El juzgado de lo penal 25 de Barcelona ha absuelto del delito de desórdenes públicos a la activista de los CDR Tamara Carrasco. La Fiscalía pedía una pena de siete meses de prisión e inhabilitación especial por el ejercicio del derecho de sufragio durante la condena, pero este martes los tribunales han rechazado esta petición.

"Resulta absolutamente imposible determinar cuándo se produce la incitación a cometer desórdenes públicos en una manifestación o reunión numerosa, y resulta evidente que en el mensaje remitido por la acusada no se da ninguna consigna de este tipo", indica la jueza. Así, considera que las acciones de los CDR no fueron ilegales.

El caso de Carrasco

Carrasco fue detenida en abril del 2018 e inicialmente fue investigada por la Audiencia Nacional por rebelión y terrorismo. En noviembre del mismo año el magistrado de la Audiencia Nacional Diego De Egea decidía enviar el caso a los juzgados catalanes por un delito de desórdenes públicos.

Sin embargo, mantuvo sobre Carrasco la obligación de estar confinada en su municipio. Seis meses más tarde, la Audiencia de Barcelona acordó que fuera el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona y no el juzgado de instrucción número 1 de Gavà quien se hiciera cargo de la causa contra Carrasco.

A finales de mayo de 2019, después de más de un año, el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona ordenaba el levantamiento del confinamiento de Carrasco.

La causa de Adrià Carrasco, todavía pendiente

Sin embargo, todavía queda pendiente de resolver el caso de otro activista de los CDR que se marchó a Bélgica después de ser acusado como Tamara: Adrià Carrasco. A La Guardia Civil la iba a detener en su domicilio de Esplugues el mismo 10 de abril, pero el activista se pudo escapar justo cuando los agentes estaban en la puerta de su casa y huyó a Bélgica.

 

Se dictó una orden de búsqueda y captura, pero igual que con Tamara, la Audiencia retiró los cargos por terrorismo y se inhibió en favor de los juzgados decanos de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. El juzgado de instrucción número 24 de Barcelona asumió el caso de Tamara, pero remitió el caso de Adrià a los juzgados de Granollers y Vilanova i la Geltrú por los cortes de los peajes de la Roca del Vallès, en la AP-7, y de Vallcarca, en la C-32, respectivamente.

Por otra parte, los Mossos d'Esquadra, la policía española y la Guardia Civil han hecho desde el otoño del 2017 varias detenciones de miembros de los CDR por desórdenes públicos al cortar carreteras o vías de tren, y en algunos de estos casos después de que los investigados no se presentaran voluntariamente a declarar ante la policía o el juzgado.