Miembros de la organización ecologista Greenpeace han bloqueado de madrugada las entradas al edificio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación exigiendo al ministro Luis Planas el cierre de las macrogranjas en España. Una veintena de activistas han bloqueado todos los accesos al edificio del ministerio, ubicado frente a la madrileña estación Puerta de Atocha, exigiendo el cierre de las macrogranjas y la reducción de la cabaña de ganadería extensiva en el país.

"Llevamos medio millón de firmas de personas que exigimos el fin de las macrogranjas. Es el momento de que Planas pase a la acción. El futuro del planeta y del agua pasa por cambiar el modelo agroalimentario", ha afirmado el responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace, Luis Ferreirim. 

"Cerramos el Ministerio de Agricultura hasta que el ministro cierre las macrogranjas. Nos anclamos en todos los accesos y vamos a resistir. Sacrificar cientos de millones de animales al año es cruel, envenena el aire, el suelo y, especialmente, nuestras aguas. ¡Basta!", se lee en un comunicado publicado por la organización en la red social Twitter. "¡No queremos ser la cuadra, la pocilga, el gallinero o el matadero de medio mundo!", ha añadido Greenpeace, que ha publicado varios vídeos en los que se ven a activistas colocando una plancha metálica en la puerta principal del ministerio y anclándose en las puertas laterales.

La organización ambientalista ha traído hasta el Ministerio de Agricultura una caja con medio millón de firmas en contra de las macrogranjas en el país, mientras que ha pedido a Planas que también firme la resolución. En tanto, la policía española ya se ha trasladado a las dependencias del Ministerio de Agricultura.

Greenpeace y la ley mordaza

Precisamente este martes, colectivos sociales como Amnistía Internacional, No Somos Delito o Greenpeace lamentaban "la oportunidad perdida" de reformar la ley mordaza al no lograr el respaldo de la mayoría de la Comisión de Interior y consideran que supone "una noticia pésima para los derechos humanos". En un comunicado conjunto, una decena de organizaciones lamentaban el fracaso de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que "ha impactado de forma muy negativa en el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y en los derechos de las personas migrantes y refugiadas durante los casi ocho años que lleva en vigor". "Su modificación era muy necesaria y algo reclamado desde hace años por diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Comisaria de Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, por su potencial represivo", recordaban.