El texto que ERC ha hecho público sobre el acuerdo que ha cerrado con el PSC para votar a favor de la investidura de Salvador Illa aporta algunos detalles, sin demasiadas concreciones, sobre cómo se tiene que materializar el nuevo modelo de financiación que anunció ayer Esquerra. Los negociadores republicanos aseguraron que han acordado un nuevo modelo que saca a Catalunya del sistema común de financiación de las comunidades autónomas, una de las reivindicaciones históricas de Catalunya. El preacuerdo, sin embargo, mantiene también diferencias con el sistema de concierto del País Vasco y Navarra y no prevé un sistema como el cupo. La propuesta tendrá que ser ratificada por los militantes el próximo viernes en una consulta presencial y telemática.
El nuevo modelo se explica en cinco páginas de las 25 que contiene el acuerdo, y especifica que Catalunya se encargará de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Catalunya, salvo los locales; que lo asumirá "de forma progresiva" a través de la Agencia Tributaria; que habrá un "aumento sustancial" de la capacidad normativa tributaria con coordinación con el Estado y la UE; y que habrá una aportación al Estado por los servicios que presta a Catalunya y una aportación para la solidaridad entre territorios.
Porcentaje de los tributos
En este último punto plantea una diferencia sustancial con el concierto del País Vasco y Navarra, que mantiene una aportación al Estado a través del llamado cupo. Este cupo se renegocia anualmente a partir de una fórmula que se estableció en 1981 y sirve para financiar los servicios que paga el Estado por las competencias no transferidas.
En cambio, el modelo catalán, no prevé un cupo, sino que la aportación catalana a las finanzas del Estado se tendría que efectuar por dos vías: por una parte, "la aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos", mientras que habrá también una aportación a la solidaridad, que tendrá que ser explícita y debe reflejarse de forma transparente" y tiene que servir para facilitar que los servicios prestados a los ciudadanos del resto de los territorios del Estado puedan alcanzar un nivel similar "siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar".
En manos de Illa
El texto del preacuerdo admite que para implementar este nuevo modelo es "imprescindible" que el desarrollo de la hacienda catalana sea una "prioridad" para el próximo Govern, que en función del pacto debería quedar en manos de Salvador Illa, "con el objetivo de que esta administración alcance plena autonomía en la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos".
Para que la Agencia Tributaria asuma las funciones de liquidación, receptación y comprobación de las obligaciones tributarias, el texto prevé el traspaso de los medios humanos, económicos, materiales y tecnológicos.
Sin concreciones
No hay demasiadas concreciones en cuanto al calendario de implementación del nuevo sistema, más allá de señalar que el pacto deberá formalizarse durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat en relación al modelo de financiación. Estos acuerdos se tendrán que impulsar a través de las "modificaciones legislativas necesarias", que tampoco concreta, y cuando corresponda se trasladará a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat para su aprobación.
En estos acuerdos, aparte de la asunción de las funciones de la Agencia Tributaria para gestionar los impuestos y el "aumento sustancial" de la capacidad normativa de la Generalitat, también deberá "desarrollarse calendarizado el nuevo modelo de financiación", además de impulsar las modificaciones que correspondan —y que no se especifican en el texto— de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y de la ley de cesión de tributos.
El texto señala, como se adelantó el lunes, que el primer tributo al que se aplicará la reforma será el IRPF, a lo largo del año 2026. Además durante 2025 se tendrán que hacer propuestas sobre IVA PYMES e IVA arrendamientos turísticos.
Paralelamente, el preacuerdo señala la necesidad de "incrementar sustancialmente" recursos y compensar los desequilibrios que se han producido por la vigencia del actual modelo de financiación; garantizar el principio de ordinalidad; o la creación de un consorcio para hacer frente al déficit de inversiones.