El acuerdo PP-Vox en Baleares stá más cerca. Y es que Marga Prohens ha entregado el Parlament a la ultraderecha, según un comunicado de este lunes noche. Se trata de un preacuerdo para la constitución de la Mesa, que otorga al partido de extrema derecha la presidencia de la cámara balear y la vicepresidencia primera a los populares. Ambas partes han asegurado que el pacto se circunscribe al órgano de gobierno del Parlament y negociarán en los próximos días para cerrar un acuerdo de cara a la investidura de Prohens como presidenta del Govern.
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Ambos partidos han definido un documento con las líneas fundamentales que inspirarán el acuerdo, en las cuales siguen trabajando y que tiene como objetivo "dotar las islas de un Govern estable". Es decir, que todavía se desconoce quién de los ocho diputados de ultraderecha presidirá el Parlament: se han limitado a firmar un preacuerdo programático para "cambiar las políticas a las dos últimas legislaturas". Sobre el ejecutivo balear, fuentes de Vox han subrayado a Efe que mantienen su propósito de entrar en el nuevo Govern; desde el PP, han insistido que el acuerdo es solo para la Mesa y para establecer toda una serie de políticas en las cuales las dos formaciones tienen planteamientos comunes.
El catalán al acuerdo entre el PP y Vox
El preacuerdo llega después de varias reuniones de negociación infructuosas, en la misma jornada que el líder ultraderechista Jorge Campos ha sido designado candidato de Vox al Congreso en las elecciones generales del 23 de julio. Mientras la extrema derecha presiona para entrar en el Govern y los populares intentan gobernar en solitario, la investidura de Prohens se celebrará en una sesión que se tendrá que convocar en los quince días siguientes en la constitución del Parlament.
El acuerdo entre el PP y Vox se basa en una serie de puntos entre los cuales destaca acabar con las políticas y normativas "que promueven el enfrentamiento y la división, o que ataquen la unidad de la nación" y con "la imposición lingüística" del catalán. Con respecto a la educación, la ultraderecha reclamaba que se garantizara el supuesto derecho a estudiar en castellano en cualquier etapa: lo que se ha pactado es que esta elección de lengua estará asegurada en los dos primeros años de enseñanza. Asimismo, abogan por una escuela "libre de adoctrinamiento ideológico". Otros puntos son la libertad; la promoción del comercio, industria, sector primario y turismo; la mejora de los servicios sociales y de la sanidad pública; la protección de las mujeres, con especial atención a las menores tuteladas; y la seguridad y "las mafias de la inmigración".