Justo cuando la situación estaba lo bastante calmada, ha irrumpido Vox para volver a poner de manifiesto que el debate del aborto no está superado en el estado español y que sus dos principales partidos, PSOE y PP, tienen diferencias sobre la cuestión. Esta vez ha sido un vicepresidente ultraderechista quien ha encendido la polémica, para querer que las mujeres tengan que escuchar el latido del corazón del feto que llevan dentro del vientre antes de poder abortar, pero durante décadas los populares y los socialistas han protagonizado la pugna sobre la legislación de la interrupción del embarazo. Un conflicto eterno con los derechos de las mujeres como cuestión de fondo.

No fue hasta diez años después de la muerte de Francisco Franco que España no legisló por primera vez el aborto. En 1985 se despenalizó la interrupción del embarazo de manera voluntaria, pero solo si se cumplían tres supuestos: un riesgo para la salud de la mujer, una malformación en el feto, o que el embarazo se había producido a causa de una violación.

El caso, sin embargo, es que Coalición Popular, de la que formaba parte Alianza Popular —el embrión del PP—, votó en contra. Bueno, no solo votó en contra, sino que se la tachó de "monumento a la hipocresía". En 1985 los populares ya recurrieron al gran protector Tribunal Constitucional. A pesar de no tumbar la ley, el tribunal de garantías sí que concluyó que algunas partes del texto se tenían que modificar.

En 2010 el PSOE promovió una nueva ley sobre el aborto, este vez más progresista y con voluntad firme de respetar los derechos de las mujeres: ya no se ponían prácticamente condiciones y un embarazo se podía interrumpir si este no superaba las 14 semanas. Sí que hubo, sin embargo, un elemento muy polémico, donde se concentró sobre todo la disputa con el PP. Los socialistas querían —y así lo hicieron— que las chicas de 16 y 17 años pudieran abortar sin consentimiento de los padres. Ahora bien, los progenitores de estas chicas tenían que ser informados sobre el aborto en cuestión.

Aparte de votar en contra y de manifestarse de la mano de la Iglesia, en junio de aquel año el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Los populares impugnaron varios preceptos. Entre ellos, lo que prevé la posibilidad de abortar en las primeras 14 semanas por decisión libre de la mujer. El recurso se presentó en 2010, y aunque parezca mentira, estamos en 2023 y el tribunal de garantías todavía no ha resuelto sobre esta cuestión.

Dos años después de que el PP de Mariano Rajoy consiguiera la mayoría absoluta, calentó los motores para modificar otra vez la ley del aborto, con el fin de hacer marcha atrás y dirigirse hacia la de 1985. Pero la sociedad española ya había cambiado y el intento de recortar derechos de las mujeres originó una enorme crispación, que se resolvió con la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Rajoy, sin embargo, prometió modificar la ley del aborto, pero se tradujo solo en una pincelada: las menores de 16 y 17 años no solo tendrían que informar a sus padres de su intención de abortar, sino que tenían que contar con su consentimiento. El ejecutivo actual de Pedro Sánchez, sin embargo, ya ha dejado bien claro que quiere revertir esta medida que hizo el anterior inquilino de La Moncloa.

Ahora bien, nada hace sospechar que las cosas se mantengan de forma pacífica. El anterior líder del PP, Pablo Casado, anunció cuando hacía poco que lideraba el partido que su intención era devolver a la norma de 1985. Ya con Alberto Núñez Feijóo al frente de Génova, el partido afirmó que mantenía los mismos criterios que la anterior cúpula. "Creemos que es un error utilizar el aborto para dividir a la sociedad", dijo el presidente de los populares; aparte de dar a entender que la posición del partido dependerá también del pronunciamiento que haga algún día el Tribunal Constitucional sobre el recurso del 2010.