El acuerdo de investidura cerrado por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya incluye la celebración de una "multiconsulta" como conclusión "de un proceso constituyente de base ciudadana, transversal y participativa".
El documento, que plantea tres vías de acción —la de las instituciones de Govern en Catalunya, las que se puedan originar en el exilio y el empoderamiento ciudadano—, considera que el tercer punto es necesario para generar un proceso constituyente, que incluye un primer momento —una "fase cero"— que tendrá que impulsar un "Pacto Nacional Constituyente en Catalunya" que emplace a "todos los agentes cívicos, sociales y políticos".
En una segunda fase, este Pacto Nacional tendrá que articular un "Foro Social Constituyente, con la misión de sistematizar las propuestas emanadas de la participación popular".
Estos pasos llevarán, siempre según el documento del acuerdo, a una "fase de participación ciudadana que tiene que concluir con una multiconsulta con todas las garantías para que participe la mayoría de los ciudadanos, donde la ciudadanía se pueda expresar en cada uno de los elementos fundamentales de los debates realizados."
Llamadas a la movilización
Igualmente, el acuerdo apela a la "movilización cívica y pacífica", como herramienta necesaria capaz de "condicionar el éxito y la eficacia del Proceso Constituyente". De hecho, el acuerdo considera que "más que nunca" la sociedad catalana debe continuar "movilizándose por la paz, contra la represión policial y jurídica del Estado español y no cediendo ni un milímetro en favor de la libertad de expresión y de conciencia ".
Por ello, el documento hace mención de una "fase civil del proceso constituyente", que junto con la acción de las instituciones de dentro y fuera de Catalunya completan el triple frente de acción de esta nueva fase del proceso soberanista.
Apelación a los pueblos del mundo
El acuerdo de investidura se cierra con un anexo que incluye el manifiesto "Apelación a los pueblos del mundo", donde la Asamblea de Representantes por la República de Catalunya hace constar la "continuada falta de voluntad de diálogo de los gobiernos de la Estado español hacia las aspiraciones nacionales catalanas "que ha supuesto el" rotura del pacto constitucional de 1978 ". Además, recuerda que el 1 de octubre "fue una jornada de violencia policial contra la ciudadanía que votaba pacíficamente".
Por todo ello, el manifiesto "expresa el rechazo más absoluto a la aplicación del artículo 155"; "Denuncia la deriva autoritaria del estado español" y constata que Carles Puigdemont "contaba con la mayoría parlamentaria suficiente, surgida de las urnas y revalidada el 21 de diciembre, para poderle ratificar la confianza como Presidente", razón por la que insta a "nombrar presidente del Consejo para la República" a Puigdemont.