Absueltos una década después de ser denunciados y detenidos. La Audiencia de Tarragona ha absuelto el exalcalde convergente de Torredembarra Daniel Masagué y 9 personas más (entre ellos cinco concejales), acusados por la Fiscalía de Anticorrupción de los delitos de malversación y prevaricación por el alquiler de dos locales a dos empresas con fondos públicos en el 2011 y 2014. El caso Torredembarra derivó en el caso 3%, de financiación irregular de CDC, que la Audiencia Nacional aún tiene pendiente de juzgar. La Guardia Civil detuvo Masagué cuando era alcalde el 2014 por irregularidades en la contratación de la consultora Efial, y de aquí el juez del Vendrell, abrió distintas piezas, como la contratación de los dos locales, uno de los cuales fue destinado a la comisaría de la policía y la del 3%.
En la resolución, comunicada este jueves por el gabinete de prensa del TSJC, la sección 4.ª de la Audiencia de Tarragona afirma que "resulta del todo imposible identificar la concurrencia de los delitos contra la Administración Pública" porque "no ha quedado probada una irregularidad administrativa en la tramitación de los expedientes. Anticorrupción pedía 4 años y 6 meses de prisión para el exalcalde de CDC a más de 16 años de inhabilitación en cargo público.
Todos los acusados, absueltos
Además del entonces alcalde, el tribunal también ha absuelto a los concejales José Oviedo (PP), Juan Pérez (ADT), Santi Ardèvol (CiU), y Pere Font (CiU); a la jefa de contratación municipal, Montserrat Córcoles; el coordinador de Urbanismo, Jaume Vila, y el ingeniero municipal, Vicenç Ruiz, además de los responsables de los locales y sus mercantiles UTILLAJES RAFAEL ONIEVA, S.L, DICA TORREDEMBARRA, S.L y VICSAN GESTIÓN PATRIMONIAL, S.L, en las cuales el consistorio contrató sus locales. En el juicio, la Fiscalía retiró la acusación a la entonces concejala Francisca Felguera (UDC) y a Xavier X. T.
Tumbada la tesis de Anticorrupción
Los contratos fueron denunciados a la Oficina Antifraude de Catalunya, después de recibir informes municipales en contra. En concreto, por el local de la calle Garraf -que es la actual comisaría- se pagó 222.759 euros, y por el local de la calle Riera Gaià -que tenía que ser un centro cultural, pero hacían falta reformas y no se ocupó, se abonó 107.708 euros. Según los dos fiscales anticorrupción, José Grinda y Fernando Bermejo, los acusados actuaron "a sabiendas" que los dos contratos eran "tan contrarios a la ley como la pérdida de dinero del Ayuntamiento”.
El tribunal de la Audiencia de Tarragona -formada por los magistrados Mª Concepción Montardit Chica, presidenta, Antonio Fernández Mata y Jorge Mora Amante- contradice ahora la tesis de los fiscales de Anticorrupción. "Como se ha venido repitiendo a lo largo de toda esta sentencia, harto repetido también por la jurisprudencia y minuciosamente explicado por los peritos administrativistas, no todo lo irregular en el ámbito administrativo -de haberlo-, es constitutivo de delito; y, desde luego, no identificándose ese animus defraudatorio que, conforme a la tesis de las acusaciones, vendría a presidir todas las conductas en el seno de unos expedientes administrativos que tantos aspectos precisables abarcan pudiendo dar lugar a discrepancias o a diferentes interpretaciones, consideramos que, consecuentemente con ello, en modo alguno pueden conducir a las consecuencias penales pretendidas por las acusaciones pública y particular", manifiesta el tribunal.
Y, sin apreciar los delitos de malversación ni de prevaricación, el tribunal absuelve a los 10 acusados y a las dos emprendidas