La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que revise la condena de 13 años de prisión e inhabilitación que se impuso al exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya y líder de ERC, Oriol Junqueras, y la sustituya por una pena de 7 años de inhabilitación absoluta tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación. En un escrito los servicios jurídicos de la Administración se han dirigido a los magistrados del tribunal que juzgaron la causa del procés y que impusieron la condena de 13 años de prisión e inhabilitación a Junqueras por el delito de sedición en concurso medial con malversación. El Supremo había dado 8 días a las defensas y a las acusaciones para que se pronunciaran sobre el impacto de la reforma penal en las condenas fijadas en octubre de 2019.
Del mismo modo, solicita al Supremo que rebaje las condenas de inhabilitación a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (6 años y 6 meses), a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (4 años), a los exconselles Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (6 años y 9 meses), así como a Joaquim Forn y Josep Rull (6 años y 3 meses).
En un escrito de 39 folios, la Abogacía ha considerado pertinente rebajar la pena de inhabilitación de Junqueras a 7 años, "atendiendo a las penas previstas en el artículo 433 del Código Penal, con el que se castiga el uso del patrimonio público a fines diferentes al que estuviese destinado, y el 557.2, relativo a los desórdenes públicos" al apreciar "el concurso medial entre ambos delitos". El tribunal del procés deberá revisar las penas impuestas en 2019 para aplicar el Código Penal más favorable a los condenados, tal y como fija la propia norma en su artículo 2. Aunque el Supremo ha emplazado a las partes a que se pronuncien, será el tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, quien decida finalmente cómo queda la sentencia.
La versión de la fiscalía del Supremo
Este miércoles, precisamente, la fiscalía del Tribunal Supremo presentó un escrito donde reclama que no se rebajen las penas de inhabilitación impuestas a Oriol Junqueras (13 años), Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12) fruto de la reforma del Código Penal. Según la fiscalía, a pesar de la derogación del delito de sedición, el tribunal puede mantener las inhabilitaciones tal como quedaron a la sentencia del procés porque su duración entra en la horquilla prevista para el delito de malversación agravada que les atribuye (entre 10 y 20 años). En cambio, la Fiscalía sí que abre la puerta a rebajas al resto de condenados del procés.
La Fiscalía posiciona de esta manera en respuesta a la petición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que pidió en las partes que enviaran sus escritos antes de decidir como afecta la reforma del Código Penal a las inhabilitaciones de los condenados del procés. Los fiscales del juicio del procés, Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, argumentan que las actuaciones de Junqueras, Romeva, Turull y Dolors Bassa son constitutivas del delito de malversación agravada que consta en los artículos 432 y 432 bis del nuevo Código Penal.