Después de meses de incertidumbre, JxCat y ERC han encontrado una fórmula para superar el escollo sobre la suspensión de los diputados procesados impuesta por el juez del Supremo Pablo Llarena. El acuerdo hecho público este miércoles propone votar si el pleno considera suspendidos a los diputados procesados y ofrece a los diputados afectados que "designen" sus "derechos parlamentarios" en un compañero de grupo parlamentario mientras el TS no resuelve los recursos contra su procesamiento.
Así pues, los grupos llevarán al pleno del Parlament dos votaciones diferenciadas, una de posicionamiento más político y la otra que hace referencia a la fórmula concreta que los independentistas han pactado.
El primer punto del acuerdo propone "acordar la suspensión de derechos y deberes" de los diputados encausados, donde los independentistas votarán 'no', y un segundo punto donde se propone "acordar que mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios de los diputados podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen".
El acuerdo afecta a los diputados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sànchez. Toni Comín queda fuera porque no fue incluido en el auto de Llarena y, por lo tanto, continuará en la misma situación actual: siendo diputado pero sin votar.
Tanto JxCat como ERC se han mostrado satisfechos por el acuerdo y han destacado que mantiene "intactos los derechos de los diputados", que "mantiene la mayoría parlamentaria" y que "defiende a ultranza la autonomía del Parlament". Además, ha destacado que se ven reflejados en la propuesta los puntos fuertes que defendía cada partido durante la larga negociación que empezó el julio pasado con una fuerte crisis entre los dos socios de gobierno.
La argumentación del dictamen
La propuesta que se debatirá en la comisión del Estatuto del Diputado incluye un preámbulo criticando la decisión de Llarena y los motivos que han llevado al juez a dictarla. Es en este punto donde los partidos constatan que es "público" y "notorio" que los diputados afectados por el auto han actuado "siempre" de una forma "cívica, pacífica y democrática". Además recuerdan que los encausados han rechazado "sistemáticamente" cualquier forma de hacer política que pudiera poner en riesgo la convivencia".
Con todo, la propuesta de dictamen también denuncia que en el caso concreto de Carles Puigdemont se da la circunstancia que se encuentra "en libertad" y, por lo tanto, no "se cumple" uno de los requisitos de la suspensión. Según apuntan, la informe emitido por los Servicios Jurídicos concreta que para que se pueda aplicar la medida cautelar que establece el artículo 384 bis LECrim, "resulta estrictamente necesario que la prisión provisional se haya materializado mediante la entrada efectiva en prisión de las personas procesadas".
Por eso, con estos argumentos, los partidos consideran que la suspensión prevista en el artículo 384 bis LECrim "es inaplicable" a los diputados en los cuales hace referencia el auto de 9 de julio de 2018 del Tribunal Supremo. De hecho, también lamentan que la medida provisional prevista, no puede "implicar" la pérdida de la condición llena de diputado, ni daños "irreversibles" en el derecho político de los parlamentarios.
Por otra parte, las formaciones también subrayan que la autonomía parlamentaria "protege" la institución de "injerencias externas" y permite al Parlament "dotarse" de sus propios procedimientos para canalizar resoluciones como la del Tribunal Supremo. Como el Reglamento del Parlament "habilita" un mecanismo específico para supuestos de suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios, JxCat y ERC apuntan que la Comisión del Estatuto de los Diputados es el órgano "competente" para la elaboración del dictamen.
Turno para la comisión del Estatuto del Diputado
Así pues, esta es la propuesta que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha trasladado a la comisión del Estatuto del Diputado para que sea debatida este mismo viernes por la mañana, después de que la Mesa haya rechazado la petición de reconsideración de Cs y PSC para que la decisión no fuera traslada a la comisión.
Ahora, se abre un periodo de enmiendas de dos días hasta el viernes, cuando la propuesta se debatirá en el marco de la comisión. Una vez debatida, los siguientes pasos a seguir implican someter el dictamen a votación del pleno de la cámara. Los independentistas esperan el apoyo de la CUP o de los comunes, al menos en alguno de los dos puntos, para poder sacar adelante la votación.
El objetivo es que la cuestión quede resuelta antes de que el pleno tenga que llevar a cabo la primera votación parlamentaria que tendrá lugar durante el debate de política general que empezará el martes en que viene.