Pacto in extremis que ha obligado a Pedro Sánchez a mover pieza. El acuerdo que el Gobierno ha cerrado con Junts para recuperar las medidas sociales del decreto ómnibus tumbadas la semana pasada incluye la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte público y las ayudas por la DANA, pero también incorpora medidas para combatir las ocupaciones delincuenciales. El pacto ha mantenido uno de los puntos que había levantado más polvareda los últimos días desde las filas populares: la cesión al PNV del palacete de París, que arrebató la dictadura franquista a la formación vasca. Sánchez ha aceptado también tramitar en el Congreso la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza que le reclama Junts.
Desde el mismo momento en que quedó tumbado el decreto ómnibus, Junts ha reclamado que el gabinete socialista volviera a aprobar un nuevo decreto con las medidas sociales que afectan a la actualización de las pensiones y las ayudas a los transportes. A pesar de la resistencia inicial de los socialistas, que han repetido insistentemente a lo largo del fin de semana que volverían a tramitar el decreto con todas las medidas, el Gobierno ha aceptado finalmente retroceder en la voluntad de tramitar el decreto completo.
El acuerdo cerrado incluye, según Junts, "medidas para proteger a las familias vulnerables, así como medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los ocupas o por los morosos en las viviendas".
Además, el acuerdo mantiene la cesión al PNV de un edificio histórico en el centro de París, propiedad de la formación vasca, que durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial pasó en manos de la dictadura de Franco. Esta era una vieja reivindicación del partido vasco, que Sánchez incluyó en el decreto ómnibus y que ha provocado numerosas protestas del PP. Después de una semana en que el voto del partido de Carles Puigdemont se ha querido equiparar al del PP y Vox, la formación independentista ha querido marcar distancias incorporando la exigencia de los peneuvistas a su acuerdo.
Según Junts, ha quedado fuera del nuevo decreto, entre otros puntos, todas las medidas tributarias, que se tendrán que negociar "más adelante"; las medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas; las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos; o "la perpetuación de unos anticipos por financiación autonómica sin pactar una redistribución diferente de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Catalunya".
El nuevo decreto tampoco incluye la modificación de la ley de la sociedad de la información o del servicio postal, que, según Junts, suponían la vulneración de las competencias de Catalunya.