Dos semanas después, hay fumata blanca. El Gobierno y Esquerra Republicana han llegado a un acuerdo para "garantizar el catalán en la ley audiovisual". Los republicanos han asumido que no se puede obligar a las grandes plataformas internacionales, como Netflix o HBO Max, a tener una cuota del catálogo en las lenguas cooficiales. A cambio, sin embargo, la formación independentista ha conseguido otras fórmulas. Por ejemplo, que se destinen unos 15 millones de euros a producción audiovisual en catalán, euskera y gallego, independientemente de donde tengan la sede. También la creación de un fondo de doblaje y subtitulado. A cambio, ERC garantiza la aprobación de los presupuestos también en el Senado.

Los equipos negociadores han partido de la base de que no se podía forzar a plataformas como Netflix a tener una cuota de su catálogo en lenguas oficiales, pero sí obligarlas a destinar parte de sus ingresos a financiar producciones en catalán, euskera y gallego. A partir de aquí se ha construido el acuerdo. Según el comunicado de los republicanos, "todas las plataformas que operan en el Estado, tengan la sede empresarial en el Estado o no, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán". El PSOE ha validado la fórmula porque sí encaja en la directiva europea, como ha confirmado su portavoz Héctor Gómez.

 

 

¿Cómo se concreta todo esto? En primer lugar, según el comunicado de los republicanos, "cada año se destinarán un mínimo de 15 millones" a la producción en catalán, euskera y gallego. Esta suma es una estimación que deriva de la obligación que establece el artículo 117 de la ley a las plataformas de financiar producciones independientes. Concretamente se exigirá que inviertan el 5% de sus beneficios declarados en producción audiovisual europea, unos 140 millones de euros para todas las plataformas en cifras de 2020. De este importe, el 70% (98 millones) tendrá que estar destinado a producción en lenguas del Estado y el 15% de este 70% (14,7 millones) en las lenguas cooficiales. Según ERC, este importe permitiría tener producciones como Merlí, Polseres Vermelles o Pa Negre cada año.

Esta obligación de producción anticipada puede realizarse de diversas maneras, ya sea a través de la participación directa en la producción de obras, a través de la adquisición de derechos de explotación o con una contribución directa al fondo de protección del Instituto de Cinematografía. Este dinero se suma al ya pactado durante la tramitación de los presupuestos en el Congreso: un fondo de 10,5 millones de euros para "incentivar la creación de contenidos audiovisuales" en las lenguas cooficiales. Se aprobó a través de una enmienda transaccional

Por otro lado, de forma complementaria, se establece la "creación de un fondo de doblaje y subtitulado que las plataformas tendrán que incorporar a sus catálogos". Según los republicanos, esto garantizaría que "el Juego del calamar de turno se doblara al catalán". Este fondo no se cuantifica en el comunicado.

El acuerdo anunciado por los republicanos también incorpora otras medidas en el ámbito audiovisual, como que el CAC sea el órgano de dirimir los conflictos en doblajes con las plataformas, que se incorpore la lengua de signos catalana o que se garantice que el mínimo del 15% de la producción de televisión lineal pública del Estado (RTVE) sea en catalán, euskera o gallego. Según los republicanos, eso implica "más ingresos para la producción audiovisual en lengua catalana". La cuota del 6% del catálogo en lenguas cooficiales pactada inicialmente queda solo para las plataformas radicadas a España.

 

Dos semanas de negociación

La polémica estalló ahora hace dos semanas, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley audiovisual y se filtró el elemento de la discordia: que la cuota del 6% de las lenguas cooficiales solo afectaba a las plataformas radicadas a España, como Filmin o Movistar, pero que en cambio quedaban fuera las grandes plataformas internacionales, como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video o Disney+. Eso llevó ERC a dar un golpe encima de la mesa y amenazar con tumbar los presupuestos del Estado en su tramitación en el Senado. Inmediatamente se volvieron a reunir los equipos negociadores, que durante los últimos días han estado intercambiando numerosos documentos para encontrar una alternativa.

Con este nuevo acuerdo, los republicanos van a permitir la aprobación de los presupuestos del Estado también en el Senado.