La fecha del pistoletazo de salida de la Operación Pika no es casual. El equipo de abogados del expresident del Govern Artur Mas es el mismo que tendrá que estar presente en esta causa, motivo por el cual, en caso de que mañana empiecen a declarar, no tendrán tiempo para preparar el juicio por su actuación en la consulta del 9-N que se celebrará el próximo lunes y se alargará a toda la próxima semana.
Además, esta operación tiene lugar justo al día siguiente de que el gobierno español haya destapado sus planes para impedir la realización de un referéndum en Catalunya.
Mas, Joana Ortega y Irene Rigau están acusados de haber desobedecido intencionadamente el TC e intentar hacer creer que habían dejado la organización de la consulta del 9-N en manos de voluntarios: "Generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así", dice el escrito de acusación. Y asegura que "los acusados eran plenamente conscientes de que con eso rompían el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional".
El ministerio público reclama, además, a Mas una indemnización de 36.000 euros y a las conselleres de 30.000. En el cierre de la instrucción el juez ya retiró el delito de malversación de dinero público que pedía la Fiscalía y que era el que comportaba la pena más alta, más grave y más ejemplarizante: la prisión.