Ha costado una enmienda de Podemos a sus propios presupuestos del Estado, pero finalmente ha habido acuerdo. Según informan fuentes de la Vicepresidencia Segunda, de Pablo Iglesias, se ha llegado a un entendimiento con el Ministerio de Transportes, de José Luis Ábalos, para parar los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables al menos mientras dure el estado de alarma, hasta mayo. El acuerdo llega después de días de reuniones entre los dos ministerios. Se traducirá en un nuevo decreto, que sustituirá el que finaliza el próximo 30 de enero.
Según estas fuentes del departamento de Pablo Iglesias, "las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna". Las comunidades serán las encargadas de ofrecer esta alternativa, "que siempre será una vivienda digna". Por lo tanto, subrayan, "no podrá ser un albergue, por ejemplo". Insisten en que "el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas no tengan asegurado y garantizado su realojamiento".
Con respecto a la condición de vulnerabilidad de una familia, "la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad". Este acuerdo incluye a las familias en viviendas de grandes tenedores (propietarios con más de diez inmuebles), y en este caso las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una alternativa habitacional.
Ayer mismo Unidas Podemos retiró finalmente la enmienda antidesahucios con ERC y EH Bildu. Poco después, desde La Moncloa, la ministra de Hacienda se comprometió a aprobar "en breve" el nuevo decreto en Consejo de Ministros. Montero celebró esta retirada porque "la iniciativa corresponde al gobierno", que "está trabajando de manera concienciada" entre la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Transportes y Vivienda.
Aquella enmienda transaccional, sin embargo, iba mucho más lejos que el acuerdo entre Pablo Iglesias y José Luis Ábalos. Se planteaba alargarlo hasta diciembre del 2022. Las formaciones no contaron con la participación del PSOE, a quien descolocó la presentación de una enmienda a los propios presupuestos. Finalmente acordaron lavar los trapos sucios en casa.