El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), declarará este miércoles como querellante perjudicado delante del titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, que investiga si fue espiado por el Gobierno a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con el software Pegasus. El grupo canadiense de Citizen Lab determinó que Aragonès recibió tres SMS invasivos en su móvil en enero 2020, cuando era vicepresidente y en época de negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez. Por ahora, sin embargo, el Gobierno, a pesar de la reciente declaración de ministros, no ha dado muestras concretas que quiere aclarar este extremo. Una prueba evidente es que la abogada del Estado que defiende a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha recurrido las todas resoluciones del juez Santiago García sobre la reclamación de información al CNI, el uso de Pegasus e incluido que el Consejo de Ministros desclasifique la información del CNI sobre Aragonès. García es el único juez, de la media decena, que investiga Pegasus en Barcelona, que ha ordenado la imputación de Esteban, de la cual ha aprobado aplazar su declaración hasta enero.
Además, por ahora, el único que ha respondido al magistrado de Barcelona es el juez del Tribunal Supremo que controla y aprueba los seguimientos del CNI: el juez Pablo Lucas le ha contestado que no puede informarlo sobre si aprobó el espionaje a Aragonès porque sigue siendo información bajo secreto. Así, pues, el gobierno de Pedro Sánchez tiene la llave para que esta investigación no caiga en saco roto y desde mediados de noviembre tiene sobre la mesa la petición que desclasifique la información del CNI sobre Aragonès. Para el gobierno socialista habría bastante en demostrar que el seguimiento de Aragonès fue aprobado por el Supremo y que se cerrara el caso. Para Esquerra, no.
Investigar un president
En la querella, el abogado del president de la Generalitat, el penalista Andreu van den Eynde, expone que sufrió tres infecciones en su móvil en el 2020, y cuando Aragonès era vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda. Afirma: "Las infecciones atentan evidentemente contra los derechos individuales del querellante, pero, al mismo tiempo, tienen una proyección que se extiende a los derechos vinculados al ejercicio de sus responsabilidades políticas y representativas, singularmente en el caso del señor Aragonès por tratarse del president de la Generalitat de Catalunya, ya que no se puede descartar que se hayan producido espionajes a partir de la asunción de este mandato de alta representación institucional." Y añade que "el contexto temporal de las infecciones detectadas se relaciona con múltiples acontecimientos personales, profesionales y políticos, algunos de los cuales están vinculados al periodo de negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno, la época en que se produjo la inhabilitación del anterior president Joaquim Torra, así como en el contexto político inmediatamente posterior a la investidura del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
Recursos de la Fiscalía
El fiscal de Delitos Informáticos, Roberto Valverde, también se ha adherido a los recursos de la Abogacía del Estado al considerar que es una "investigación prospectiva" porque se pide al CNI que explique su funcionamiento, si tiene el software Pegasus y a cuántas personas ha investigado, de forma genérica, posicionamiento que ha mantenido en el resto de investigaciones en otros juzgados. El juez de Barcelona tiene que resolver los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía. Y aunque cuestione una parte de la querella, el fiscal Valverde preguntará al presidente Aragonès sobre como percibió este supuesto espionaje y qué hizo.
Además de requerir información al CNI, el juez también ha dictado una Orden Europea de Investigación (OEI) a Luxemburgo para que se pida a la sociedad de Pegasus, OSY Technologies (ya que la titular en Israel no responde), que facilite información sobre si ella o empresas del grupo NSO ha vendido este software al Estado español y qué supervisión ha hecho.
Alay, seguido en Ginebra
Paralelo al caso de Aragonès, hay diferentes juzgados que investigan el espionaje a líderes políticos y sociales catalanes. La investigación de CatalanGate detectó el espionaje a 65 personas. Precisamente, el director de la oficina del president Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, protagonizó una larga declaración ante el titular del juzgado de instrucción 4 de Barcelona, donde ha recaído su querella, el 8 de noviembre pasado, donde detalló cómo, en el mismo momento en que su teléfono había sido infectado por Pegasus, detectó que sufría seguimientos. En particular, se refirió a la situación que eso provocó en un viaje a Ginebra en el 2019, en el que el seguimiento resultó muy evidente, a todas horas y por toda la ciudad, lo cual pusieron en conocimiento de la policía. A la siguiente visita a Ginebra, las autoridades hicieron que la agencia de seguridad suiza acompañara Alay.
Durante la declaración destacó que la policía le requisó el móvil cuando fue detenido en el marco de la operación Volhov, en el 2020, y que, de hecho, tres años después todavía no le han vuelto. Precisamente, este móvil infectado se ha convertido en una de las fuentes principales de la investigación que el juez Manuel García-Castellón ha montado en torno a Tsunami Democràtic. En este caso, el juez investiga una decena de personas, entre las cuales el mismo Alay y el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo.
En la foto principal, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una visita al presidente español, Pedro Sánchez, en la Moncloa. / Foto: Efe