La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al ex director adjunto operativo (DAO) de la policía Eugenio Pino y al inspector jefe Bonifacio Díez de los delitos por los que fueron juzgados por la obtención de un pendrive con información de la familia Pujol de procedencia presuntamente ilícita.
El tribunal reprocha a Pino una conducta "alejada de un correcto actuar profesional" y afirma que su "oscurantismo" sobre el origen de la información "puso en serio riesgo de contaminación la investigación sobre Jordi Pujol Ferrusola" desarrollada en la Audiencia Nacional y que el juez acaba de cerrar con el procesamiento de toda la familia.
Los magistrados concluyen que Pino "faltó gravemente a los deberes de lealtad de la policía judicial para con la investigación procesal", pero determinan que no cabe una condena porque que "se desconoce "quién, cómo y cuándo accedió a la totalidad de la ‘vida informática’ de Jordi Pujol Ferrusola" y "cómo y a través de quién llegó" esa información a poder del DAO, de modo que no está probado que usara su cargo para hacerse con él.
Pino y Díez fueron juzgados por delitos de revelación de secretos, falso testimonio y estafa procesal en una causa en la que la Fiscalía pidió la absolución, pero en la que Podemos llegó a pedir 10 años de prisión para el exjefe operativo de la policía, al que considera uno de los responsables de la denominada "policía patriótica" cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior.
La familia Pujol, a juicio
La pieza principal del caso Pujol ya ha quedado vista para juicio. Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha cerrado la instrucción. En su auto, el magistrado ha propuesto enviar a juicio a todos los miembros de la familia del expresident de la Generalitat por entender que "formaron una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmesurado directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".
En el auto, de 509 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.