La Abogacía General del Estado se ha sumado a la Fiscalía y ha presentado un escrito al pleno del Tribunal Constitucional pidiendo apartar al magistrado conservador José María Macías del recurso presentado por el PP a la ley de amnistía, según ha adelantado la Cadena Ser. Macías fue nombrado ponente de la sentencia del recurso del PP, que fue el primero en presentarse a la ley, y si es apartado, otro magistrado se tendrá que encargar de redactar la sentencia. La Abogacía del Estado considera que Macías no es imparcial para participar en decisiones como esta y centra sus argumentos en el informe que se suscribió en marzo de 2024, cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que consideró que la amnistía del procés era inconstitucional.
Así pues, la Abogacía del Estado considera que este informe acredita que Macías "tuvo un extenso conocimiento del litigio cuando era un cargo público y formó opinión junto con el resto de vocales que entonces conformaban el órgano de gobierno de los jueces en detrimento de la debida imparcialidad".
Macías había ocupado un cargo público
Según considera la Abogacía del Estado, el caso del magistrado Macías se ve reflejado en el apartado decimosexto del artículo 219 de la Ley orgánica del poder judicial sobre los motivos de recusación de jueces y magistrados, que dicta que se tiene que apartar del procedimiento a aquel juez que haya ocupado un "cargo público o administrativo", en el caso de Macías era vocal del CGPJ, "con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la imparcialidad debida".
Macías no se apartará voluntariamente
Por su parte, el magistrado José María Macías ha rechazado apartarse voluntariamente del debate de la amnistía, en contra de lo que ha hecho el progresista exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El pasado 3 de septiembre, el exministro presentó un escrito al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, donde le comunicaba su abstención de las deliberaciones de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía. Campo, encargado de los indultos en su etapa de ministro, se había pronunciado en contra de la constitucionalidad de la amnistía. En su escrito, Campos justificaba su renuncia a participar en las deliberaciones por lo que establecen los artículos 22 y 80 de la Ley del TC y 217 y 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula como causas de abstención, entre otros, "tener interés directo o indirecto en la causa". Macías, por ahora, parece que no se lo plantea. Por eso, para la Abogacía del Estado, el magistrado Macías está contaminado para pronunciarse sobre la amnistía por haber suscrito aquel informe.
Además de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí han recusado a José María Macías en los recursos de amparo que los tres tienen pendientes en el TC a raíz de la causa del 1-O. Sostienen que Macías ha perdido toda imparcialidad exigible a un juez porque los ha comparado con los nazis", se ha definido como "amigo del juez Llarena" y mantiene una "guerra abierta" contra la amnistía.