La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha aprobado por unanimidad eliminar el artículo 79 del Estatuto del Régimen de Gobierno Interno que recogía el privilegio de las licencias de edad para funcionarios de la Cámara, que permitía que trabajadores de más de 60 años y que llevaran más de 15 trabajando en el Parlament cobraran su sueldo sin trabajar. El artículo pues desaparece del régimen del Parlament, y ahora se abre un periodo hasta el 1 de abril de este año para encontrar una solución -mediante una negociación colectiva- para los trabajadores que actualmente están disfrutando de este privilegio o bien que lo habían solicitado.
La polémica estalló a mediados de enero cuando el diario Ara informó de este privilegio anómalo, una información que explicaba que se han pagado anualmente 1,7 millones de euros a funcionarios que no estaban trabajando en la Cámara. Entonces la Mesa del Parlament se comprometió a poner punto final en la medida, y lo hizo eliminando el artículo 79 de este régimen, una decisión que tenía que ser avalada a la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara, tal como se ha hecho este jueves.
Desde el año 2008
A raíz de este artículo que hoy se ha suprimido se acaba pues con el hecho de que el Parlament pagara a 21 funcionarios, que se habían acogido al régimen denominado "licencia por edad", que ha existido desde el 2008. Entre los trabajadores hay dos exsecretarios generales que cobran más de 10.000 euros en el mes. Los que cobran menos y que están en esta misma situación son los ujieres auxiliares, que cobran 3.800 euros mensuales.
Cuando estalló esta cuestión, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, mostró su rechazo, pero aseguró que tan pronto como tuvo constancia, se puso a trabajar para corregirla. Según Borràs, "antes de firmar la primera nómina pedí información sobre aquello que tenía que firmar, y me informaron de las licencias de edad". Al recibir esta información consideró que la figura de las licencias de edad era contraproducente e inició los trámites para cambiarla. Primero de todo se llevó a la Mesa del Parlameno reducir estas licencias de forma progresiva, pero la presión mediática y de la opinión pública acabó provocando la revocación inmediata mediante la supresión de este artículo del reglamento.
Debate
La Comisión se ha llevado a cabo sin mucha tensión en el debate. El diputado del PSC Ferran Pedret ha avisado a todos los grupos parlamentarios que no pueden decir que no sabían que existía la licencia porque, a su parecer, "queda acreditado que es virtualmente imposible que los grupos con representación durante la aprobación lo desconocieran". Desde ERC Jordina Freixenet ha dicho que la "mediatización" de la situación hizo "mucho daño" a los trabajadores del Parlament porque "los puso en la picota", y ha admitido que se habría tenido que actuar antes. Según la diputada de JxCat Glòria Freixa la Mesa del Parlament ya se había empezado a mover para iniciar una negociación interna para acabar con la licencia "hasta que la polémica salió en los diarios y empezaron las prisas".
Desde la CUP Dolors Sabater ha lamentado que el episodio haya dañado "profundamente" los trabajadores del Parlament, porque los ha llevado al descrédito. El diputado de los comuns Marc Parés también se ha referido al malestar de los trabajadores por la falta de negociación y ha pedido "que no vuelva a pasar". Parés ha celebrado que acabe "una situación de privilegio difícilmente comprensible".
Desde Vox Joan Garriga ha culpado todos los grupos con representación a la Mesa de no haber dicho nada. En el caso de Cs, su portavoz parlamentario, Nacho Martín Blanco, ha señalado ERC como "responsables políticos" de la aprobación de las licencias, y ha recordado que la luz verde al régimen se dio con Ernest Benach como presidente del Parlament.
Mejorar la transparencia
Fruto de esta polémica que hizo traquetear la imagen de la Cámara, se están trabajando medidas para mejorar la transparencia. La Mesa acordó que la vicepresidenta Assumpta Escarp trabajaría una propuesta, un documento que ya presentó y que incluye propuestas como el portal de transparencia sea más accesible, que el derecho de acceso a la información tenga una regulación propia, y como tiene que ser la composición del órgano de transparencia. Esta propuesta tenía que ser abordada por los grupos estas últimas semanas para trabajarla, pero entonces estalló toda la polémica por la retirada del escaño del diputado cupaire Pau Juvillà y todavía no se ha podido avanzar en esta cuestión.