La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha destituido al abogado jefe del departamento penal, Edmundo Bal, que era el responsable de defender la posición del Estado en el juicio del caso 1-O, en el cual veía rebelión. Con esta destitución, el gobierno español se asegura que la Abogacía, órgano controlado y guiado desde el Ejecutivo, mantenga la acusación sólo por sedición.
Castro cesa a Bal por pérdida de confianza y después de un desacuerdo sobre las acusaciones en el juicio del procés. Bal defendía acusar a los líderes independentistas de rebelión, pero la Abogacía optó por limitar su acusación a sedición y de malversación.
El cargo de abogado del Estado jefe de lo penal es un cargo de confianza que depende de la abogada general. Castro, que dirige la Abogacía desde el cambio de gobierno y la llegada de Dolores Delgado al Ministerio de Justicia, tiene que buscar ahora a un abogado que defienda el escrito de acusación.
¿Un gesto de Sánchez?
La Abogacía del Estado presentó la acusación, discrepando del criterio de la fiscalía que sí que incluyó el delito de rebelión, tal como defendía Bal. A la práctica, la petición de la Abogacía representaría una pena más suave, pero igualmente larga: 14 años en lugar de 20.
El gobierno español negó en todo momento que la acusación más leve que la de la fiscalía fuera un gesto hacia los independentistas. Ahora, esta destitución podría leerse como otro movimiento de Sánchez. De momento, sin embargo, nadie se ha pronunciado al respecto.