Nueva ofensiva judicial contra la ley de amnistía. En este caso, directamente contra los partidos que la han acordado, PSOE, Junts y ERC, y contra el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López. El ataque llega en forma de querella presentada en la Audiencia Nacional por Abogados Cristianos, que acusa a las tres formaciones de “impedir la ejecución de numerosas resoluciones judiciales, dictadas por los jueces y tribunales competentes en el ejercicio de la potestad jurisdiccional” y de un delito de tráfico de influencias. La querella, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, sostiene que la amnistía es una forma de “usurpar las funciones del poder judicial mediante la falsa apariencia de legalidad de la vía parlamentaria” para aprobar una ley que nace de un “pacto fraudulento” y que “solo persigue los intereses particulares de los partidos querellados” para “obtener la impunidad de los hechos delictivos”. El texto sostiene que la amnistía “no es más que un indulto generalizado encubierto”.
La querella esgrime que “es un hecho objetivo que la entraña de los acuerdos suscritos” entre el PSOE y los partidos independentistas “no persigue lo que han llamado «desjudicializar el conflicto del Estado con Catalunya»”, sino que “consiste en obtener votos para el candidato del PSOE a la sesión de investidura”. Para los denunciantes, eso es un pacto con “causa ilícita y nulo de pleno derecho” para “favorecer a delincuentes y no la solución a ningún conflicto” en el que los tres partidos “se han concertado expresamente para impedir que los órganos jurisdiccionales competentes ejecuten las resoluciones judiciales dictadas en el ámbito de sus competencias en relación con los delitos cometidos por los afiliados y simpatizantes” de ERC y Junts. Para Abogados Cristianos, la amnistía “solo sirve” para que “un grupo de ciudadanos puedan eludir la acción de la justicia, bajo el disfraz de que se persigue buscar posibles soluciones a un supuesto conflicto político”.
La querella habla del delito tipificado en el artículo 508.1 del Código Penal, que es el que comete “la autoridad o el funcionario público que se arrogue atribuciones judiciales” o “impida ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente”. Como los tres partidos no son autoridades, el escrito plantea que han contado con “la cooperación de uno tercero revestido de autoridad”: Patxi López. Así pues, para impedir la ejecución de las resoluciones judiciales, los querellados “han ideado una sucesión de hechos delictivos, pactados por escrito y publicados sin rubor”. Además, la querella plantea el delito de tráfico de influencias por la “influencia ejercida” por el PSOE sobre Patxi López (reconoce que los dos tienen una “relación de afinidad política e ideológica”) y porque, en opinión de los denunciantes, los actos están “dirigidos a obtener una resolución beneficiosa económicamente”.
Denuncia una orden “claramente irregular” del fiscal general del Estado
Asimismo, la querella sostiene que la orden que dio la Fiscalía General del Estado en noviembre para recopilar la información sobre las causas a las que podría afectar la amnistía es “claramente irregular”. El escrito esgrime que estos hechos constituyen “una clara cooperación a las finalidades denunciadas” en la querella y “otro posible indicio de criminalidad”. Abogados Cristianos argumenta que cuando Álvaro García Ortiz hizo esta petición, la amnistía “no estaba ni aprobada ni admitida a trámite parlamentario” y que, por lo tanto, el fiscal general “no estaba actuando en ejercicio de sus funciones legalmente establecidas, ya que no existía ninguna ley que justificara la petición de información”.
Las comisiones de investigación del Congreso son una “clara violación” de la independencia judicial
Finalmente, Abogados Cristianos tampoco se ahorra reproches hacia las comisiones de investigación que se han constituido en el Congreso sobre la operación Catalunya, los atentados de agosto de 2017 y el espionaje con Pegasus. El escrito sostiene que son una “clara violación” de la independencia judicial, una “flagrante usurpación” de las funciones del poder judicial y “contrarias” a la separación de poderes y a la esencia de un estado democrático de Derecho.