Ha habido cuórum, pero no unanimidad. En nombre del Govern, el vicepresident Pere Aragonès ha puesto sobre la mesa de partidos reunida este viernes la propuesta formal de aplazar las elecciones previstas para el 14 de febrero acompañada de una nueva fecha, el 30 de mayo, cuando prevé que el escenario epidemiológico haya mejorado. Todos los partidos de la oposición han aceptado el cambio, con más o menos entusiasmo. Todos menos dos, el PSC y el PDeCAT. Miquel Iceta, ha comparecido indignado para dejar claro que su formación "se opone al aplazamiento" y no descarta impugnarlo.

El debate, hoy, ya no era si se desplazaban las elecciones, sino hasta cuando|cuándo. El encuentro, que ha tenido lugar en el Parlamento, ha contado con la plana|llanura mayor del Govern de la Generalitat. El objetivo inicial del ejecutivo era conseguir un consenso unánime, para evitar posibles represalias legales. Pero no ha sido posible. Con todo, como el aval al 30 de mayo es mayoritario, el vicepresident Aragonès procederá esta tarde a la firma de un decreto de suspensión de las elecciones. Después habrá que firmar otro de nueva convocatoria, 54 días antes de la fecha prevista, es decir, la segunda semana de abril. El Departamento de Salut, y así lo ha expuesto la consellera Alba Vergés durante el encuentro, prevé que el 30 de mayo los colectivos más vulnerables ya estarán vacunados y que habrán podido recibir la vacuna entre el 9 y el 30% de los ciudadanos.

La amenaza del PSC

Los socialistas catalanes están dispuestos a plantar batalla contra el aplazamiento electoral y así lo ha advertido desde el atril del Parlament su jefe de filas, Miquel Iceta. En un tono de mitin ha replicado a sus adversarios que "la victoria de Salvador Illa se producirá el 30 de mayo como se habría producido el 14 de febrero. Pueden aplazar el cambio, pero no pararlo".

Iceta, que fue relevado como cabeza de lista por el actual ministro de Sanidad, ha amenazado con impugnar el decreto que esta tarde firmará el vicepresidente para anular el 14-F. Según ha explicado, decidirán una vez hayan leído el documento. En las últimas horas, el PSC había optado por ceder, al comprobar que se había quedado solo oponiéndose al aplazamiento. Los socialistas proponían mover las elecciones como máximo cinco semanas, pero no más. El argumento, "evitar los efectos de una cuarta ola después de Semana Santa".

"Una cosa es cambiar la fecha y la otra es hacer unas nuevas elecciones, el Govern no está en condiciones legales de hacerlo", ha subrayado Iceta, que ha cuestionado que se "cambien las reglas de juego cuando la partida ya ha empezado". 

La actitud del PSC les ha comportado una lluvia de descalificaciones por parte del resto de partidos. Uno de los más contundentes, Carlos Carrizosa, de Cs, que les ha acusado de "negacionistas".Desde ERC, Sergi Sabrià ha tildado de "cínico ejercicio de electoralismo" que ha hecho el PSC, con su ministro-candidato al frente. 

El PDeCAT también ha hecho pública su disconformidad con la fecha elegida. Los postconvergentes, lo ha explicado su dirigente Marc Castells, habían propuesto hacerlas entre el 25 de abril y el 15 de mayo. Y se quejan de que no se les ha dado "ningún criterio sanitario" para argumentar que el 30 de mayo sea mejor. 

Hacer los deberes de cara al 30 de mayo

Que la mayoría de partidos hayan aplaudido la decisión final de posponer los comicios hasta mayo no quiere decir que se hayan ahorrado críticas, al contrario. Los portavoces de los grupos parlamentarios han reprochado al Govern que no haya hecho bastante por garantizar que el 14 de febrero se pudiera votar con seguridad.

"El Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para llegar al 14-F en un escenario óptimo", ha lamentado por parte de la CUP Carles Riera. En un tono similar se ha expresado el portavoz del PP Daniel Serrano, que ha expresado "decepción porque los catalanes no podrán votar porque el gobierno no ha hecho los deberes". Es más, se ha quejado de que la mesa de partidos organizada por el ejecutivo ha sido sólo una "mera comedia", porque la decisión ya la tenía tomada. La líder de los comunes, Jèssica Albiach, ha calificado el cambio de fecha como "una anomalía". Y ha instado a Aragonès y compañía que hasta el 30 de mayo procuren evitar caer en los mismos errores, cómo asegura que fue querer "salvar la Navidad". Espera que no hagan lo mismo con Semana Santa.

Con la nueva fecha, se abre ahora un periodo de cuatro meses y medio durante el cual todos los partidos han exigido al gobierno catalán que se arremangue para adoptar todas las medidas que ahora no ha sido posible adoptar. "No puede pasar de que se vuelvan a retrasar, independientemente del momento de la pandemia que nos encontramos," ha manifestado Elsa Artadi. La portavoz de JxCat ha insistido en que hay que ponerse a trabajar para poder modificar la ley electoral para introducir cambios como el alargamiento de la jornada electoral o la posibilidad de habilitar urnas móviles. 

¿Qué pasa con las candidaturas y los votos por correo ya solicitados?

La duda, una vez se materialice la suspensión del 14-F, es qué pasa con todos los procesos que ya se han realizado, como son la recogida de avales y proclamación de las candidaturas o los más de 35.000 votos por correo ya solicitados.

La respuesta es que como el censo habrá variado entre el 14-F y la nueva fecha escogida —entre defunciones y jóvenes que lleguen a la mayoría de edad—, habrá que hacer un reset. La intención del Govern es poder convalidar las candidaturas que ya se hayan aceptado, pero dar oportunidad para que se puedan presentar de nuevas.