Un debate jurídico enriquecedor y oportuno. Los magistrados Miguel Pasquau y Guillem Soler junto con el abogado Gonzalo Boye han diseccionado y constatado que el uso torcitero de las leyes se sigue aplicando contra el independentismo catalán, conocido como lawfare (traducido como persecución judicial, judicialización de la política o instrumentalización de la justicia) en un debate, moderado por el abogado Jordi Flores, de casi tres horas este jueves por la tarde, en el Ateneu Barcelonès. La Coordinadora de la Abogacía de Catalunya y la asociación de jueces Ágora Judicial los ha invitado para debatir la ponencia Principio de protección a las minorías nacionales: Grupo Objetivamente Identificable de Personas (GOIP).
Los ponentes también han valorado la ley de amnistía, de plena actualidad, ya que este jueves mismo, el PSOE con Junts, además de ERC, han anunciado que la tiraran adelante y que se incluye en el pacto de investidura de Pedro Sánchez y que en la próxima semana se presentará en el Congreso de los Diputados. "Ojalá la ley de amnistía se hubiera presentado antes y no para una investidura. Y me habría gustado leer qué dice el TEDH", ha declarado abiertamente Miguel Pasquau, magistrado del TSJ de Andalucía y catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Granada, haciendo referencia a que la ley de amnistía puede hacer decaer las sentencias pendientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos planteadas por los independentistas catalanes sobre vulneración de derechos.
Antes, Soler ha agradecido públicamente a su colega, que fuera una de las pocas voces críticas en el colectivo de la magistratura cuando se acusó a los líderes catalanes de rebelión por el Procés. Con respecto a la amnistía, Boye ha defendido que se debe esperar al redactado final, pero "lo más importante es que beneficie al máximo número de afectados, incluido por lawfare". Sin embargo, el redactado del acuerdo político para despenalizar los casos judicializados contra independentistas catalanes por lawfare es ambiguo. Tanto es así que el PSOE, ante la queja de la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, ha aclarado que las comisiones del Congreso anunciadas en el acuerdo "no revisarán ninguna sentencia o fallo judicial".
Excepcionalidades jurídicas
Guillem Soler, magistrado de Barcelona y miembro de Ágora Judicial, ha expuesto con claridad como el anuncio de la negociación de la ley de amnistía ha provocado "una nueva excepcionalidad jurídica, es decir, una norma inesperada" para torpedear este acuerdo. Ha detallado claramente el caso del juez de la Audiencia Nacional del caso Tsunami Democràtic, que ahora ha incluido en la investigación por terrorismo al president Carles Puigdemont, además de querer atribuir la muerte de un ciudadano francés por un ataque de corazón a los investigados. En este caso, Boye ha usado su ironía y ha dicho que el juez ha aplicado "cardioterrorismo", a pesar de añadir que "en los casos de terrorismo no hay muertes, sino asesinatos".
El juez Soler hace meses que detalló hasta 10 excepcionalidades jurídicas hacia la causa de los independentistas catalanes. La más grave: acusar a los líderes políticos de rebelión para poder inhabilitarlos antes de juzgarlos, y después condenarlos por sedición. "Con la ley de amnistía, la partida no ha acabado, seguro de que habrá reacción jurídica," ha expresado Soler sin pelos en la lengua.
GOIP, desde fuera
Con respecto al término GOIP, los tres juristas han admitido que hay que darle forma, que "está verde", en palabras de Soler. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el 31 de enero pasado, respondió en sentencia al juez Pablo Llarena que todo país de la UE debe respetar las órdenes de detención y entrega de una persona que le pide otro socio comunitario, excepto si se producen vulneraciones de derechos de forma sistémica en el país emisor y también si están dirigidas contra un Grupo Objetivamente Identificable de Personas (GOIP). Un concepto que aplaudieron los abogados de los líderes catalanes, que habían insistido en este uso desviado de las leyes cuando se trata de casos del independentismo catalán.
"Catalunya no es una minoría nacional, es una nación, pero es minorizada", ha afirmado Boye, que ha expuesto que en sus pleitos ha incluido el concepto GOIP, aunque no sea en casos de euroórdenes, para que llegue a los tribunales europeos. Boye es el abogado del president Puigdemont, de su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, que el próximo febrero será juzgado por unos gastos por un viaje a Nueva Caledonia en nombre del president, y también de la presidenta Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de prisión y a quien el mismo TSJC propone que sea indultada.
Para el magistrado Pasquau, el concepto GOIP tiene que venir a reforzar "el garantismo judicial, el cual tiene que ser de forma exagerada." Ha expuesto que los supuestos casos de lawfare o cierto sesgo "no se ven desde dentro de los tribunales mismos" a los cuales se acusa de cometer, como al Tribunal Supremo por la causa del Procés, y ha apuntado que "debe haber una distancia para verlos", es decir que sean tribunales de fuera del Estado, como el TEDH. "Los derechos necesitan un juez, el poder no", ha sentenciado el magistrado.
Para modificar este sesgo contra el independentismo, Soler ha defendido que "hay que exigir cultura democrática, más que apelar a la Constitución" y Boye ha apostado por "no solo limpiar la mesa, sino también revisar la estructura". Los tres juristas han compartido que el Poder Judicial no puede ser el único que no tenga un control externo.
