El president en el exilio, Carles Puigdemont, alertaba 24 horas antes de la constitución del Congreso de los Diputados que Junts necesitaba "hechos comprobables" antes de comprometer ningún voto. Hacia las ocho y cuarto de esta mañana, han llegado estas certificaciones: el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha registrado este jueves ante el Consejo de la Unión Europea la petición para que la lengua catalana, la vasca y la gallega sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea, tal como ha podido adelantar ElNacional.cat. Además de la reapertura de la comisión de investigación de las cloacas del Estado y el impulso de una para investigar los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils, el acuerdo por el cual Junts ha dado apoyo a Francina Armengol como presidenta del Congreso incluye dos puntos que suponen un cambio de paradigma para el estatus de la lengua catalana, idioma con más de 10 millones de hablantes. La oficialidad del catalán en la Unión Europea, trámite que ha empezado este jueves y que tendrá que validarse en el Consejo de Asuntos Generales, supondrá que tendrá un rango equivalente al que tienen el inglés, el francés o el alemán, un hecho totalmente inédito. El otro aspecto troncal será que el catalán se pueda hablar en el Congreso con plena normalidad a partir del próximo pleno, así como poder hacer el resto de trámites de la cámara en esta lengua.
La petición se ha remitido a la presidencia del Consejo de la Unión Europea y a Thérèse Blanchet, la secretaria general de esta instancia. En este documento, Albares traslada que el Gobierno solicita "la inclusión del catalán, vasco y gallego, lenguas españolas diferentes del castellano que disfrutan de estatuto oficial en España, al régimen lingüístico de la UE". Para hacerlo, habrá que modificar el reglamento del régimen lingüístico y el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores pide que se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea del 19 de septiembre. La presidencia de este órgano la tiene este semestre el Estado español. Fuentes de Junts alertan a este diario que, si esta propuesta no se aprueba, no habrá negociación para la investidura de Pedro Sánchez ni le darán apoyo. El acuerdo de este jueves no compromete ningún eventual apoyo a Sánchez, son negociaciones distintas. Este es el documento que ha recibido Junts que certifica que se ha registrado la petición y que se someterá a votación en un mes.
En un comunicado donde dan detalles del acuerdo, Junts concreta que el procedimiento que se seguirá será el que concreta el Tratado de Funcionamiento de la UE, que regula el mecanismo para modificar el régimen lingüístico de la Unión. "En la lucha para que el catalán tenga los mecanismos y el amparo jurídico necesario, su consideración como lengua oficial de Europa es determinante", manifiestan, reivindicando que han pedido hechos y pruebas porque "el principio de desconfianza" les ha hecho ser "escrupulosos en la formación de este compromiso". El pacto supone que el catalán se pueda utilizar en el Parlamento Europeo, que los documentos dispongan de la versión en esta lengua o que los representantes políticos del club comunitario también la puedan utilizar. Sobre el uso del catalán en la cámara baja española, los juntaires defienden que se podrá utilizar a partir del próximo pleno y que es "perfectamente legal", de manera que "no necesita ninguna reforma del reglamento". Estas pantallas implican la equiparación con otras lenguas oficiales europeas (un total de 24) y puede blindar la escuela catalana del 25% de castellano.
Los otros puntos del acuerdo
Jordi Turull, que ha abierto la ejecutiva telemática de Junts de este jueves celebrada dos horas antes de la constitución del Congreso, explicaba a los dirigentes del partido que había un principio de acuerdo con el PSOE (como ya había explicado este diario) y que quedaba pendiente de recibir la documentación que lo certificara. Se trataba, justamente, de la petición de oficialidad del catalán en la UE. Más allá de los aspectos lingüísticos, Junts ha conseguido que los socialistas acuerden impulsar una comisión de investigación sobre los atentados por el "derecho a saber la verdad". "Hay muchos interrogantes todavía y Junts quiere llegar hasta el final", destacan en el comunicado. Entre las cuestiones pendientes, la vinculación del CNI con el imán Es Satty, si los "aparatos del Estado tenían información del atentado" y "por qué no se pudieron evitar". Además, el acuerdo explicita que no hay ningún veto a ninguna persona para que pueda comparecer.
Sobre la reactivación de la comisión de investigación sobre las cloacas del Estado y el Catalangate, sostienen que es importante porque hace falta una "investigación exhaustiva para aclarar quién compró Pegasus y quién ordenó utilizarlo contra el independentismo". Tampoco hay ningún veto a personas que puedan aportar información al respecto. Los juntaires subrayan que el acuerdo se circunscribe a la mesa del Congreso y que no tiene "nada que ver" con la negociación sobre una eventual investidura de Pedro Sánchez. La formación defiende que son acuerdos "coherentes con los compromisos contraídos por Junts en las pasadas elecciones, en el sentido que los acuerdos se tienen que cumplir y se tienen que hacer efectivos por adelantado". "No daremos nunca los votos a cambio de nada ni con el objetivo de estabilizar al Estado, el objetivo es la independencia y todos los acuerdos que suscribimos sirven para avanzar en esta dirección", aseveran.