El abogado de Meritxell Serret y Toni Comín, Gonzalo Boye, y el de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ven los procesos judiciales de los políticos catalanes como un "litigio estratégico" europeo. Alonso-Cuevillas considera que "aquello que pase fuera tendrá efectos en lo que pase dentro" y por esta razón cree que se tienen que centrar en resolver los "cuatro litigios" en juzgados europeos para conseguir mejoras en el resto de procesos judiciales abiertos al Estado español.
En esta línea, Boye ha pedido "paciencia" y que, cuando se hayan resuelto las euroórdenes que hay activas, trabajen "todos juntos" por el "problema", que según el letrado "está en Madrid". Los dos abogados han coincidido en una mesa redonda durante el primer Congreso Catalán en defensa del Estado de Derecho que ha organizado Òmnium Cultural.
En este acto también ha participado el abogado de Anna Gabriel, Olivier Peter, quien ha afirmado que los juzgados españoles han iniciado "una batalla que va más allá del caso catalán", ya que "lo que pasa aquí podría ir más allá en otras capitales europeas". Peter, sin embargo, ha recordado que en Suiza "no habrá extradición si es un delito político".
De hecho, el abogado de Gabriel cree que "la batalla de relatos" sobre si hubo violencia o no, "no significa que se permita la extradición", ya que se tendría que justificar una violencia equivalente a crímenes de guerra o atentados terroristas para que la justicia suiza acabe permitiendo que Anna Gabriel o Marta Rovira sean devueltas al estado español.
También se ha referido la profesora de Derecho Internacional y Derechos Humanos en Ginebra, Neus Torbisco, cuando ha asegurado a que un "delito político no puede existir en una democracia porque no hay delito en el ejercicio de los derechos humanos" y por eso Torbisco ha apuntado que aunque los delitos políticos sigan presentes en muchos códigos penales, casi nunca se aplican, ya que la mayoría de actos que forman parte del delito "hemos pasado a reconocerlos como derechos de protesta y manifestación".
Torbisco también cree que el estado español ha demostrado "una fragilidad" con la judicialización del caso catalán porque se ha convertido en "un estado que no puede debatir a las esferas correspondientes a un asunto político" y por eso cree que la muestra de esta "fragilidad" es el uso de la "represión".
Alonso-Cuevillas también ha afirmado que el auto enviado por el juez Llarena a los tribunales alemanes era "técnicamente infumable" aunque se esperaba "una obra de ingeniería". Por eso se ha mostrado "optimista" con los cuatro casos abiertos en tribunales europeos, ya que "los hechos que describe la malversación no hay por donde cogerlo".
Tanto Alonso-Cuevillas como Boye han marcado el mes de agosto como límite para ver como se resuelven los diferentes casos abiertos pero ha avanzado que posiblemente se presentará de aquí a poco "una iniciativa por canalizar las ganas para hacer alguna cosa efectiva" enfocada a la ciudadanía, aunque no ha querido dar detalles y se ha querido desvincular de la propuesta.