ERC, Junts, CUP y comunes -con la celebración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)- han llegado a un acuerdo para elaborar una nueva ley catalana antidesahucios y superar así el veto que el Tribunal Constitucional declaró contra la primera norma. Así, han acordado un borrador para una nueva ley de emergencia habitacional, que tendrá que sustituir el decreto catalán de vivienda anulada hace un año. El alto tribunal tumbó el 28 de febrero el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, impulsada en el 2019 por el Govern, que obligaba grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.
Después de este veto los partidos han podido cerrar en ponencia conjunta un nuevo acuerdo que ha sido negociado con la PAH, plataforma que ha celebrado este nuevo acuerdo y lo ha situado como un nuevo paso adelante, y ha explicado en un comunicado que la nueva ley garantiza que se recuperarán las medidas de alquiler social anuladas por el TC. Una vez conseguido el acuerdo en la ponencia, ahora el texto será llevado a comisión parlamentaria, antes de que sea votado al lado de las enmiendas en el pleno del Parlament previsto para el 2 de febrero: "De hoy hasta la votación final, continuaremos atentas hasta que se apruebe y, después, exigiremos que se aplique desde el primer día al 100%. No permitiremos que los grupos que mantengan enmiendas torpedeen la ley".
La futura ley descarta el mecanismo del derecho a compensación para grandes tenedores, pero si que introduce medidas de fomento de alquileres sociales para evitar desahucios. También se promueve que, a cambio de frenar desahucios, los grandes tenedores no vinculados a bancos o fondos de inversión podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive una familia en riesgo a precio de protección oficial, quedándose estos como inquilinos con alquiler social. Es por eso que será la Generalitat, a través de la Agencia de Vivienda de Catalunya, quien asuma los alquileres de estas familias, ya sea a través de ayudas o como arrendataria de estas viviendas, una medida que fuentes parlamentarias consideran que puede incentivar a los propietarios intermedios a mantener pisos en alquiler. Entre las medidas del nuevo texto que se recuperan también están las renovaciones obligatorias de alquileres sociales de los grandes tenedores cuando llegan a su fin; o alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables después de la extinción de su contrato de alquiler.
Una negociación costosa
El diputado de ERC y ponente relator de la ley antidesahucios, Pau Morales, ha valorado en un hilo de Twitter como ha ido la negociación desde su inicio, de la cual ha destacado que fue costosa. Así explica como después de la suspensión del TC, entidades y partidos registraban el mes de junio la ley antidesahucios, una acción que se hizo a contrarreloj porque la caducidad de la moratoria de desahucios del Gobierno amenazaba con empeorar la situación. Morales explica cómo el trámite parlamentario chocó con la presentación de una serie de enmiendas de Junts y el PSC "que alteraban y aguaban el sentido inicial de la ley", y ha recordado cómo los trabajos y debates de la ponencia avanzaban poco a poco mientras el movimiento por la vivienda ejercía presión popular.
"Finalmente, sin embargo, se ha podido superar y, felizmente, la propuesta final que se llevará a votación es sólida, y recupera posiciones que se registraron inicialmente. Será útil a los objetivos planteados para garantizar el derecho a la vivienda", ha añadido Morales, que ha asegurado que es una apuesta por dar una respuesta valiente, útil y sujeta a la emergencia habitacional de miles de familias para asegurar que los grandes tenedores de vivienda cumplen con sus deberes y para ayudar a superar la actual situación.
Ocupación de la oficina de Puigdemont
Esta presión popular que menciona Morales llegó incluso a ocupar la oficina de Carles Puigdemont de Barcelona. El 10 de diciembre decenas de personas de la PAH la ocuparon para pedir al presidente que instara a Junts a retirar las enmiendas presentadas contra la ley. Desde la Plataforma explicaron que a pesar del compromiso inicial por esta ley, Junts decidió presentar once enmiendas que recortaban y debilitaban la proposición de ley. Así pues el acuerdo ha sido posible después de que Junts haya dejado de lado sus reticencias.
El doble objetivo de la formación de Carles Puigdemont ha sido evitar que familias vulnerables pierdan la vivienda y, al mismo tiempo, preservar los derechos de aquellos propietarios (a excepción de fondo de inversión e instituciones bancarias) que se encuentran con familias arrendatarias en situación de vulnerabilidad. La formación ha querido destacar en un comunicado que la propuesta no afecta grandes tenedores bancarios, filiales inmobiliarias de estas entidades, fondo de inversión y entidades de gestión de activos.
Por su parte, la diputada de los comunes Susanna Segovia, se ha congratulado del acuerdo llegado, a pesar de las reticencias de Junts, y ha querido poner en valor y agradecer la perseverancia y la capacidad de movilización de las organizaciones por el derecho a la vivienda: "Gracias a ellos, la ley antidesahucios catalana será pronto un hecho", y ha añadido que implica importantes avances en la protección de las personas más vulnerables amenazadas por desahucios.