Waterloo no mira ni a Quebec y la ley de Claridad del Supremo canadiense, ni a Montenegro y su 55% de sí para validar la independencia... ni tampoco a Escocia, a pesar del referéndum de 2014. El modelo de autodeterminación que serviría a Carles Puigdemont en su perspectiva de un "compromiso histórico" para superar el conflicto político Catalunya-España pasa por el acuerdo norirlandés del Viernes Santo. Así lo cree el núcleo duro de colaboradores del president en el exilio, que trabaja con elementos y principios del también conocido como Acuerdo de Pascua o de Belfast que pueden resultar útiles para enfocar una negociación con el Estado, según fuentes consultadas por El Nacional.cat.

El pacto del 10 de abril de 1998, puso fin a 30 años de sangrante conflicto en Irlanda del Norte y encauzó el futuro del territorio, todavía hoy parte integrante del Reino Unido, con la autodeterminación como clave del pacto político y constitucional. El acuerdo permitió a todas las partes ver reconocidos sus planteamientos, que eran diametralmente opuestos, pero condicionados a la voluntad de los ciudadanos. Este fue el núcleo del consenso.

Salvando las distancias evidentes entre los casos de Irlanda del Norte y Catalunya, la cuestión es extremadamente importante en unos momentos en los que la autodeterminación forma parte —en una segunda fase— de la hoja de ruta que Puigdemont detalló en Bruselas el 5 de septiembre pasado, la primera parte del cual incluye las condiciones previas para el apoyo de los independentistas de Junts per Catalunya a la investidura del aspirante a continuar en la presidencia del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, incluida la amnistía para los encausados del procés independentista catalán. Puigdemont valora especialmente que el Acuerdo del Viernes Santo, un prodigio de ingeniería política, jurídica y diplomática, pivotara sobre el respeto absoluto a la voluntad de los ciudadanos sobre su futuro, ya fuera para que Irlanda del Norte siga siendo parte del Reino Unido —como ha seguido siéndolo— o para que pueda unirse en un futuro al resto de Irlanda.

El caso norirlandès constituye un ejemplo, ciertamente poco invocado en el debate político y jurídico, de aplicación del derecho de autodeterminación en Europa occidental en un territorio que el derecho internacional no considera colonial, como también sucede con Catalunya o Euskadi. Ello cuestiona la tesis de los que descartan que se pudiera aplicar este principio a las nacionalidades del estado español porque la autodeterminación únicamente se reconoce y se aplica en situaciones de colonialismo, como sucedió durante la oleada descolonizadora de los años sesenta y setenta del siglo pasado.

La DUI de Pascua de 1916

Irlanda ha estado presente históricamente en el imaginario de los nacionalismos catalán y vasco desde el Alzamiento de Pascua de 1916 contra el dominio británico, liderado por los nacionalistas del Sinn Féin y el primer IRA o Ejército Republicano Irlandés. Aquella DUI en la oficina central de correos de Dublín, ocupada por los patriotas irlandeses, no acabó en un 155 sino en el surgimiento del Estado Libre de Irlanda (1921), todavía dentro de la Commonwealth. Sin embargo, si bien el acuerdo con Londres proporcionó autogobierno a los irlandeses, también dividió la isla entre el sur mayoritariamente católico, con capital en Dublín, y seis condados del nordeste con capital en Belfast. Esta es la zona que los británicos denominan Ulster, con población de mayoría protestante unionista y minoría católica y nacionalista irlandesa favorable a la unificación de la isla. Ambos territorios, el norte de soberanía británica y la Irlanda libre del sur, se dotaron de parlamentos propios, si bien el régimen unionista del norte marginó a los católicos del gobierno, el voto, la educación o la propiedad de viviendas. El pacto de los años veinte con Londres para el autogobierno fue aceptado solo por una parte del nacionalismo irlandés, lo cual desató una guerra civil en el seno del propio movimiento.

En 1949 se creó la actual República de Irlanda (1949), que mantuvo la reclamación del territorio del nordeste bajo dominio británico. A finales de los años sesenta, en Irlanda del Norte, la revuelta a favor de los derechos civiles llevó a la reactivación del IRA y un Sinn Féin renovados, así como de las milicias unionistas o lealistas vinculadas a los partidos unionistas con oscuras conexiones con la policía. La ocupación del territorio por el ejército británico y la administración directa de Londres, con la suspensión del parlamento autónomo en 1972, así como la represión policial y la arbitrariedad judicial, situó a la región en un estado de guerra permanente. El IRA también atentó a menudo en Gran Bretaña. En 1998, cuando empezaron las negociaciones que fructificarían en el Acuerdo del Viernes Santo o Good Friday Agreement, el conflicto armado, conocido con el eufemismo de The Troubles (Los problemas)  había provocado 3.250 muertos en Irlanda del Norte y más de 40.000 heridos. La cifra final de víctimas mortales en todos los escenarios superó las 3.500.

Mediadores: Clinton y Mitchell

En su conferencia de Bruselas, Puigdemont marcó cuatro condiciones previas para una investidura del próximo presidente del Gobierno. Después del reconocimiento de la legitimidad del independentismo, el fin de la represión y la amnistía, el president en el exilio mencionó "la creación de un mecanismo de mediación y de verificación que aporte las garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que los dos grandes partidos políticos españoles no están en condiciones de darnos". La cuarta condición era fijar como límites únicos de la negociación el marco de los tratados internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales. Pues bien, hace un cuarto de siglo, las durísimas negociaciones de paz en Irlanda del Norte fueron auspiciadas por los Estados Unidos, que ejercieron una mediación directísima con todas las partes mediante el enviado especial del presidente Bill Clinton, el exsenador demócrata y empresario George Mitchell, autor de una propuesta de seis puntos que condicionaba el acuerdo y la participación de todos los actores al abandono de la violencia y el uso de medios estrictamente políticos y democráticos. Clinton se comprometió personalmente hasta el punto de visitar Belfast para impulsar el proceso. I Mitchell, a quien asistían el exgeneral canadiense jubilado Jean de Chastelain y el exprimer ministro finlandés Harri Holkeri, presidió las sesiones negociadoras con un papel muy activo. Un rol que supera ampliamente el del "relator" que nunca concretó la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán, reunida por primera vez en febrero de 2020.

Bajo la presidencia de Mitchell, las conversaciones de Irlanda del Norte sentaron en el palacio de Stormont, sede del dominio británico en Belfast, a los gobiernos del Reino Unido y la República de Irlanda, cuyos primeros ministros eran entonces el laborista Tony Blair y Bertie Ahern, del Fianna Fáil (Partido Republicano, el más importante de Irlanda) así como a representantes políticos de las dos comunidades nacionales enfrentadas: los unionistas, con David Trimble, del Partido Unionista del Ulster, como líder principal —el reverendo ultrarradical Ian Paisley se autoexcluyó del diálogo— y los nacionalistas o republicanos, representados por David Hume, líder del Partido Social Demócrata y Laborista, contrario a la violencia, y el hombre clave, el líder del Sinn Féin, Gerry Adams —siempre en contacto con el considerado jefe del IRA, Martin McGuinness—, así como a algunos partidos menores. El diálogo avanzó a trancas y barrancas por la presión de los paramilitares y los desfiles del unionismo orangista por los barrios católicos, aunque al final llegaron a puerto.

Hume y Trimble recibieron el premio Nobel de la Paz de 1998. Pero el fin del terror en Irlanda del Norte no fue posible sin antes deshacer el nudo del conflicto en términos de soberanía y con la autodeterminación como clave de la solución. Desarme, liberación de los presos y derechos humanos dependieron, al final, del entendimiento entre gobiernos, partidos y comunidades sobre el futuro político del territorio de acuerdo con el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Por eso, el equipo de Puigdemont se ciñe a la dimensión del Acuerdo del Viernes Santo en la vertiente de la autodeterminación. Si, con respecto a Euskadi, el modelo irlandés pudo influir en las negociaciones que en 2011 llevaron al fin de la violencia de ETA —que actuó durante 50 años con no pocos vínculos con el IRA, y de su brazo político, HB, con el Sinn Féin— aunque sin producir cambios en el estatus político vasco, en el caso del conflicto Catalunya-España, de dimensión estrictamente política, sin presencia del factor violento, el tratamiento del la autoderminación aplicado en Irlanda podría ser un referente con elementos válidos para pactar soluciones políticas. Un model que, lógicamente, también se podría aplicar a una Euskadi ya sin ETA y en la que el PNV, en riesgo de perder la hegemonía a manos de Bildu, la formación liderada por Arnaldo Otegi, el Gerry Adams vasco, se está acercando a Puigdemont.

¿Qué dice el acuerdo irlandés sobre la autodeterminación?

Entonces, ¿qué dice sobre la autodeterminación el Acuerdo del Viernes Santo? Ya el Acuerdo anglo-Irlandés que en 1985 firmaron a la primera ministra británica, la conservadora Margaret Thatcher, la carismática Dama de Hierro, y el Taoiseach o primer ministro irlandés, Garret FitzGerald, del derechista Fine Gael, reconocía que cualquier cambio en el estatus de Irlanda del Norte solo podía llegar mediante el consenso de la mayoría de la población del territorio (El modelo irlandés. Historia secreta de un proceso de paz. Íñigo Gurruchaga, Península, 1998). Aquel acuerdo entre Londres y Dublín, sin embargo, no gustó ni a los unionistas ni a los nacionalistas. El unionismo solo aceptaba que el futuro de Irlanda del Norte lo decidieran únicamente los norirlandeses —lo que garantizaba la continuidad en el Reino Unido— mientras que los nacionalistas irlandeses solo aceptaban que decidieran todos los irlandeses (los del norte y el sur), lo que garantizaba la unificación de Irlanda. No obstante, en aquella época, y con el sacerdote Alec Reid tendiendo puentes para el diálogo, el nacionalista-laborista Hume inició una aproximación a Adams que en 1992 llevaría al Sinn Féin a ofrecer una propuesta de autodeterminación más abierta para buscar la paz. 

Era el final de la Guerra Fría y el impulso de la nueva Europa. Y en este clima llegó la Declaración de Downing Street —residencia del primer ministro británico— firmada el 15 de diciembre de 1993 por el sucesor de Thatcher, el también conservador John Major, y su homólogo irlandés Albert Reynolds, del Fianna Fáil, verdadera antesala del Acuerdo del Viernes Santo de 5 años después. En esa declaración, Londres se compromete a "defender el deseo democrático de la mayor parte del pueblo de Irlanda del Norte en la cuestión de si prefiere dar apoyo a la Unión o a una Irlanda unida soberana". Pero a la vez, reconoce que "únicamente al pueblo de Irlanda corresponde, por acuerdo entre las dos partes, respectivamente, ejercer el derecho de autodeterminación sobre la base del consentimiento, libre y simultáneamente expresado, del Norte y el Sur, para dar origen a una Irlanda unida si este es su deseo" (punto 4). Por su parte, el gobierno irlandés aceptó que "el derecho democrático de autodeterminación del pueblo de Irlanda en su conjunto se tiene que lograr y ejercer con y sujeto al acuerdo y consentimiento de una mayoría del pueblo de Irlanda del Norte (...)" (punto 5). Es lo que algunos expertos baujtizaron como la "autodeterminación concurrente" que hace depender el acuerdo de la voluntad democrática al mismo tiempo del norte y del sur con el aval de los dos estados implicados.

La Declaración de Downing Street creó las condiciones para el acuerdo multipartito del Viernes Santo con los actores norirlandeses y EE.UU. como facilitadores y garantes de las condiciones para la entente. En el primer bloque de los que consta, bajo el epígrafe de "Temas Constitucionales", el Acuerdo de Pascua establece que las conclusiones se plasmarán en un nuevo Acuerdo Británico-Irlandés que sustituirá al Acuerdo Anglo-Irlandés de 1985. Que la autodeterminación es la base sobre la que se despliega el pacto lo evidencia el hecho de que se le dedique todo el capítulo inicial.

Así, en el punto 1.i) del Acuerdo del Viernes Santo, se reconoce la legitimidad de "cualquier elección" que libremente hagan los ciudadanos de Irlanda del Norte, sea la de seguir manteniendo la unión con el Reino Unido o la de integrarse en una Irlanda unida y soberana. El punto 1.ii), especifica que "corresponde únicamente a los habitantes de la isla de Irlanda, mediante acuerdo entre las dos partes respectivamente y sin impedimentos externos, ejercer su derecho a la autodeterminación en virtud del consentimiento, libre y simultáneamente concedido, en el Norte y el Sur, para proceder a la creación de una Irlanda unida, y aceptando el hecho de que tal derecho debe lograrse y ejercerse con el acuerdo y el consentimiento de la mayoría de los ciudadanos de Irlanda del Norte".

No obstante, también se afianza el estatus de Irlanda del Norte como parte del Reino Unido. El punto 1.iii), sin dejar de reconocer la legitimidad de los norirlandeses que quieren la unificación de la isla, voluntad coincidente con la de la mayoría de los irlandeses del sur, subraya que "en estos momentos", la voluntad "legítima y libremente expresada" de la mayoría es el mantenimiento de la unión con el Reino Unido. Unión que, de nuevo, se basa en el libre consentimiento: "en consonancia [con la libre voluntad ciudadana] la situación de Irlanda del Norte como parte del Reino Unido refleja y se fundamenta sobre este deseo". Además, los dos estados se erigen en garantes del acuerdo al comprometerse a posibilitar normativa y legalmente que se haga realidad el deseo de una Irlanda unificada si así lo quieren los ciudadanos. También velarán por que, sea cual sea la situación final, los poderes del gobierno soberano sobre el territorio se ejerzan "de forma rigurosamente imparcial" y con respeto a todos los ciudadanos y las diversas tradiciones nacionales.

Irlandeses, británicos o ambas nacionalidades

Junto a la autodeterminación y el respeto a la mayoría como principio fundamental, el Acuerdo del Viernes Santo también regula la cuestión siempre controvertida de la futura nacionalidad de los ciudadanos del territorio con soberanía en disputa. Al respecto, el texto es muy claro (punto 1.vi). Así, todos los firmantes reconocerán "el derecho inalienable de todos los ciudadanos de Irlanda del Norte de identificarse y ser aceptados como irlandeses o británicos, o ambos"; "y, en consecuencia —añade— confirmarán que los dos Gobiernos aceptan el derecho de estos a poseer nacionalidad británica e irlandesa, extremo este que no se verá afectado por ninguna modificación del estatus político de Irlanda del Norte". Es decir, un ciudadano norirlandés podrá definirse como solo irlandés, como solamente británico o de las dos maneras, y tanto el Reino Unido como Irlanda lo garantizarán a todos los efectos.

Encaje y garantías constitucionales

Los gobiernos firmantes del Acuerdo del Viernes Santo también se comprometieron a reflejar los cambios que se produjeran en Irlanda del Norte tanto en la constitución de la República de Irlanda como en la legislación británica (punto 2). Además, también se concreta cómo aplicar el mandato de las urnas si la población decidiera separarse del Reino Unido y unirse al resto de Irlanda. Así, el anexo A. del acuerdo, referido a cláusulas y anexos a incorporar a las leyes del Reino Unido, establece en el primer punto que Irlanda del Norte "permanece en su totalidad como parte del Reino Unido" y no dejará de serlo "sin el consentimiento de la mayoría de los habitantes de Irlanda del Norte en votación celebrada con esta finalidad". En el punto 2, y ante la eventualidad de que la mayoría decidiera desvincularse del Reino Unido e incorporarse a una Irlanda unificada, se encarga al ministro de Irlanda del Norte presentar propuestas ante el Parlamento británico "que sirvan para dar expresión a estos deseos" en virtud de lo que acordaran los gobiernos británico e irlandés. El encaje constitucional de aquel acuerdo contrasta poderosamente con la negativa de todos los gobiernos españoles a abordar la cuestión de la autodeterminación de las "nacionalidades", la existencia de las cuales reconoce, sin nombrarlas, el artículo 2 de la vigente Constitución española.

El Acuerdo del Viernes Santo creó una Asamblea de Irlanda del Norte y un gobierno compartido por las dos comunidades; un consejo ministerial Norte-Sur, el primer ente conjunto de gobernación de toda la isla; un consejo británico-irlandés del que, además de los gobiernos de Londres y Dublín, son miembros los de Irlanda del Norte, Gales y Escocia —territorios en los cuales se aplicó globalmente la devolution o reforma territorial del gobierno Blair— así como las islas del Canal y la de Man; y, finalmente, una Conferencia Intergubernamental británico-irlandesa que vincula a los dos estados y las dos islas, Gran Bretaña e Irlanda. En definitiva, la solución del Viernes Santo reconfiguró la distribución del poder territorial, y, al fin y al cabo, las soberanías, en todo el espacio británico e irlandés.

Promoción de la lengua irlandesa

Por supuesto, el acuerdo incluye un apartado importantísimo sobre los derechos humanos y las convenciones internacionales, entre los que se incluyen cuestiones de carácter económico, sociales y culturales, y entre ellas la promoción de la lengua, el gaélico irlandés, que recientemente ha alcanzado el pleno estatus de lengua oficial europea. Un estatus que Junts y ERC han reclamado también para el catalán, el vasco y el gallego, en las negociaciones abiertas tras las elecciones del 23 de julio y que el gobierno español ya ha defendido, aunque la decisión se ha aplazado por las dudas de algunos países.

La entrega de las armas, la revisión del sistema de justicia penal y la liberación de presos completaron el histórico acuerdo. Todas las previsiones del pacto se sintetizan, finalmente, en un anexo general que compromete a los dos gobiernos estatales, el de Londres y el de Dublín, a implementarlo. En resumen, legitimidad de cualquier opción libremente ejercida por la mayoría, derecho de autodeterminación "sobre la base del consentimiento, libre y concurrentemente otorgado, por el Norte y el Sur a crear una Irlanda unida si así lo desean", mantenimiento en la actualidad de la Unión por el deseo de la mayoría...

Autodeterminación concurrente y referéndums

Los ciudadanos del norte y el sur de Irlanda fueron convocados para validar las consecuencias del Acuerdo del Viernes Santo en sendos referéndums. En Irlanda del Norte el sí ganó con un 71,12% frente a un 28,88% de no; y en la República de Irlanda un 94,39% de los votos fueron afirmativos y un 5,61% negativos. Así, la autodeterminación concurrente como piedra angular para encauzar el conflicto norirlandès se empezó a aplicar de manera inmediata. Y fue incorporada en el artículo 1 de la Northern Ireland Act de 1998, la ley británica que asume el acuerdo, así como en la Constitución irlandesa. El presidente Puigdemont, en su conferencia de Bruselas, no pidió la autodeterminación como condición sine qua non para que Junts dé su apoyo a un presidente español, pero sí que la situó como punto de llegada del acuerdo o compromiso histórico que propone a los poderes del Estado para resolver el conflicto político Catalunya-España.