Los exconsellers del 1-O Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila cumplen este miércoles con la pena de veinte meses de inhabilitación que les impuso el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional en el procés. El tribunal dará por liquidada en los próximos días la pena de Mundó, Borràs y Santi Vila, una vez transcurridos los veinte meses de inhabilitación y pagadas las multas a las cuales también fueron condenados.
Así pues, una vez extinguida la pena de inhabilitación, los tres exconsellers, que desde que fueron condenados por desobediencia trabajan en el sector privado, podrán volver a ocupar cargos públicos en cualquier ámbito.
El caso de Mundó y Borràs
En el juicio del 1-O, la Fiscalía pedía siete años de prisión para Mundó, Borràs y Vila por malversación y desobediencia, pero en su sentencia el Supremo descartó que destinaran fondos públicos al referéndum del 1-O, por lo cual sólo los condenó por el segundo delito, que no comporta penas de prisión.
Aunque acabaron siendo condenados únicamente a una pena de inhabilitación, Mundó y Borràs estuvieron en prisión preventiva durante más de un mes hasta que el Supremo los dejó en libertad provisional bajo una fianza de 100.000 euros. De hecho, los dos exconsellers fueron condenados a 60.000 euros de multa, pero el Supremo se la rebajó en 35.600 al descontarles el tiempo que estuvieron en prisión preventiva y las medidas cautelares que se les fijaron.
Actualmente, Carles Mundó, que fue conseller de Justicia, ejerce de letrado en el despacho Vallbé Advocats, Borràs trabaja desde octubre de 2018 como coordinadora de políticas corporativas de la Universidad de Vic y Vila dirige la compañía Aigües de Banyoles.
El caso de Santi Vila
Por su parte, Vila pasó sólo una noche en prisión, ya que después de prestar declaración como investigado pudo eludir la prisión pagando una fianza de 50.000 euros, por lo cual el Supremo rebajó su multa a 48.400 euros.
Mundó ha reclamado una indemnización de 19.409 euros al Ministerio de Justicia por los 33 días que estuvo en prisión preventiva por la causa del procés, que entiende que le causaron daños económicos, psicológicos y morales.