Una nueva prueba resquebraja la acusación que mantiene la Fiscalía contra el abogado Gonzalo Boye. A ocho días del inicio del juicio, el tribunal de la Audiencia Nacional ha recibido un escrito del acusado Manuel Pedro González Rubio, el cual sostiene que los 889.620 euros que le decomisaron en el aeropuerto de Madrid en el 2017, no eran de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco y condenado por narcotráfico, sino de él. Esta es la primera versión que dio González Rubio y que después habría cambiado, junto con otros acusados, que indicaron que Miñanco quería tener este dinero en Colombia.
La Fiscalía pide 5 años y 9 meses de prisión para el penalista por el delito de blanqueo de capitales de Miñanco, pero si el dinero no es de él, la acusación tendría que decaer. También solicita para Boye, 4 años más de prisión por el delito de falsificación documental, al asegurar que hizo firmar a González Rubio documentación para acreditar que el dinero era suyo. Boye ha denunciado abiertamente, y en un documental, que la persecución que sufre es desde que defiende al president en el exilio, Carles Puigdemont, y a otros independentistas catalanes.
"El dinero era y es" de González Rubio
"El dinero era y es en realidad de Manuel Pedro González Rubio", afirma en el escrito dirigido a la Audiencia Nacional, la abogada del procesado. Además, pide que los 889.620 euros decomisados sean para pagar las indemnizaciones a tres agentes de la policía española, a los cuales disparó, en febrero de 2018, cuando fue detenido por esta causa. Este ofrecimiento se puede hacer hasta el inicio del juicio y sirve para pedir la atenuante de reparación del daño. La Fiscalía pide 42 años y 3 meses de prisión para González Rubio, y que indemnice a los agentes con 452 euros, al primero; 301 euros al segundo, y 15.376 euros al tercer agente, herido de bala en la clavícula y que le ha causado una incapacidad.
El juicio, contra 48 personas físicas y cinco jurídicas, se iniciará el 18 de noviembre en Madrid. El fiscal solicita 31 años y 6 meses de prisión para Miñanco, condenado en dos ocasiones por narcotráfico y que a pocos días de este juicio se le ha retirado el tercer grado. En la primera sesión, centrada en las cuestiones previas, la defensa de Boye podría pedir el archivo de la acusación contra él con esta afirmación de González Rubio.
El audio, primera prueba clave
No es la única prueba que Gonzalo Boye tiene para desmontar la acusación de la Fiscalía. Una de las pruebas presentadas y admitidas por la Audiencia Nacional es un audio que pone en duda que ayudó a blanquear dinero que Miñanco obtenía del narcotráfico. El audio fue grabado por Boye cuando hablaba con el abogado Jesús Miguel Prieto, el cual le admitió que Manuel Puentes Saavedra, a quien defendía, recibió la visita de agentes de la policía española a la prisión, y poco después cambió su declaración para incriminar al abogado de Carles Puigdemont en este procedimiento. Además, días después, Puentes Saavedra quedó en libertad, a pesar de ser acusado de un crimen a Colombia. La Fiscalía acusa a Puentes Saavedra de ser uno de los responsables de organizar los correos humanos para sacar dinero de Miñanco o de invertirlos en negocios para blanquearlos y le pide 10 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales y de falsificación documental.
Una tercera prueba exculpatoria, aportada por Boye, es una pericial de geolocalizadores de los móviles de los acusados para poner en duda una reunión entre ellos. En concreto, Manuel Puentes Saavedra y Manuel Pedro González Rubio aseguraron que junto con Sito Miñanco participaron en una reunión en el despacho de abogados de Boye, en Madrid, en febrero del 2017, para hablar de la recuperación de unos 889.620 euros intervenidos al aeropuerto de Barajas, utilizando contratos ficticios, de adquisición y venta de letras de cambio. No obstante, Boye asegura que esta reunión no se produjo nunca y lo demuestra con los metadatos de los dispositivos móviles y la geolocalización de determinados acusados.
Multas pagadas y la mitad devueltas
En el escrito de acusación, el fiscal recoge que Manuel González Rubio afirmó que el dinero es de su propiedad y lo llevaba para montar una empresa en Colombia, identificando en su empresa Complutun. Con todo, le resta credibilidad y asegura que en las reuniones previas de otros acusados para recuperar este dinero él no estaba, hecho -deduce el fiscal- que el dinero era de Miñanco. Se indica que durante la instrucción, en el 2020, González Rubio habría admitido que el dinero era del líder gallego y que lo transportaba él y familiares suyos a Colombia.
Ahora, en el nuevo escrito a la Audiencia Nacional, la abogada de González Rubio detalla que el 6 de febrero de 2017 la policía intervino en el aeropuerto de Barajas el dinero que tenía en diferentes maletas, junto con otros cuatro acusados (Adriana Moreno, y sus familiares Efren Moreno, José Luis Correa y Beatriz Correa), a quien la Fiscalía pide 5 años de prisión a cada a uno por blanqueo de capitales. Es dinero suyo, insiste. Por este dinero no declarado se iniciaron expedientes sancionadores, y finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó parcialmente sus recursos y acordó que se les devolviera la mitad del dinero que había pagado por las sanciones impuestas, ya que no pueden superar la cantidad decomisada.
En este sentido, la defensa de Boye insisten que este hecho ya ha sido castigado por la vía de lo contencioso-administrativo y que no se les puede perseguir lo mismo dos veces. Ahora, por la vía penal.