Después de días en el centro del debate y la polémica, se ha acabado finalmente la telenovela. En su escrito presentado este lunes, la Abogacía del Estado defiende que Oriol Junqueras pueda cumplir los trámites para recoger el acta tanto en la JEC como en el Parlamento Europeo y ejerza el cargo mientras no haya suplicatorio que le levante la inmunidad. Para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, los republicanos exigían un "gesto" de los servicios jurídicos del Estado en relación a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Ahora habrá que ver si les basta con este movimiento, ya que también pedían la nulidad de la sentencia del procés. La decisión última, sin embargo, es del Tribunal Supremo. La Fiscalía y Vox han pedido que no se autorice su salida.

En su informe, firmado por la representante en el juicio del procés Rosa María Seoane, la Abogacía del Estado sostiene que "cabría permitir" el desplazamiento del líder de ERC tanto a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo "para cumplir con los trámites necesarios" para adquirir la condición de eurodiputado. De la misma manera, los servicios jurídicos del Estado piden que el Tribunal Supremo "que haga posible el ejercicio de su función representativa mientras mantenga su estatus de miembro de la Eurocámara". Finalmente, insta a los magistrados a pedir al Parlamento Europeo "la suspensión de la inmunidad" a la mayor brevedad.

 

En este sentido, los abogados del Estado piden al Tribunal Supremo que adopte las medidas que considere oportunas para que se garantice su "misión parlamentaria" al mismo tiempo que cumple la condena impuesta en la sentencia del procés. La siguen considerando "válida" porque se dictó "con estricta observancia del procedimiento penal". ERC pedía la nulidad de la sentencia del 14 de octubre.

En su escrito, recuerdan cómo el mismo Tribunal Supremo, en varias resoluciones, "ha admitido que Junqueras podría seguir ostentando algún tipo de inmunidad si así lo reconociera el TJUE" aunque su condición pasara de preso preventivo a condenado.

De esta manera, el escenario de una investidura antes de Reyes sería plausible. Está en manos de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que hoy mismo podría convocar el debate para los días 2, 3 y 5 de enero. Los republicanos han avisado de que no convocarán el Consejo Nacional antes de fin de año. Así, lo tendrían que convocar con el debate de investidura ya en marcha. El PNV ya ha anunciado su acuerdo con el PSOE mientras Bildu ha propuesto la abstención en una consulta a sus bases.

Pendientes también de la JEC

Sin embargo, el informe tiene letra pequeña: los abogados del Estado defienden que esto es así porque la Junta Electoral Central no ha tomadouna decisión sobre la incompatibilidad de la condena y la condición de eurodiputado. Seoane subraya que la JEC es "el órgano competente para dirimir todas las cuestiones relacionadas con la proclamación de candidatos a las elecciones europeas" y que "no se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de su condena con su condición de parlamentario europeo electo". Justamente el PP presentó la semana pasada un recurso ante la JEC en este sentido, que podría ser estudiado en la reunión de este viernes. Habrá que ver si resuelve el recurso o pasa la pelota al Tribunal Supremo.

No sólo recoger el acta

En sus alegaciones, los abogados del Estado sostienen que, según el TJUE, los efectos de la inmunidad "no tienen que limitarse a permitir desplazarse al Parlamento Europeo para tomar posesión de su cargo, sino que la inmunidad reconocida tiene como finalidad expresa que los miembros de esta cámara puedan dar cumplimiento en su misión". De esta manera, la Abogacía deja en manos de los jueces españoles cómo se puede dar cumplimiento a estas dos premisas.

Finalmente, después de un largo estudio, los servicios jurídicos del Estado subrayan que la sentencia del TJUE es "novedosay compleja", porque establece nueva doctrina en torno a la inmunidad parlamentarias. En esta línea, recuerdan que "el derecho europeo forma parte de los sistemas jurídicos de los Estados miembros, que están obligados a respetarlo ya que tienen primacía sobre los derechos nacionales." Eso sí, defiende que la cuestión prejudicial planteada por el Supremo "supuso un acertado ejercicio" de los jueces españoles.