El abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, se ha inhibido sobre la consulta de la delegada instructora del máximo órgano fiscalizador del Estado, Esperanza García, relativa a la legalidad del aval del Institut Català de Finances a 29 de los 34 ex altos cargos de la Generalitat a los cuales el Tribunal de Cuentas les ha exigido fianzas de 5,4 millones de euros.
Según explica el diario 'ABC', el abogado considera que podría existir "un posible conflicto de intereses" porque la Abogacía del Estado también ha formado parte de la causa y ahora se le pide que elabore este informe sobre los avales. Hay que recordar que la Abogacía acabó retirándose del caso y no presentó denuncia. Eso sí, lo hizo porque la propia doctrina del Tribunal de Cuentas establece que la Abogacía no tiene legitimidad para hacer la denuncia al tratarse de fondos públicos autonómicos, no estatales.
García Monteys ha expresado en un informe que pasa la pelota a la jefa de la Abogacía General del Estado, Consuelo Castro. El abogado insta a Castro a responder "a la mayor brevedad posible".
Las dudas del Tribunal de Cuentas
Días después de que el conseller de Economia i Hisenda, Jaume Giró, explicara que el Govern creaba un fondo complementario de riesgos para cubrir las fianzas que se impongan a cargos públicos de la Generalitat, el ejecutivo trasladaba que finalmente el Institut Català de Finances sería la entidad que se haría responsable de avalar a los 34 ex altos cargos a los cuales el Tribunal de Cuentas les reclamaba fianzas millonarias.
Ante esta decisión, la delegada instructora del órgano fiscalizador del Estado planteaba sus dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de esta operación y no anunciaba ninguna decisión al respecto, sino que registraba una solicitud a la Abogacía del Estado a fin de que esta institución elaborara un informe sobre la cobertura legal del aval. Esperanza García manifestaba en el escrito que, específicamente, lo que quería saber es si el Govern "puede o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia Administración autonómica perjudicada".
En paralelo, sobre el fondo creado por el Consell Executiu, desde el Tribunal de Cuentas preguntaban a la Abogacía del Estado si, en relación con el principio de indemnidad (que implica que ningún servidor público se pueda ver perjudicado a consecuencia del ejercicio de sus tareas en el cargo que ocupa), "la concurrencia de dolo o culpa grave en las personas de los presuntos responsables contables" se encuentra amparada por este fondo o simplemente está previsto cuando no concurren imputaciones contables por dolo o culpa grave.
A pesar del informe que este miércoles ha emitido el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, y a la espera de la posible respuesta que ahora se le exige a la máxima responsable de la Abogacía General del Estado, Consuelo Castro, será el Tribunal quien, en última instancia, tendrá que decidir al margen de las valoraciones que haga la Abogacía, dado que los informes no tienen carácter vinculante.
Imagen principal: Fotografía de archivo de Consuelo Castro, jefa de la Abogacía General del Estado. Europa Press.