De la conferencia de presidentes autonómicos de este domingo en la isla de La Palma ha salido un acuerdo "de mínimos". En estos términos hablan desde la Generalitat después del encuentro, que se ha alargado durante seis horas. Por una parte, el president Pere Aragonès sale satisfecho porque se ha enmendado el texto inicial, se han conseguido recursos para cubrir la acogida de refugiados ucranianos y medidas para la factura de la luz y se han respetado las competencias. Pero por otra parte también ha dejado claro que de momento sólo son "compromisos" políticos, en algunos casos muy genéricos, y que ahora hay que entrar en el terreno de la concreción. En este contexto, el Gobierno español ve "normalizadas" las relaciones con la Generalitat; el Gobierno lo desvincula.

De la conferencia de La Palma ha salido la Declaración de La Palma, que se articula alrededor de cuatro ejes. El primero, el apoyo al gobierno de España para que defienda en el Consejo Europeo medidas para rebajar los precios de la energía (especialmente desacoplando el precio del gas de la electricidad). El segundo, impulsar la ejecución de los fondos europeos por parte de todas las administraciones dejando al margen las "discrepancias partidistas". El tercero, "gestionar de forma coordinada la acogida de refugiados ucranianos" y que "se habiliten los medios de financiación para hacer frente a los costes". Y el cuarto, la puesta en marcha de un plan estatal de respuesta a las consecuencias de la guerra, que se configurará "a través del diálogo con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales".

 

En todo momento, Pere Aragonès ha remarcado que su participación en la conferencia de presidentes era "excepcional" por las circunstancias. Y que tenía encima de la mesa derecho objetivos. En primer lugar, una política de acogida coordinada, en colaboración, con con respecto a las competencias y con financiación. En segundo lugar, medidas de apoyo a las empresas y hogares más afectados. Finalmente, la necesidad de limitar y empezar a revertir la escala de precios de la energía. Y en este sentido el presidente de la Generalitat se ha dado por satisfecho: "Es una declaración que alcanza estos objetivos en tanto que compromisos políticos". Ahora bien, ha avisado de que ahora hacen falta "medidas concretas" en los próximos días y semanas.

"De donde veníamos, ha habido unos compromisos políticos. Nosotros hemos dado apoyo. Hay unos mínimos compartidos. Pero todavía es insuficiente en la concreción y esperamos que en los próximos días se puedan acabar de concretar", ha insistido Aragonès, que ha evitado valorar su grado de satisfacción.

¿Normaliza las relaciones?

A pesar de su presencia en la conferencia de presidentes, Pere Aragonès ha dejado claro que "el reconocimiento de las relaciones políticas entre Catalunya y España vendrá por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y una ley de amnistía". Hoy simplemente se trata de una "situación específica", la guerra de Ucrania, que ha propiciado su presencia excepcional. De hecho, el jefe del Govern sólo ha participado de la reunión de trabajo, pero no de las ceremonias previas, como el besamanos con Felipe VI, la foto de familia o la reunión con el monarca.

Un relato muy distinto al de Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del ejecutivo central, quien ha asegurado que "las relaciones ya están normalizadas". En este sentido, la dirigente socialista ha constatado cómo antes los dos gobiernos se "daban la espalda" y ahora, en cambio, hay "colaboración en todos los ámbitos". En foros multilaterales, como la conferencia de presidentes de este domingo, y en el ámbito bilateral, como en la comisión bilateral o en la mesa de diálogo, que según Rodríguez "está avanzando los trabajos" para poder volver a reunirse. Ha querido agradecer la actitud "participativa" de Aragonès.

Perfil propio de Ayuso, discreción de Feijóo

Como es habitual, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha marcado perfil propio en la conferencia de presidentes. En este caso, proponiendo que los 20.000 millones de euros del plan de igualdad --que sirven para combatir la violencia machista y la desigualdad de género-- de la ministra Irene Montero se destinen a hacer frente a la subida de precios. Por contra, el gallego Alberto Núñez Feijóo, líder virtual del PP, ha defendido la "voluntad inequívoca" de llegar a acuerdos con el Estado para encarar las consecuencias de la guerra en Ucrania.