Nuevo capítulo en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Los abogados del empresario han denunciado un hackeo en el sistema informático del bufete con el objetivo de robar los correos electrónicos intercambiados con su cliente. El ataque se habría producido la tarde del martes, 2 de abril, y ha sido comprobado por un perito informático, quien después de analizar preliminarmente los sistemas determinó que "se había sido objeto de un ciberataque". El hackeo se habría producido en los ordenadores del penalista y fiscalista que lideran la defensa penal y la inspección final de Alberto González. Ante esta presunta intromisión en las comunicaciones personales, la defensa de la pareja de Ayuso ha presentado una denuncia a los juzgados de guardia de la Plaza de Castilla de Madrid.
Ataque informático
La defensa entiende qué los hechos son constitutivos, al menos, de un delito de revelación de secretos, afectando a los derechos fundamentales de González, a la intimidad, a la protección de datos de carácter personal y al derecho de defensa. La denuncia se interpone poco después de que la pareja de Ayuso presentara una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Santo, por la difusión de una nota informativa que detallaba el cruce de correos entre su letrado y el fiscal en la causa en la cual se le investiga por un presunto fraude fiscal.
El escrito judicial apunta que el hackeo se produce en el marco de su asesoramiento profesional para el intercambio de información y documentación. Relata que "las dos cuentas de correo recibieron en la mañana del 2 de abril, a las 11:39 horas, un correo electrónico enviado desde el correo personal de Alberto González Amador, correo que fue respondido a las 12:11 horas". "Unas horas después de haberse recibido y respondido el correo, durante la tarde del día 2 de abril, estos correos desaparecieron de los sistemas informáticos para, pasadas de seis horas, reaparecer en los sistemas, ya el día 3 de abril, a las 00:09 horas", recoge la denuncia. Según detalla el abogado, estos hechos fueron puestos en conocimiento del perito informático. De esta manera, el hackeo había afectado los correos mencionados del día 2 de abril de 2024, "no teniendo trascendencia en el resto de correos ni buzones corporativos". "El ciberataque habría consistido en retirar la información de los mails de los sistemas —presuntamente para su descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con centenares de páginas— y posteriormente volver a ser entregado al buzón de correo de los usuarios, no levantando de esta manera sospechas sobre las actuaciones hechas," señala el texto judicial.
Ayuda a Microsoft
La denuncia apunta que los "abogados penalista y asesor fiscalista de Alberto González, usan como proveedor de servicios, a Microsoft para el intercambio de información y documentación", y que precisamente, por esta razón se ha solicitado ayuda Microsoft para que facilite "cuánta información disponga almacenada sobre lo sucedido en relación con el funcionamiento de los servicios de correo electrónico", pudiendo de momento garantizarse que "los correos fueron entregados, posteriormente eliminados y vueltos a entregar (simulando haber tenido una única entrega)".
El abogado señala que "este tipo de técnicas son por lo común utilizadas cuando uno tercero quiere acceder a determinada información hackeando un sistema y dejando el mínimo rastro técnico posible del acceso, y por eso acceden, trasladan la información para su consulta y la vuelven a dejar en el sistema".
Intervención del equipo de Ayuso
A pesar de que la presidenta madrileña ha querido marcar las distancias con el caso de su pareja desde el inicio de la investigación, su equipo contradice esta versión. El jefe de prensa de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, José Luis Carreras, ha enviado un mensaje a varios medios de comunicación informando del hackeig. La información lo ha transmitido a través de su móvil personal e incluso, en esta comunicación, señala que "comprobado por perito informático, el sistema de entrada es muy sofisticado y solo al alcance de los Estados". Una acusación que no aparece reflejada en la denuncia de la defensa de Alberto González.