”

El segundo capítulo que ponían en duda los fiscales del procés es el referente a los intereses financieros de la Unión Europea. La amnistía excluye de su perímetro los actos que los afectaran, pero la abogada del Estado sostiene que el 1 de octubre no tuvo ninguna afectación a los intereses financieros de la UE. “Ni se ha probado ni se ha considerado en ningún momento que los fondos tuvieron origen en intereses financieros de la Unión” ni en “fondos europeos o provenientes de los presupuestos o de las instituciones de la UE”, señala. En este punto conviene recordar que el razonamiento de los cuatro fiscales díscolos del Supremo era que “financiar un proceso secesionista” supone un “riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto”.

Ante esto, y sin mencionarlo, la abogada del Estado replica que no hay “ninguna circunstancia que ponga de relieve que la conducta pudiera ser idónea para generar de forma efectiva un menoscabo” al presupuesto de las instituciones de la UE. “No se puede llegar a la conclusión contraria indicando que todo lo que afecta al presupuesto nacional o autonómico indirectamente afecta al europeo, porque ni siquiera eso es cierto, mezclando los bienes jurídicos protegidos hasta el punto de confundirlos a voluntad”, remacha. Y dispara contra los fiscales arguyendo que sería necesario que existiera una “efectiva afectación o perjuicio” a los intereses financieros de la UE y un examen que se refiriera “estrictamente al ámbito fáctico”.

La Abogacía del Estado también pide amnistiar a cinco guardias civiles encausados ​​por lesiones durante el 1-O

Además, la abogada del Estado también ha presentado un informe en la sección 2 de la Audiencia de Tarragona para solicitar que se aplique la ley de amnistía a los cinco guardias civiles encausados ​​por las lesiones producidas a los manifestantes que votaron durante el 1-O en el recinto ferial de Sant Carles de la Ràpita. El escrito, de tres páginas, señala que sus actuaciones tenían la “finalidad de dar cumplimiento al mandato judicial de impedir la celebración del referéndum” y argumenta que no están excluidas del perímetro de la ley. Por este motivo, reclama que se declare el "sobreseimiento libre".

El miércoles, en otra causa, la Fiscalía de Barcelona pidió que se aplique la amnistía a los 46 agentes de la policía española procesados por haber pegado y vejado a votantes del 1-O en la capital catalana. Y justamente hoy Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana e Iridia han presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona exigiendo que la amnistía no se aplique en los casos de los policías que cometieron violencia policial durante el 1-O.