Petición de nueva citación. La Abogacía del Estado ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que vuelva a citar a la eurodiputada de Junts y exconsellera de Educació, Clara Ponsatí, después de que no compareciera en el alto tribunal el 24 de abril pasado, según ha adelantado la ACN y ha confirmado ElNacional.cat de fuentes jurídicas este viernes. Así, la Abogacía del Estado comparte la posición de la Fiscalía, que ha solicitado volver a citar a Ponsatí teniendo en cuenta el calendario previsto de asistencias al Parlamento Europeo en las próximas semanas. La eurodiputada de Junts plantó al juez Llarena, que le tenía que comunicar su procesamiento por el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por el 1-O. y el magistrado dio cinco días a las partes para que se pronunciaran sobre la incomparecencia.
Ponsatí comunicó al juez Llarena que no podía comparecer al Supremo porque tenía sesiones convocadas de varias comisiones en la Eurocámara el mismo día, lo cual "resultaría en cualquier caso incompatible con cualquier compromiso de cualquier índole a centenares de kilómetros de Bruselas", decía el escrito presentado por su defensa, ejercida por el abogado Gonzalo Boye. Es por eso, que la Fiscalía, y ahora la Abogacía del Estado, hayan propuesto al instructor de la causa contra los independentistas catalanes, que pida a la defensa de Ponsatí el calendario de las sesiones que tiene que asistir para fijar una nueva citación ante el tribunal, en Madrid. Sin embargo, la eurodiputada al volver del exilio aseguró que no rendiría cuentas ante el alto tribunal.
La citación, un trámite
La Fiscalía, en su escrito, asegura que es necesaria la comparecencia de Clara Ponsatí ante el juez Llarena para poder continuar el procedimiento contra ella, que técnicamente se llama la declaración indagatoria. En realidad, este trámite es un formalismo: el magistrado le comunica su procesamiento, y ella se puede negar a declarar, y posteriormente, su caso se derivará para ser juzgado. El delito de desobediencia no implica penas de prisión y Ponsatí podría ser juzgada en ausencia y, por lo tanto, a parecer de algunos juristas, la citación de Llarena no es necesaria si ella ya ha comunicado al tribunal que no quiere comparecer.
En este caso, también está por resolver qué tribunal es competente para juzgarla. El juez Llarena insiste en que los eurodiputados tienen la misma consideración que los diputados del Congreso y, por lo tanto, la tendría que juzgar el Tribunal Supremo. Por el contrario, Boye reitera que el Supremo no es el competente ni para investigarla ni juzgarla, sino un juez de Barcelona, puesto que el Parlament es donde pasaron los hechos, que no considera delictivos, por los cuales se lo acusa, y tampoco tiene un aforo en Catalunya para ser juzgada por el Tribunal de Justicia de Catalunya (TJC), como se hizo con la consellera de Acció Exterior, Meritxell Serret, recientemente condenada por desobediencia por el 1-O.
La detención de Ponsatí, difícil
Además, Boye ha instado al juez Llarena a suspender el procedimiento contra Ponsatí hasta que el Eurocámara no resuelva su petición de amparo, así como de reiterar su inmunidad. Por el contrario, la Fiscalía asegura que Ponsatí fue procesada antes de obtener el acta de eurodiputada y, por lo tanto, no tiene inmunidad. Además, sostiene que su actuación no fue por una causa en la cámara europea, y que el poder legislativo europeo no puede sustraer Ponsatí del poder judicial español.
La Fiscalía también declara que se le han respetado sus derechos en la Unión para ejercer de parlamentaria, y que las leyes permiten que se la pueda hacer detener en el Estado español, a pesar de que solo a los efectos de hacerla comparecer ante el magistrado. Si Ponsatí no vuelve a Cataluña y no quiere comparecer ante Llarena será imposible detenerla, si no hay una resolución de un tribunal europeo que lo permita. Por eso, el juez Llarena no ha reactivado aún ninguna euroorden contra los catalanes en el exilio.